## I. INTroDuCCiÓn E en constante expansión, es decir, la relación entre la ciencia histórica y el Estado de Derecho en Argentina. Constituye sobre todo un trabajo que continúa una investigación en curso. Ateniéndose al gobierno de Ricardo Raúl Alfonsín (1983-1989), se han desprendido diversas problematizaciones en cuanto al desarrollo científico en escenarios institucionales específicos (Sábato, 1996; Álvarez, 2006; García Moral, 2010; Goebels, 2013; Gárgano, 2015; Fares 2017 y Rodríguez 2017). Estudios pioneros de las últimas décadas, al recorrer los vínculos entre los cambiantes climas políticos y los elencos historiográficos, han revelado la tensa disputa por el control de los recursos públicos entre los productores culturales durante el siglo XX (Quattrocchi-Woisson, 1995; Sigal, 2002; Devoto y Pagano, 2009). Para el caso propuesto, una madura "historia de los intelectuales" implica acercarse a una historia de las culturas políticascon el fin de observar su incidencia en la disputa por las significaciones y el rol del Estado (Altamirano, 2013). Una vez iniciada a partir de 1982 la lenta transición hacia la apertura democrática, aún bajo la presidencia de facto del General Reynaldo Bignone, el sistema político argentino comenzó a transformarse mediante la reaparición de los partidos políticos tradicionales. Reclamaban entonces el principio de la soberanía popular considerado despojado legal e ilegítimamente en 1976 por parte de la dictadura cívicomilitar autodenominada "Proceso de Reorganización Nacional" (1976-1983). Las impugnaciones de la sociedad civil a la corporación castrense se agravaron tras un largo arrastre de cuestionamientos como la crisis financiera de 1981 y, sobre todo, la derrota militar de 1982 en las Islas Malvinas. Las presiones internacionales, exponiéndose las violaciones a los Derechos Humanos en los centros clandestinos, habían tornado inviable prolongar expectativas políticas de continuidad. Las elecciones generales celebradas el 30 de octubre de 1983 dejaron en primer lugar a la Unión Cívica Radical, con el $51,7\%$ de los votos, y, en segundo puesto, al Partido Justicialista con el $40,1\%$. Democracia se había convertido, finalmente, en un significante republicano entroncado en una ficción radiada por la propuesta refundacional del presidente recién electo Ricardo Alfonsín (Romero, 2011). Se antepuso democracia a dictadura o autoritarismo, a fin de lograr un consenso conceptual. Este proyecto político, surgido de las ruinas de la dictadura, pretendió sostenerse sobre una base dudosa de códigos políticos pluralistas con anclaje en tradiciones democráticas autóctonas1. Desde la perspectiva de las innovaciones, se introdujeron por vez primera en la agenda pública la violación a los Derechos Humanos comenzando a acelerarse los juicos a los principales responsables del Terrorismo de Estado. El rechazo general a las políticas represivas dictatoriales fundaba nuevas prácticas sobre una ciudadanía en construcción como promesa de un futuro promisorio. Asimismo, la cultura política alfonsinista permitió la normalización esperanzadora de un campo científico aspirando a modernizar especialmente los escenarios universitarios muy afectados durante la dictadura.[^2] En este sentido, Nora Pagano (Pagano, 2010) acuña el término de historiografía postransicional" y"reprofesionalización. Con ello hace referencia a las condiciones institucionales democráticas que, en efecto, posibilitaron una estandarización de la producción histórica académica con un anclaje profesional.[^6] En los estudios llevados a cabo sobre estas intervenciones, aún cabe profundizar y matizar el alcance de las remociones (Rojas, 2021).[^3] Tras el anticipo de elecciones democráticas, el alcance de las intervenciones alfonsinistas sobre los escenarios intelectuales no fue, desde luego, monolítico. Historiadores que integraban el Club de Cultura Socialista forjaron posiciones políticas sólidas y docentes asociados a la administración en retirada sufrieron cuestionamientos morales durante la transición. Las universidades de las provincias, en cambio, vivieron con ritmos distintos el proceso encontrando ejemplos de supervivencias notorios. En todos los casos, sin embargo, constituyó un desafío institucional la configuración de una "planta docente democrática". Los espacios curriculares se transformaron inmediatamente en fuentes incesantes de conflictos. Por disposición del gobierno nacional, los docentes e investigadores depuestos arbitrariamente durante el tercer gobierno peronista y la última dictadura militar debían recuperar la titularidad de las cátedras reconociéndose, asimismo, su antigüedad. La situación se complicaba en la medida que la apertura de los concursos no podía desplazar a la totalidad de los agentes preexistentes los cuales cargaban con el "estigma" de "hombres del Proceso". Sobre estas situaciones delicadas, los rectores designados desempeñaban una función política clave: cumplir con la expectativa del gobierno nacional, negociar con las elites universitarias y los docentes desplazados que exigían recuperar sus cátedras. No tardarían en modificarse los Planes de Estudio otorgándole a los centros de estudiantes un rol activo. El intento de recuperación material de las universidades se lograría a través de una Ley de financiamiento que le confería autonomía en la administración de los recursos. Otra institución intervenida fue el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas -en adelante CONICET-, es decir, el principal organismo científico del país de carácter público y, por ende, sensible a los cambios políticos. Se había realizado una auditoría permanente investigándose ilícitos producidos durante la última dictadura militar, en donde el mismo CONICET participaba como entidad querellante. El agente recientemente reincorporado Carlos Abeledo, designado director normalizador, fue un denunciante clave de los delitos ocurridos2. Los interrogantes que orientarán el análisis son los siguientes: ¿qué agentes resultaron perjudicados y beneficiados tras la recuperación democrática? ¿cuáles límites inmediatos debieron enfrentar las autoridades normalizadores y qué éxitos lograron llevar a cabo? ## II. Los Elencos Historiográficos DESPlAZadOS Dentro de los principales elencos que componen la historiografía argentina, en efecto, pueden destacarse en primer lugar sectores "tradicionalistas". Es decir, conforman grupos vinculados a diversas filiaciones ideológicas, principalmente el nacionalismo y el republicanismo conservador. Poseen la particularidad de estar asociados a redes intelectuales americanistas, las cuales se exteriorizan institucionalmente en las Juntas Provinciales de Historia y las academias nacionales, fundamentalmente la Academia Nacional de la Historia -en adelante ANH-. Estas asociaciones públicas ejercieron complicidades con la última dictadura militar participando en sus burocracias y legitimando culturalmente sus inclinaciones autoritarias (Rojas, 2021). El Interventor del CONICET, Carlos Abeledo, lamaría "élite decididamente antidemocrática" al sector que había tenido un protagonismo intelectual relevante durante la dictadura militar. La Academia Nacional de la Historia (ANH) intentó transitar el proceso de normalización alfonsinista manteniéndose, en lo posible, al margen. No obstante, fue objeto de arduas acusaciones al igual que otras instituciones. En los periódicos La Nación y La Razón, sin embargo, se encuentran publicaciones de 1985 con extractos de una carta efectuada por docentes universitarios reincorporados, habiendo compartido el exilio o el insilio, denunciando "una reflexión crítica" acerca del colaboracionismo de la ANH con las políticas culturales conservadoras. En esta ocasión, escritores y científicos como León Pomer, Eduardo Saguier, Alberto Rex González, Leonardo Paso, Osvaldo Bayer, Mario Rapoport, David Viñas, Oscar Terán, Iván Hernández Larguía, Marta Bonaudo y Germán Fernández Guizzetti, criticaron con bastante posterioridad el dictamen de la ANH acerca del anteproyecto de la Ley General de Educación aprobado a instancias de Edmundo Correas, José Mariluz Urquijo, Carlos Segreti y Andrés R. Allende. En La Nación, bajo el título "Profesores critican un dictamen", se publicaron fragmentos de la carta solicitando que se "(...) subsane aunque sea parcialmente los daños y perjuicios ocasionados a los derechos humanos, al contenido científico y humanista de la docencia argentina y a la credibilidad, prestigio, competencia y autonomía de las academias nacionales" (La Nación, 04/08/1985). Afirmaron los denunciantes que "....) refrendaba la práctica de un oscurantismo que, como es sabido, generó en ese entonces, en muchos lugares del país, la eliminación y subestimación de la enseñanza de la sociología, la antropología, y la psicología, así como la deformación de otras ciencias" (La Razón, 14/08/1985). Otro extracto, en La Razón, revela esta crítica: "Cuando la entidad señala, en mayo de 1980 que, la educación debe proponerse aceptar el orden vigente sustentado en el orden jurídico, estaba, en ese momento, implícita o tácitamente, convocando a la docencia argentina a acatar la Doctrina de la Seguridad Nacional y, contradiciéndose a sí misma al subordinar nuestra Constitución a las Actas Institucionales y el Estatuto del llamado Proceso de Reorganización Nacional" (La Razón, 14/08/1985). La carta denunciante manifestaba, al respecto, el sensible clima político mediante la referencia explícita a los Derechos Humanos violentados. Estos agentes intentaban demarcar su lugar ético-político para identificar en el adversario el rol "oscurantista". El punto más polémico del dictamen de la ANH refería a "renunciar a la neutralidad ideológica", fundándose en el orden cristiano y occidental. La defensa del pluralismo ideológico era vital en el proceso liberal progresista abierto en 1983. Sin embargo, la ANH nunca contestó distanciándose de posibles confrontaciones. Su presidente, Enrique Mariano Barba, todavía mantenía lazos frecuentes con referentes del oficialismo. No puede dejarse de destacar que el involucramiento político del anciano historiador durante la transición democrática fue inmediato apoyando al gobierno de Alfonsín. El prestigio de su figura no había sufrido serias modificaciones presenciando en esta etapa actos públicos, conferencias, operando como gestor con autoridades públicas. Quizá desde otro lugar, la historiadora cercana y protegida en anteriores ocasiones por Barba, Hebe Clementi, representaría el caso de una intelectual filoradical quien demostraría un compromiso más orgánico que partidario con la figura presidencial: integraba el Centro de Participación Política (CPP), siendo además funcionaria en la Secretaría de Cultura en calidad de Directora del Museo Roca y la Dirección Nacional del Libro (Gregorich, 2006:p.24). De modo equivalente, procedió Félix Luna posicionándose al frente de la Secretaría de Cultura porteña, entre 1986 y 1989. El recambio de autoridades en las instituciones y dependencias públicas beneficiaron a Barba consagrándose como Director del Archivo General de la Nación en 1984. Puede considerarse más bien que ejercía un rol político, semejante al del Director de la Biblioteca Nacional, protagonizando eventos públicos y enlaces culturales con otras instituciones tanto nacionales como internacionales. No se encuentra una "impronta de Barba" dentro de esta institución en el sentido que no se produjeron grandes reformas. En sintonía a la apertura democrática, en efecto, decidió levantar la consulta sobre fondos documentales que durante el "Proceso" se consideraban peligrosos como los referidos al conflicto territorial con Chile. También se privilegiaron tareas de organización, clasificación y descripción fichada faltante (Swiderski, 1994:p.25). Las consagraciones no se detuvieron allí pues, en 1984, recibió el Premio Kónex por su "contribución a la Historia". Desde la dirección del Archivo General de la Nación, Barba había comenzado a construir vínculos con historiadores americanos y españoles anticipándose a la Conmemoración del Quinto Centenario del Descubrimiento de América, cuyas repercusiones desencontradas comenzaban a gestar divisiones en la opinión pública3. Si bien las tareas de asesoramiento al poder público continuaban vigentes, resulta notable un retroceso en cuanto a la presencia pública de la ANH. Es posible encontrar en el Boletín preocupaciones en cuanto a este punto en particular que aumentan a partir de 1983. Por problemas financieros, se sugirió que peligraría la realización de los Congresos de Historia Argentina y Regional. Barba se pronunció al respecto, asegurando "(...) nos queda la sensación de que el año pasado se ha publicado muy poco" (Barba, 1984, p.112). Efectivamente, bajo este nuevo escenario se destacó el impacto débil de los congresos celebrados en las provincias. No desaparecerían, por cierto, pero se limitarían a eventos de escasa trascendencia: confinados en Córdoba, Neuquén y La Rioja, además de otras provincias, no congregaron a un público renovado. Este debilitamiento correspondía a nuevos paradigmas culturales y un nuevo direccionamiento en la financiación. Las intervenciones estatales modificaron los tradicionales equilibrios de poder, la relación entre la ciudadanía y el espacio público, dimensiones simbólicas presentes en los habitus, peligrando el tradicional financiamiento público de la corporación. Se había puesto al servicio de productores culturales el Fondo Nacional de las Artes otorgando créditos, subsidios tanto a artistas como instituciones, y se terminó la construcción de la Biblioteca Nacional nombrando a Gregorio Weinberg como su Director. Los balances presupuestarios y distribución de recursos no son ajenos a las nuevas fuerzas sociales que disputaron el control de las políticas culturales. Pese a destacadas supervivencias en distintos estratos de poder, el gobierno de Alfonsín parecía inclinarse hacia liberales progresistas como cuadros oportunos donde depositar cierta confianza política desde la cual esgrimir su propia batalla cultural Sin embargo, no es correcto avizorar una influencia extendida de estos intelectuales a todas las esferas del gobierno, sino en funcionarios claves de la gestión prevaleciendo, o coexistiendo, con otras figuras disímiles que compartían únicamente la adhesión al "Pacto democrático"4. Otros colaboradores eran Carlos Gorostiza, Manuel Antín, Teresa Anchorena, Guillermo Whitelow, Mario O'Donnell y Osvaldo Giesso. Desde el inicio de la gestión radical, el Congreso Pedagógico se había constituido en una clara renovación introduciendo discusiones y temáticas novedosas. Se realizaron informes críticos elaborando diagnósticos de los distintos niveles educativos. No se puede dejar de señalar la pérdida de la Universidad de Buenos Aires como bastión preciado de las redes historiográficas tradicionalistas. El Instituto de Investigaciones "Dr. Ricardo Levene", por una resolución rectoral de autoridades normalizadora, había sido fusionado en 1984 con otras unidades en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales "Ambrosio Lucas Gioja". Aunque se insistía en concentrar para evitar la "dispersión", muchos docentes estables en el "Proceso" afirmaron persecuciones políticas. La colonización intrépida de esta universidad, por parte de historiadores promotores de la "Nueva Historia", se reflejó mejor en la Facultad de Filosofía y Leras en las cátedras de Historia Argentina y sobre todo en la caja de resonancia que había sido hasta entonces el Instituto de Historia Argentina y Americana "Dr. Emilio Ravignani". Tras la normalización, en 1984 había sido designado como su director Eduardo Saguier y, en 1986, José Carlos Chiaramonte. Formaba parte de un caso excepcional dado que los institutos americanistas continuaban controlados por agentes tradicionales, mientras que esta situación intentaba ser contrarrestada en distintas universidades mediante la creación de nuevos centros irradiadores de la "historia social". Entre las figuras que comenzaron a recibir cuestionamientos, se destaca un historiador protagónico durante la dictadura: Ernesto Joaquín Antonio Maeder. Fue recibido protocolarmente en la ANH por un conservador muy familiar a sus intereses: el católico de derecha Horacio Cuccorese. Merece detenerse un poco en el llamativo discurso de Cuccorese (Cuccorese, 1986), en el cual acepta con resquemor, citando a Juan Pablo Il y los clásicos latinos, el giro de paradigmas historiográficos y una "crisis de unidad cultural": ¿Cuáles son los méritos del Dr. Maeder para haber sido seleccionado para colaborar en el engrandecimiento de la Academia? (...) Pero antes de rememorarlos, los invito a que reflexionemos sobre los tiempos difíciles en que transcurre nuestra existencia. Hay conciencia formada de que está en crisis nuestra historiografía (.....) Vivimos en tiempos de pasiones, en los que se quiere dirigir la proa de la nave de la historia hacia desembarcaderos prefijados por la ideología política (...) Hoy se cree que para que para ser un buen historiador moderno se debe pertenecer a la "escuela de los annales", o la "escuela del materialismo histórico" o la "escuela estructuralista", o la "escuela cuantitivista", o la "escuela de Berkeley". Es decir, el historiador de la llamada "Nueva Historia", tiene que ser un científico especializado en distintas disciplinas (pp. 121-122). Es notable la identificación de la "Historia social" con "ideología". Asimismo, expresaba una percepción de lo que, razonablemente, entendía como un desplazamiento intelectual. No sería prudente de todas maneras extender estas impresiones a la totalidad de la ANH y sus respectivas redes historiográficas. En parte, la aversión nacía como respuesta al carácter refundacional de la "Nueva Historia", su pretensión superadora y despectiva. Dentro de esta nueva configuración científica, las opciones tradicionalistas y sin variaciones tenían un lugar ínfimo y funcionalmente asociado a operaciones anacrónicas: los controles de calidad no permitían citar a León XIII, así como tampoco refugiarse sobre una "autarquía teórica". El catolicismo militante había sido un rasgo generalizado dentro del cuerpo de académico. La Comisión Editorial del Boletín toleraba alegatos religiosos que coexistían con investigaciones científicas. Maeder (Maeder, 1986) había publicado allí un artículo donde describía la biografía del jesuita "santo criollo" y "mártir" Roque González de Santa Cruz, destacando su santificación por el pontífice Juan Pablo I: "(....) su beatificación en 1934 por el cual la Iglesia reconoció sus virtudes eximias y su vida ejemplar, ahora se lo propone como modelo para toda la cristiandad" (p. 373). Historiadores que a partir de 1983 contaban con apoyo del gobierno nacional, como el caso de Luis Alberto Romero, cumplirán un papel institucional marcado por un redireccionamiento del estímulo financiero modificando, en efecto, la legitimidad científica. Al trascenderse desviaciones de fondos e irregularidades durante la dictadura, se realizó por orden judicial una investigación en colaboración con el Ministro de Educación de la Nación que culminó en una publicación tardía llamada Informe sobre investigaciones de hechos ocurridos en el CoNiCET, 1976-1983 (1989). Producto de este informe se disolverían numerosas fundaciones. El Ministro Carlos Alconada Aramburú, mediante la Resolución N° 2363185, las erradicó alegando lo siguiente: Que la utilización de las personas jurídicas como meras instrumentalidades, con fines desviados, ilegítimos, excede el marco para el cual han sido creadas. Estando facultado el Poder Administrador, quien las autorizó a funcionar, a hacer cesar dicha autorización en supuestos como los examinados en esta Resolución (como la doctrina del arto 48 Cód. Civ. y la ley No 19.550). Que los actos desacreditados en estos considerandos son Irritos al sistema jurídico, por vulnerar principios de juridicidad esenciales. Que ha quedado demostrado que SENOC. OIKOS y FADES fueron utilizadas fuera del marco legal de sus constituciones, contrariando manifiestamente los fines para los que fueron creadas" (Informe sobre investigaciones de hechos ocurridos en el CONICET, período 76-83, 1989:p.24). Las fundaciones e institutos estuvieron en el ojo de las sospechas una vez retiradas las fuerzas represivas y revisadas las canalizaciones de fondos. La intervención del CONICET, en 1984, ocurrió con un fuerte contenido impugnador de viejas prácticas. Carlos Abeledo había puesto su sospecha especialmente en los institutos creados en el Interior. De acuerdo al Informe sobre Investigaciones de hechos ocurridos en el CONICET. 1976-1983 (1989), se anunciaba el siguiente agraviante: (.) el gobierno de la institución pasó a un reducido grupo de administrativos, mientras que los científicos perdieron el control; que ese grupo poseía, en realidad, la suma del poder; que en virtud de ello habían constituido una serie de fundaciones privadas a las que, a través de subsidios, se derivaban importantes sumas de dinero, transformando fondos públicos en privados (Informe sobre investigaciones de hechos ocurridos en el CÒNICET, período 76-83, 1989: p.8). Lasas denuncias afectaban al lIGHI (Instituto de Investigaciones Geohistóricas) y el CERNEA (Centro de Estudios Regionales del Nordeste Argentino), entre otros. La mirada crítica de las comisiones enviadas por el Poder Judicial y el CONICET, recaían naturalmente sobre la vinculación entre las entidades sin fines de lucro y los institutos. Figuras pertenecientes o cercanas a la "Nueva Historia" procedieron en varias oportunidades a realizar inspecciones a los institutos financiados por el CoNICET que habían florecido durante la dictadura. Tales operaciones no ocultaban el objetivo de cerrar aquellas unidades académicas. No resulta llamativo que, producto de estas políticas, se haya denunciado cierta "persecución" entre los investigadores desplazados. El Informe documental. Destrucción de equipos de investigación y persecución a científicos (1988), elaborado a instancias del Comité Argentino Contra la Discriminación entre los Investigadores, derivó en la cesantía de sus principales redactores. En este informe se describe particularmente cómo José Carlos Chiaramonte había inspeccionado el Instituto de Investigaciones Geohistóricas, José Luis Romero el Centro de Estudios Interdisciplinarios de Fronteras Argentinas y Waldo Ansaldi el Instituto Bibliográfico Antonio Zinny. Sólo el primer instituto salió ileso debido a su abundante productividad. El segundo fue acusado de "nacionalismo extremo" y el último de estar desfasado científicamente. Por supuesto, Maeder figuraba entre los "privilegiados" por los altos subsidios brindados y la dotación bienes que obtuvo el Instituto de Investigaciones Geohistóricas (IIGHI) creado durante la dictadura militar. En sus memorias, el historiador mencionaba el Informe confirmando el impacto debido a su elevada exposición pública al punto de trascender en la prensa, la Cámara de Diputados encargada de exigir informes, choque de posiciones denunciando persecuciones, etc. convalidando una imagen negativa en la sociedad. Debió explicar que el gobernador de facto, Antonio Serrano, le había donado por propia voluntad un terreno baldío para la edificación del IIGHI, entendiendo que este vínculo no había significado una cuestión punitiva. El mismo CONICET lo había denunciado y debió asegurarse una buena defensa jurídica. Sin duda, el trasfondo de las sospechas recaían sobre el compromiso político de Maeder con las autoridades del "Proceso". El Secretario ejecutivo del CONICET, Héctor Ciapuscio, le comunicó una resolución por la cual se le disponía un sumario administrativo involucrando al Tribunal de Cuentas y las denuncias de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas de la Justicia Federal. ¿Qué implicaciones tenía FUNDANORD según el Informe? Hacía hincapié en el extraordinario incremento de activos de la fundación con fondos del CONICET, derivados incluso antes de la obtención de la personería jurídica. Quedaba constatada la siguiente acusación probada: Ahora bien, ha quedado demostrado en la pericia penal practicada cuál fue el destino de los fondos que FUNDANORD recibió en ése su primer ejercicio: el $67\%$ utilizado en inversiones financieras, el $18\%$ en gastos de proyectos de investigación y el $15\%$ restante fue empleado en la compra de un Ford Falcon 0 km. (.....) Como en los otros casos expuestos, FUNDANORD se apropió de las rentas [financieras] generadas (Informe sobre investigaciones de hechos ocurridos en el CoNiCET, período 76-83, 1989:pp.28-29). El historiador no pudo ser objeto de un proceso judicial -pues había demostrado que no hubo enriquecimiento individual-, pese a que fue imposible negar su carácter privilegiado en la provisión de recursos dado sus excelentes vínculos con las autoridades del CONICET y las de factoLas tensiones entre las comisiones del CONICET generaron que el historiador Armando Bazán (Informe documental. Destrucción de equipos de investigación y persecución a científicos, 1988) presentara su renuncia a la Comisión Asesora en Historia y Antropología en 1987 exponiendo que "(......) se fue perfilando en la nueva conducción un criterio excluyente y dogmático (.....) los somete a premisas teórico-metodológicas sustentadas por cierta escuela historiográfica en determinada etapa de desarrollo. Concretamente, me refiero a la escuela de Annaes" (p.400). No en vano, gran parte de estos elencos tradicionalistas buscaron refugio en las universidades privadas. Parte de las Jornadas del Comité Internacionales de Ciencias Históricas se habían llevado a cabo en la Universidad Católica de Buenos Aires orquestadas por Roberto Cortés Conde. La ciencia y la devoción religiosa podían ir unidas en concordancia a las "tradiciones argentinas" más valoradas por la historia erudita. También estaban a salvo de los fuertes embates del progresismo laicista en la disputa cultural el cual identificaba, con bastante frecuencia, al catolicismo con las rémoras del pasado y el autoritarismo. Las casas de estudios privadas habían congregado a reconocidos historiadores de la ANH y casi todos miembros de número, a la vez, de la Junta de Historia Eclesiástica: Víctor Tau Anzoátegui, José Mariluz Urquijo, Aarmando Bazán, Daisi Rípodas Ardanaz, Miguel Angel de Marco, Carlos García Belnsunce, Abelardo Levaggi y María Sáenz Quesada. Más recientemente, desde 1991 la Universidad Austral2 comenzó a asegurar una notable participación e integración de agentes conservadores. La ANH compartió con esta institución a los historiadores Eduardo Martiré, Susana Frías y Miguel de Asúa. Las vicisitudes políticas de 1989 -la derrota del gobierno nacional en manos del peronismo- trajeron aparejado cambios dentro del CONICET. Carlos Abeledo dejó de presidir la presidencia, orientándose a apoyar programas científicos entre países sudamericanos. Los grupos marginados entre 1983 y 1989 recuperaron cierto protagonismo. Nada mejor lo refleja la nueva puesta en circulación con apoyo del organismo de la revista Nuestra Historia, impulsada por veteranos católicos derechistas de la Comisión de Historia y Antropología del "Proceso". Airoso tras el cese de los procesos judiciales, Maeder en 1992 volvería a ser designado para integrar la Comisión de Historia y Antropología y la Junta de Calificación y Promoción. ## III. Los "Hombres Nuevos": La CONSAGRACIÓN DE lOS HISTOrIADORES SOCialES Desde un comienzo, el presidente Ricardo Alfonsín exhibía un círculo de confianza intelectual contrario a gobierno de facto en retirada. La extracción ideológica de estos elencos no era uniforme. El Centro de Investigaciones sobre el Estado y la Administración (CISEA) le proveyó cuadros técnicos calves tales como Dante Caputo, Jorge Sábato, Enrique Groisman y Jorge Roulet. Inmediatamente después, Alfonsín había logrado el apoyo del sociólogo y asesor de empresarios, Meyer Goodbar, quien congregó a colaboradores de distintas disciplinas como los sociólogos Gabriel Kessler, Claudia Hilb, Juan Carlos Portantiero, Emilio de Ipola y Daniel Lutzky, entre otros. Distintas agrupaciones como el "Grupo Esmeralda", "Punto de Vista" o "Club de Cultura Socialista", asesoraron intelectualmente al Poder Ejecutivo, siendo parte íntima en muchos casos de la construcción discursiva del "Pacto democrático". La reorganización de las universidades y el CONICET, había activado una política tendiente a la construcción de un campo científico que comenzaba a desarrollar sus propias redes a partir del forjamiento de enclaves institucionales (Romero, 1996: p.92). El presidente Alfonsín dispuso finalmente, mediante el Decreto N°154/83, establecer "un régimen provisorio de normalización" en todas las universidades nacionales. En este sentido, se reinstalaron los estatutos interrumpidos por la intervención de 1966 defendiéndose, en efecto, los principios básicos reformistas. El envío de rectores interinos con el objetivo de "normalizar" a las casas de estudios, en el plazo de ciento ochenta días, significó un embarazoso proceso de imposiciones y negociaciones entre actores. Los resultados fueron muy dispares en distintos centros universitarios y escenarios intelectuales del país, si se tiene en cuenta el impacto del discurso renovador oficial. En cada universidad, el Consejo Superior Provisorio designaba colaboradores directos quienes, a su vez, investían legalmente a decanos normalizadores con atribuciones que ejecutaban conforme a las metas del propio Consejo y sus propios criterios. Tenían las facultades de convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias mediante un Consejo académico normalizador consultivo, la coordinación de las actividades, la conducción administrativa y, en especial, el tratamiento definitivo de los recursos humanos. En este último punto resultaron cruciales los concursos, designaciones, remociones y reducciones del cargo a docentes con fuerza legal (Buchbinder, 2005 p.214). Nuevos agentes, con capacidad para acumular capital intelectual, pretendían la hegemonía científica de las casas de estudios. El control de la financiación era vital para competir eficientemente, imponiendo un paradigma cognitivo y estético exteriorizándose en el éxito de proyectos tales como Inmigrantes y política en Buenos Aires, 1862-1880 -dirigido por Hilda Sábato y Los sectores populares de Buenos Aires, 1860-1940 dirigido por Luis Alberto Romero—. El Rector, Francisco Delich, había facilitado la renovación apoyando la inserción de estos historiadores. Esto se advierte en el plantel del Centro de Estudios Avanzados. En exacta sintonía, en 1985 numerosos investigadores de la Facultad de Ciencias Económicas fundaron el Instituto de Investigaciones de Historia Económica y Social, dirigido por Mario Rappoport. Estos docentes se incorporaron, desde 1985, en la carrera de investigador dentro de CONICET ocupando las comisiones con gran dinamismo durante la década de 1980, contrarrestando el peso de investigadores jerarquizados en las últimas décadas6. La hábil canalización de recursos y el carácter refundacional historiográfico identificado en la "Nueva Historia", permitió el acercamiento de jóvenes aspirantes, engrosando el campo bajo esta matriz moderna, en parte atraídos quizá por la seguridad de una garantía de aval económico para sus trayectorias futuras. Podía aprovecharse el cambio en la financiación que, hasta hacía pocos años, recaía sobre entidades periféricas con respecto a las universidades. Ahora el Estado nacional -a partir del CONICET, FOMEC-SECYT, etc.- apoyaba directamente a proyectos de investigación de las casas de estudios nacionales. En la Universidad de Buenos Aires, el esquema maniqueo Democracia/Dictadura había sido aplicado con bastante frecuencia. Luis Alberto Romero (Romero, 2010) reconoce, en la transición democrática, un punto de inflexión clave donde algunos paradigmas podían imponerse sobre otros: El cambio político de 1983 trajo novedades institucionales importantes. El nuevo ciclo fue propicio para la historia social, a juzgar por el número de cátedras universitarias que se crearon. Se trató siempre de cursos propedéuticos, en los que "historia social" era casi sinónimo de "historia". En ellos se afirmaba el lugar, quizá simplemente didáctico, donde se podía enseñar acerca del conjunto, antes de desarmarlo y deconstruirlo (p.102). La situación parecía complejizarse como consecuencia de ciertos concursos, efectuados entre 1982 y 1983, sumándose la instrumentalización de las posteriores leyes del radicalismo de 1984, como la Ley $N ^ { \mathrm { o } } 23.068$, previendo que serían revisados las intervenciones arbitrarias con aparente fuerza legal. Del mismo modo, comenzó a imperar desde 1984 la Ley N°23.115, o "Ley Stubrin", la cual intentaba anular los concursos durante regímenes de facto. Luis De Diego sostiene que las reincorporaciones no fueron directas sino generalmente mediante la revisión de tales concursos considerados ilegítimos (De Diego, 2007:pp.49-52). Cada universidad tenía la capacidad de aplicar los elementos jurídicos señalados admitiendo una serie de matices y excepcionalidades. La modificación parcial de las plantas docentes impulsando el requisito mínimo de un $51\%$ del claustro concursado, por supuesto, implicó durante varios años cuestionamientos y protestas docentes como estudiantiles. El gobierno nacional, por su parte, consideraba un diagnóstico negativo sobre el estado de las universidades. Entre las principales causas se identificaban, según Pablo Buchbinder, a la formación profesional, las orientaciones acentuadas, el deterioro de las condiciones infraestructurales y presupuestarias para atender a la masificación (Buchbinder, 2005: p.215). Los cambios fueron inmediatos incrementándose la matrícula desde 1984 -debido a la supresión de las restricciones sobre el ingreso-, efectivizándose además quince mil concursos. De acuerdo a Cinthia Wanschelbaum "(.....) se consideraba que su estructura respondía a un modelo de universidad "estática" con características anacrónicas y estancadas e incapaz de desarrollar concepciones propias" (Wanscehlbaum, 2014). Los profesionales cesanteados estaban dispuestos a acceder a los beneficios otorgados por la gestión de Alfonsín, restaurándose sus cátedras y la antigüedad docente. Los docentes que habían permanecido vigentes durante el "Proceso" reclamaban la revalidación de sus designaciones. Naturalmente, esta medida exigía un desafío político muy exigente para las autoridades interinas, debiendo aplicar excepcionalidades e interviniendo bajo la presión de múltiples factores. La apertura hacia una política participativa, en efecto, abrió el protagonismo a sujetos considerados pasivos hasta hace algunos años como los estudiantes. A partir de 1983, comenzaban a organizarse conformando centros estudiantiles y agrupaciones partidarias. La Franja Morada se había destacado aprovechando la popularidad inicial del gobierno y la devastación de organizaciones bajo la dictadura. Por supuesto que las universidades nacionales expresaronparticularidades,destacándose la Universidad de Buenos Aires por llevar la delantera en la renovación del claustro docente, mientras que en la mayoría de las universidades interioranas prevalecieron las continuidades sobre las expectativas de recambio. El desarrollo de la Universidad de Luján es excepcional: su recuperación en democracia luego de haber sido clausurada completamente permitió la instalación de historiadores renovadores aprovechando el espacio en constitución. Escasos docentes, comparativamente desde 1984, abandonarían sus cátedras, en parte, por haber sido agentes involucrados o adaptativos que sostenían un cursus honorum aceptable y, también, porque negociaron o se subsumieron a las reglas de juego impuestas por los interventores. Como caso colmado de moderaciones políticas, la Universidad Nacional de Córdoba experimentó una continuidad de viejas tradiciones con la reincorporación del personal cesanteado. La Facultad de Filosofía y Humanidad contó con un decano normalizador perteneciente nada menos que a la ANH: Carlos Segreti. Durante su breve gestión, se realizaron los concursos prometidos permitiendo que participaran docentes jerarquizados durante la dictadura generando revuelo entre las organizaciones estudiantiles. Como en otros casos el empleo de cátedras paralelas sirvió para no afectar a los intereses del personal comprometido. La Universidad Nacional de Cuyo conservaba en la década de 1980 un perfil sin demasiadas modificaciones sobre su reciente pasado filodictatorial. En 1984, había sido designada Decana normalizadora de la Facultad de Filosofía y Letras la especialista en educación Elia Bianchi de Zizzias, cuadro técnico su vez del radicalismo, propinando los concursos y reparaciones necesarias como la reincorporación del personal cesanteado. El apoyo del presidente Alfonsín a la Universidad Nacional de Cuyo le permitió la creación de la Facultad de Ciencias de la Educación y la Facultad de Derecho, muy estrechas a la Facultad de Filosofía y Letras, compartiendo parte del personal. Pero los institutos americanistas -el Instituto de Historia Argentina y Americana, por ejemplo, controlados por miembros de la ANH como Oscar Acevedo y luego Edmundo Correas- permanecieron bajo la órbita de agentes conservadores e hispanistas venales quienes, a su vez, formaban parte de la Junta Provincial de Historia. Grandes protagonistas de la dictadura, como los rectores interinos entre 1976 y 1983, Pedro Santos Martínez y Enrique Zuleta Álvarez, continuaron en sus cátedras sin inconvenientes. Un activo investigador filomilitar, Fermín Comadrán Ruiz, fue Consejero titular del Claustro Docente entre 1985 y 1986, jubilándose como Profesor Emérito e ingresando a la ANH en 1991. Al igual que en el resto de las universidades, el florecimiento de Centros avanzó hacia nuevas líneas interpretativas pero terminarían subsumidos temporalmente a éstos. Heredero modernizado, en cierto modo, del belicista Centro de Estudios Interdisciplinarios de Fronteras Argentinas, el Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales (1994) se asociaría rápidamente a CoNiCET, mientras que el Instituto Argentino de Estudios Constitucionales y Políticos (1981) conservaría vigencia ligado a universidades y el Estado provincial (Martín de Codoni, 2003: pp.134-136). Destacándose como excepción, la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, de la mano de del Decano normalizador, Fernando Prieto, había abrazado un proceso más abarcativo que implicó la renovación de claustros y contenidos habiendo logrado, inclusive, reincorporar a docentes renunciantes durante el golpe de Estado de 1966. La experiencia de la recuperación democrática en la Facultad de Humanidades y Artes en Rosario es la más alentadora del espacio interiorano argentino: la tarea asumida como "refundacional" recayó enteramente en agentes renovadores que volvían principalmente del exilio e insilio como Alberto Pla, Eduardo Hourcade y Marta Bonaudo. Como estrategia impulsaron del Plan de Estudios de 1985, el cual había incorporado cátedras paralelas y seminarios encarando un diseño moderno historiográfico. La añoranza de recuperación de "los viejos maestros", la "Escuela dorada de los '60" y la historia social, fueron los ejes vitales del proyecto político-historiográfico. Las "metodologías", al igual que otros resabios americanistas, fueron anulados erigiéndose la cátedra Historia Social. Sin embargo, las VII Jornadas de Historia Económica fueron compartidas con parte del elenco de la Asociación Argentina de Historia Económica, es decir, investigadores del pasado reciente con los cuales compartían la modernización (Pisano, 2017:pp.13-33). La provincia de Santa Fe representaba un territorio donde la ANH poseía un débil anclaje'. Pese a los esfuerzos mancomunados entre docentes y estudiantes, la Universidad Nacional de La Plata experimentó estrictas permanencias. Habiendo sufrido con violencia extrema el "Proceso", la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación presentaba una planta docente compuesta por numerosos discípulos de los referentes de la "Escuela Histórica de La Plata". Como en este trabajo se ha señalado, la mayoría de los mismos atravesaron sin dificultades mayores la etapa del "oscurantismo", permaneciendo activos durante la transición normalizadora ratificándose en sus cargos mediante concursos y confirmaciones. En casi todos los casos, resultaba difícil cuestionar su idoneidad profesional, pese a reproches éticos-políticos de algunos adversarios locales. Su entronque tradicionalista con el locus reforzaba una identificación institucional con la casa de estudios. Recién llegado de su exilio en Bolivia, en 1984, José Panettieri se había convertido en Decano normalizador y fue reelegido en su cargo por dos períodos consecutivos entre 1986 y 1992 (Flier, 2012: p.202). Su gestión se inspiraba en el espíritu de la renovación general. Con la difícil tarea de encaminar institucionalmente la universidad, aceptó la inclusión de la red historiográfica conformada por los principales discípulos de Barba, de la cual no puede afirmarse que fuese ajeno completamente a los intereses de este sector®. Como bien recuerda Noemí Girbal de Blacha (Girbal de Blacha, 2014): Más allá del tiempo transcurrido bajo regímenes autoritarios, la ciencia argentina se recuperaba de la mano de aquellos científicos que habían trabajado en el país, aun con limitaciones, y de quienes retornaban a la Argentina con sus experiencias y las cargas emotivas del exilio. La reconstrucción universitaria no sería sencilla y tampoco lo sería superar los rencores heredados de los "años de plomo"(p.52). Aunque existen casos concretos de colaboración entre las distintas líneas de investigación intersectoriales, es apreciable de todas maneras diferencias con el "núcleo duro" platense demarcándose sociabilidades bifurcadas: mientras que los retoños herederos en cierta medida de la "Escuela Histórica de La Plata" se encargaban de la dirección del Instituto de Historia Argentina y Americana "Dr. Ricardo Levene", presidido por Fernando Barba, el Centro de Estudios Históricos Rurales, destacándole allí la dirección de Girbal de Blacha, o el Centro de Estudios de Historia Americana Colonial, cuyo fundador había sido Carlos Mayo, José Panettieri avanzó en 1987 activando el Centro de Investigaciones Socio Históricas (CISH). El CISH tuvo la particularidad, para diferenciarse de otras instituciones, de asumir una preferencia no totalmente especializada hacia la historia contemporánea. Asimismo, la historia social pretendida por el CiSH buscaba filiaciones intelectuales con la década de 1960. El impacto renovador penetró en esta institución con equipos de investigación multidisciplinares dirigidos por Alfredo Pucciarelli y Ricardo Rivas quienes desde la década de 1970 se distinguieron como referentes de un "Nuevo humanismo". Los tribunales de tesis doctorales transparentan las diferencias en su conformación sectaria. El propio impulsor Panettieri moldearía el CISH. Observando la producción intelectual, se aprecia que el Comité Editorial se encaminaba en el mismo sentido del proyecto emergente de la Universidad de Buenos Aires. Nada menos que L.A. Romero integraba el Comité Editorial. Las nuevas izquierdas moderadas eran permeables a este grupo, cautivadas por las indagaciones de supuestos proyectos latinoamericanos de resistencia y las estructuras de la desigualdad. De todos modos, la producción de J.Panettieri no fue prolífica en tanto su activismo político consumió su trayectoria académica. ## IV. CONclusIóN La legitimación de nuevas interpretaciones y prácticas, pese a su carácter refundacional esgrimido, en realidad no estaba disociada de algunas corrientes que habían prosperado en la década de $1970 ^ { 9 }$. Por supuesto, las I Jornadas de Interescuelas y Departamentos de Historia, surgida como iniciativa original de la Universidad de Buenos Aires, en 1985, colaboró en demarcar directrices, preferencias, redes articuladoras de intereses, opciones epistemológicas y campos especializados. Coincidió tal fenómeno con la interrupción del auge de los grandes congresos organizados por la ANH. La novedad claramente es que pocos aspirantes en el proceso democrático pretendían el capital simbólico de la ANH y cierto es que tampoco era factible una posibilidad de acceso a financiamiento a través de esta institución. Una diferencia substancial estriba en que desde 1983/84 el nivel de exigencia profesional estandarizó prácticas que décadas atrás estaban amparadas por una tolerancia epistemológica que ya no era viable. Las intervenciones sobre el CONICET permitieron que los controles de calidad coaccionaran contra la dispersión de narrativas homogeneizando el lenguaje científico. El pacto éticocientífico que intentaba forjarse en el posalfonsinismo de alguna manera logró imponerse, no obstante, con impactos desiguales en los escenarios intelectuales. En este artículo se intentó llenar estos vacíos ofreciendo una perspectiva más plural de los estudios históricos y los historiadores que entonces competían en el escalafón de CONICET. El diagnóstico ofrecido por N. Pagano (Pagano, 2010) corresponde a la realidad al afirmar que "(.....) al comenzar los años 80, buena parte del campo historiográfico no se hallaba permeabilizado a las innovaciones, sometido como estaba a un régimen de censuras e interdicciones pero también de atraso autocomplaciente" (p.42). De todos modos, no puede concebirse la reprofesionalización desde una clave absolutamente disruptiva, sin admitir - La trayectoria institucional que traza perfectamente puentes, entre el sector historiográfico y político más tradicionalista y el proyecto renovador principalmente de la UBA, fue la de R. Cortés Conde, intelectual respetado en ambos espacios. En 1982 había participado junto S. Bagú y G. Weinberg de la reivindicación al "mito de los orígenes" de la historia social: De historia e historiadores: homenaje a José Luis Romero. Otros intelectuales ejemplificadores en tal sentido fueron Ezequiel Gallo, Natalio Botana, Samuel Amaral y Carlos Mayo. No es posible sostener que historiadores de la red de los epígonos estuvieran completamente exentos de paradigmas y las promesas de una renovación. Una diferencia substancial estriba en que desde 1983/84 el nivel de exigencia profesional estandarizó prácticas que décadas atrás estaban amparadas por una tolerancia epistemológica que ya no era viable. Las intervenciones sobre el CoNICET permitieron que los controles de calidad coaccionaran contra la dispersión de narrativas homogeneizando el lenguaje científico. El pacto ético-científico que intentaba forjarse en el posalfonsinismo de alguna manera logró imponerse, no obstante, con impactos desiguales en los escenarios intelectuales. rasgos de una acumulación originaria previa, líneas interpretativas de larga durabilidad y el apoyo de dispositivos institucionales dentro de las élites académicas, muchas de las cuales habían construido un capital nada despreciable. Es decir, una buena parte de los agentes adaptados que convivieron con figuras mediocres durante el "oscurantismo", fueron cómplices de importantes innovaciones. De cierto modo, la "Nueva Historia" no estalló en 1983/84 sino que dicho paradigma comenzó a convivir con otras corrientes preexistentes de la historia "económico-social" como era llamada. En suma, el paradigma renovador posalfonsinista pudo sostenerse no sólo gracias a los cambios institucionales a su favor, sino al mestizaje entre viejas y nuevas élites académicas compartiendo un campo simbólico e instancias de consagración. En democracia fortalecieron sus trayectorias y consagraciones, sin presenciar las rupturas institucionales como verdaderos obstáculos. Las impugnaciones éticas recayeron especialmente sobre R. Zorraquín Becú, P. Santos Martínez, J.Comadrán Ruiz, H.Cuccorese Ye.Maeder. Sin embargo, no pudieron ser desalojados del CONICET publicando durante el gobierno de R. Alfonsín denuncias recopiladas en el informe Destrucción de equipos de investigación y persecución de científicos (1988). Este grupo regresaría al organismo durante el menemismo protegidos por A.Bazán, miembro entonces del Directorio. 1. Informe documental. Destrucción de equipos de investigación y persecución a científicos, 1988 2. Informe sobre investigaciones de hechos ocurridos en el CONICET, período 76-83, 1989 3. Boletín de la Academia Nacional de la Historia (BANH) [^2]: Carlos Abeledo había sido un físico-químico del Observatorio Nacional de Física Cósmica de San Miguel hasta que el golpe de Estado de 1976 lo desplazó. Tras el retorno democrático se convirtió en 1984 presidente del CONICET, entre 1984 y 1989, normalizando la institución mediante una depuración parcial de agentes con fuerte protagonismo durante la dictadura. El recambio institucional de 1989 lo derivó durante la década del $^ { \circ } \mathfrak { g } 0$ al Banco Interamericano de Desarrollo, en calidad de consultor y luego evaluador, de proyectos científicos de países latinoamericanos. _(p.2)_ [^3]: Las revisiones sociales sobre la “Conquista de América", aunque existían con anterioridad, desde 1983 se desarrollaron incesantes impugnaciones. Distintos indigenismos prosperaban desde las primeras décadas del siglo XX. Pero es posible apreciar, desde la transición, una exposición pública más regular por parte del amplio espectro de las izquierdas sobre el papel crítico de la Conquista, la reivindicación de los pueblos originarios y una apertura de las elites políticas sobre la cuestión aborigen adquiriendo reconocimiento constitucional. La recepción masiva de obras como Las venas abiertas de América Latina(1971),y sus inmediatas repercusiones en emprendimientos musicales de alto impacto social como Taki Ongoy (1986) del cantante socialista Víctor Heredia, gozando del asesoramiento de A. Rex González, sintomatizaron una contramemoria de resistencia frente a las narrativas hispanistas oficiales. Ante la expectativa de este último caso, es conocido el intento de censura contra V.Heredia impulsado por la Embajada de España y el Obispo de Lomas de Zamora, Desiderio Collino. Presionaron al gobierno de R.Alfonsín, quien se resistió finalmente a tal pretensión. D.Collino había apoyado al "Proceso", teniendo la ocasión de viajar a las Islas Malvinas, y años más tarde se convertiría en un fiel opositor a las medidas progresistas del radicalismo. La Iglesia Católica ha sido una de las instituciones más relevantes en conservar el relato épico de la Conquista, incluyendo en la gesta su propio protagonismo (La Nación, 05/10/2002) _(p.3)_ [^4]: 4Un caso que ejemplifica la diversidad de intelectuales en la gestión alfonsinistaera la presencia del escritor liberal, de corte ortodoxo, Marcos Aguinis. En 1983 fue designado Subsecretario y luego Secretario de Cultura de la Nación. En su gestión creó el PRONDEC (Programa Nacional de Democratización de la Cultura). En la etapa final se distanció del gobierno asediado por conflictos con la Coordinadora y siendo crítico de las políticas heterodoxas del equipo económico (Página/12 09/08/2009). _(p.4)_ [^5]: La Universidad Austral se fundó en 1991 a partir de la base de la Asociación Civil de Estudios Superiores (1977) siendo un proyecto de la organización católica Opus Dei. Aunque no posee la carrera de Historia, numerosas unidades académicas incluyen espacios curriculares dedicados a la historia argentina y mundial. Allí es donde se emplearon a historiadores profesionales católicos o simplemente confesionales. _(p.6)_ [^6]: A manera de ejemplo, tanto L.A. Romero como H. Sábato iniciaron en 1985 su carrera en CONICET como Investigadores Independientes jerarquizándose, en efecto, como Investigadores Principales en 1999. Su peso en las distintas comisiones evaluadores explica en cierta medida el protagonismo que la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires ha irradiado desde entonces en el organismo. Fue posible gracias al diseño institucional de redes de solidaridad contenedoras construidas en pocos años y alimentadas en la década del $^ { \mathfrak { g } _ { 0 } }$. Estas funcionaron tanto en CONICET como en las universidades reservando cátedras, subsidios y becas para investigadores cercanos al nuevo paradigma, pero también sensibles al grupo de origen. Semejantes comportamientos revelan que pese a la diferenciación ficcional con respecto al pasado reciente, por parte de estos agentes, continuaban prácticas y vicios de viejo antaño atemperados por la diversidad de elencos y controles corporificados en las disputas facciosas por el control del acceso y el sostenimiento de los espacios académicos. Una empresa así de ambiciosa, necesitó construir un relato que tiñera de oscuridad el pasado -a excepción de la mítica década del $\mathtt { 6 0 - }$ y solidificara expectativas modernizadoras a futuro. _(p.7)_ [^7]: La debilidad articulatoria de la ANH con las instituciones santafecinas puede explicarse por el alto impacto de la renovación en el espacio universitario. Sólo podía contar con agentes culturales de la prestigiosa Junta de Estudios Históricos y docentes universitarios como Patricia Pasquali. Merecen destacarse los denodados intentos de esta historiadora de reproducir espacios americanistas cognitiva y estéticamente vinculados a la ANH. Además de ser miembro correspondiente de la corporación, fue miembro de la Academia Sanmartiniana y la Academia Belgraniana. Ejerció la docencia en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y en el Instituto Olga Cossetini. En esta última institución estuvo a cargo del Seminario y Metodología de Historia Argentina y Americana. _(p.9)_

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