I. INTRODUCCIÓN
Como hablar de democracia es hablar al mismo tiempo de política (Castoriadis 1998), este manuscrito tiene por objetivo principal, analizar la manera cómo la participación política ha sido cooptada en la región del Magdalena Medio , por las prácticas clientelistas de un amplio sector de la clase dirigente que se rehúsa a dejar el poder político, y también, por las acciones directas que han realizado grupos al margen de la ley como los narcotraficantes, las Fuerzas Armadas Revolucionarias Ejército del Pueblo (FARC-EP), las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) o paramilitares , el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los Grupos Armados Organizados (GAO).
Este análisis se hace a partir de tres categorías: 1) de la democracia participativa a la cooptación de la democracia, en la que se describe la forma cómo los grupos armados extralegales han cooptado la democracia y sometido las instituciones del Estado colombiano. 2) riesgo electoral por factores de violencia en el Magdalena Medio (2007-2019), con las subcategorías: presencia de grupos armados ilegales en la región del Magdalena Medio riesgo por desplazamiento forzado y riesgo por violencia política, en la que se analiza mediante la geografía descriptiva los riesgos electorales presentados en las dos décadas del siglo XXI en la región objeto de estudio; y 3) violencia y desigualdad política y social, con la subcategoría Índice de Pobreza Multidimensional y abstencionismo electoral, la cual se centra en identificar el número de homicidios registrados en varios periodos, producto de la violencia política y la relación entre índice de pobreza y abstencionismo.
II. METODOLOGÍA
La metodología elegida fue la cartografía descriptiva, que permite visualizar la distribución espacial del comportamiento electoral, permitiendo ubicar dónde ocurre concretamente un fenómeno sociopolítico. Además, se puede utilizar para "comparar las dinámicas territoriales del voto, y para relacionarlas con otros procesos demográficos, económicos y socioculturales" (Sonnleitner 2013,113); y desde luego, para explorar la incidencia de los procesos socioculturales en la decisión de voto. Es así como la cartografía electoral permite "combinar métodos tradicionales de la estadística y de la econometría con las herramientas de análisis de datos espaciales" (Sonnleitner 2013,113). Como instrumentos se utilizaron: el análisis documental (mapas de riesgos electorales, bases de datos electorales del Movimiento de Observación Electoral (MOE) y de la Registradora Nacional, así como la prensa escrita).
Los mapas de riesgos electorales, se usaron para ubicar geo-espacialmente el nivel de riesgo electoral por cada uno de los municipios de la región del Magdalena Medio, durante las elecciones locales y nacionales del periodo 2007-2019, Teniendo en cuenta la importancia de la variable del conflicto armado, en esta investigación se tuvo en cuenta los factores de riesgo que la MOE define como variables activas, que corresponden al contexto de violencia en el que se llevaron a cabo las elecciones: presencia de grupos armados ilegales, acciones unilaterales de grupos armados ilegales, desplazamiento forzado y víctimas de violencia política. Esto permitió evidenciar cómo variaron los riesgos electorales en cada uno de los periodos electorales, cuáles fueron los municipios más afectados, así como cuál grupo armado generó mayor grado de riesgo electoral, según el tipo de elecciones (locales o nacionales).
Para obtener los mapas de riesgo electoral, se utilizaron dos métodos: en primer lugar, se organizó la información en bases de datos según la categoría de estudio (riesgo electoral y resultados electorales por municipio); posteriormente, esta información se registró en el software ArcGIS, herramienta que permite elaborar mapas que integran información geográfica. A partir de lo anterior, se realizaron dos tipos de mapas, que contienen los riesgos y resultados electorales de elecciones locales, nacionales y del plebiscito en el periodo 2006-2019.
Se tomaron las bases de datos de riesgos electorales durante el periodo 2007-2019, a partir de las cuales se construyeron, por un lado, mapas consolidados que dan cuenta de los municipios que presentaron mayor frecuencia de riesgos por cada una de las variables activas; por otro lado, los periodos electorales que fueron más críticos, puesto que tuvieron un mayor número de municipios que presentaron riesgos. En este caso se clasificaron los riesgos como medio, alto y extremo.
III. DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA A LA COOPTACIÓN DE LA DEMOCRACIA
La democracia es un elemento fundamental de la política. Según (Castoriadis 1998), discutir acerca de ésta es hablar de política. En este sentido (Bobbio 1996, 14) la define como el "conjunto de reglas (primarias o fundamentales) que establecen quién está autorizado para tomar las decisiones colectivas y mediante cuáles procedimientos". A partir de ello, el autor plantea que esta es la regla fundamental de las mayorías, es decir, cuando una colectividad aprueba o desaprueba las decisiones a tomar.
Esto concuerda con la teoría tradicional de la democracia, la cual plantea que: "mientras mayor participación, mayor democracia y, por lo tanto, mejor gobierno." (Molina Pérez e Ito Sugiyama 2010, 817). El tal sentido (Almagro 2016, 177) señala que "la existencia de una verdadera democracia está condicionada a la participación real e influyente del conjunto de los ciudadanos en la formación de la voluntad política" De esta manera, desde su concepción, la participación y la democracia son conceptos simbióticos. En concordancia con lo anterior, (Merino 2013) dice que la representación y la participación son un matrimonio indisoluble para la democracia, que se entrelaza de manera constante, principalmente a través del voto.
Sin embargo, dice (Pino 2017, 571) que debido al conflicto armado interno en Colombia "la democracia y la violencia política han sido dos fenómenos que se han desarrollado conjuntamente en los últimos sesenta años" No obstante, Colombia tiene ha tenido una de las democracias más sólidas al sortear los golpes militares y repeler la ofensiva insurgente, a pesar de que la violencia política y la democracia han establecido una simbiosis, con sus efectos y consecuencias (Pécaut 2001b).
De ahí la pregunta que se hace (Pizarro 2004, 206): "¿cómo explicar esta anormal convivencia entre estabilidad y violencia?" Porque la democracia puede ser compatible con el disenso y los conflictos en medio de la disputa por el poder político, pero no justifica todos los actos violentos. Pareciera que se ha naturalizado la violencia en el ejercicio de la participación política; por eso, para comprender el fenómeno de la cooptación democrática en Colombia, se deben analizar de manera paralela la incidencia que ha tenido la élite política y los grupos armados desde mediados del siglo XX—cuando surge la guerrilla, seguida de los paramilitares y narcotraficantes— que se extendieron por todo el país, teniendo injerencia en las corporaciones públicas, control del territorio y capturando la democracia en las regiones; afectado aquello que (Almagro 2016) llama "la existencia de una verdadera democracia", ya que por diversos motivos se limita o restringe la participación política de los ciudadanos en sus territorios. Esta comprensión pasa por dos momentos: en el primero, se aborda la unión entre clientelismo y narcotráfico que imperó fuertemente en las décadas de los ochenta y los noventa; en el segundo, se analiza la incidencia de los grupos armados (paramilitares y guerrilla) en la democracia colombiana después de 1990.
En este orden de ideas, se puede clasificar el clientelismo y el narcotráfico como una primera forma de cooptación de la democracia. Al respecto, (Medina 2010) explica el "matrimonio" que se dio, y aún permanece entre políticos y narcotraficantes para obtener y sostener el poder político en casi todo el territorio nacional, llegando a afirmar:
Si ya era bastante grave la situación cuando los caciques políticos y barones electorales sometían los aparatos administrativos del Estado en las respectivas entidades territoriales, disponían libremente de los cargos burocráticos, saqueaban y erosionaban los presupuestos, esto se profundiza cuando la capacidad de corrupción de la economía del narcotráfico penetra los territorios, corrompe la mentalidad de las élites económicas y políticas locales y regionales, infiltra y somete las instituciones del Estado encargadas de combatirlas, las somete a la lógica de sus intereses y se instala en los imaginarios populares a través de iniciativas de bienestar que le proporcionan reconocimiento y adhesión moral. (Medina 2010, 44)
En este sentido, es importante diferenciar, como lo hacen (Van Treek, y Yevenes Arevalo 2015), el concepto de "cooptación política" del de "clientelismo": el primero tiene que ver con el control y el reparto de rentas menores del Estado en cabeza del poder central omnipotente. Es decir, la cooptación política en este caso es ejercida por la figura del presidencialismo o su gobierno con sus políticas públicas, donde el poder se centraliza y quita autonomía a los territorios de la periferia. El segundo concepto, el clientelismo, se centra en la compra de votos, las prácticas populistas o el uso patrimonialista de los beneficios del Estado para los grupos políticos y sus bases de apoyo.
En el caso de Colombia el concepto de cooptación política es más complejo, porque evidentemente hay decisiones, prácticas y políticas ejercidas desde el gobierno central que muchas veces auspician la cooptación de la autonomía de los entes territoriales, pese a que la Constitución Nacional, en su primer artículo, sostiene que Colombia es una nación participativa, pluralista, descentralizada y con autonomía en sus municipios, distritos y departamentos. Por eso, además de esta forma de cooptación ejercida desde el gobierno central se debe sumar, por un lado, la incidencia que han tenido grupos armados como las FARC-EP, el ELN, los paramilitares y los narcotraficantes, con el apoyo de una amplia clase política que ha establecido con ellos pactos o alianzas en los territorios periféricos y centros urbanos para mantener el poder político; por otro lado, está el hecho de que estos mismos grupos armados han considerado el poder político como un factor estratégico para justificar sus reivindicaciones subversivas y ganar legitimidad social (como en el caso de las guerrillas), o para obtener rentabilidad económica y apoyo estatal, político y civil, como es el caso de los narcotraficantes y paramilitares.
Lo anterior ha hecho que la participación democrática en Colombia sea cooptada por prácticas clientelistas de la élite política y por el accionar de grupos de guerrillas, paramilitares y narcotraficantes; se podría decir que, recientemente, también por parte de los GAO en áreas metropolitanas y rurales. Por tanto, la diferencia que hacen (Van Treek y Yevenes Arevalo (2015) de las prácticas clientelistas de la cooptación política no es tan clara para la realidad colombiana, pues dadas las características del país, el clientelismo también hace parte de la cooptación de la democracia, en la medida en que con sus prácticas burocráticas de caciquismo ha incidido en el normal desarrollo de la democracia local, regional y nacional, que muchas veces ha exacerbado la violencia política, lo que a su vez limita los modelos de participación democrática mencionados por (Almagro 2016): el deliberativo, el directo y el pluralista.
Frente a esta realidad, muchos investigadores internos y externos al contexto colombiano han indicado que, la dinámica de los procesos políticos en el país se ha caracterizado por ser limitados y restringidos en varios momentos de la historia republicana. Uno de estos momentos fue el dominio que tuvo el Frente Nacional (1958-1974), en el que los partidos Liberal y Conservador se repartieron el gobierno y los poderes durante cuatro periodos gubernamentales, como una forma de resolución pacífica de la violencia armada que se venía llevando a cabo entre estos dos partidos desde 1946 (Pécaut 2001a; Pino 2017). Este dominio, según (Pino 2017), es una de las razones del surgimiento de los grupos armados, ya que en este periodo se configuraron nuevas formas de participación democrática excluyentes.
Esta restricción en la participación política que generó el Frente Nacional en la alternancia del poder político, únicamente entre dos partidos tradicionales, aumentó el fenómeno del clientelismo burocrático y, con ello, la cooptación del ejercicio democrático de varios sectores de la sociedad. A este clientelismo existente se le añaden sus relaciones cercanas con grupos armados para seguir asegurando la tenencia del poder.
La incidencia del clientelismo y de los diferentes grupos armados en Colombia es ampliamente abordada por (Medina 2010; Pino 2017; Duque 2013 y Pizarro 2004). Por ejemplo, (Medina 2010) explica que el auge del clientelismo de la clase política ha mezclado la democracia con la violencia política, afirmando que esta es una realidad surgida desde su nacimiento como Estado: "el país se movió desde los orígenes de la república en una órbita que gira frecuentemente entre la disputa política partidista, clientelar y corrupta y la confrontación militar sectaria" (Medina 2010, 43). Esta realidad de democracia y violencia política al profundizarse por décadas ha afectado la forma de hacer política en las regiones, apareciendo así el fenómeno de la cooptación política.
Que las prácticas clientelistas y los narcotraficantes hayan cooptado la democracia en Colombia es muestra de que las instituciones del Estado no han sido eficientes, dado que fueron permeadas por el narcotráfico; debido a esto, dice (Medina 2010), que el narcotráfico es una de las prácticas más corruptas que sobornó parte de la institucionalidad y que introdujo nuevas dinámicas al momento de hacer la política. La unión entre políticos y narcotraficantes instrumentalizó el poder público — legislativo, judicial y ejecutivo — mediante amenazas, intimidación, asesinatos y sobornos económicos, lo que afectó la participación democrática.
A esto lo llamó este mismo autor "captura del Estado", ya que los tentáculos del narcotráfico se instalaron y se relacionaron con las élites políticas locales, regionales y nacionales para apoderarse de las alcaldías, gobernaciones, el Senado y la presidencia. Un ejemplo de la incidencia del narcotráfico en la alta esfera de la política nacional fue la elección del senador y narcotraficante Pablo Emilio Escobar Gaviria, jefe del Cartel de Medellín en los años ochenta, así como el sonado escándalo del Proceso 8000, donde narcotraficantes del Cartel de Valle financiaron la campaña presidencial del expresidente Ernesto Samper Pizano en 1994.
También la cooptación del narcotráfico se observa mediante el soborno, la intimidación, la amenaza y el asesinato de funcionarios públicos, con la finalidad de obtener favores conforme a sus intereses. Ello llevó incluso a decidir en algunos casos resultados electorales a favor de un determinado candidato; también encareció la forma de hacer política, al limitar la participación para aquellos que no tuvieran suficiente músculo económico. En consecuencia, es posible afirmar que el narcotráfico impuso formas alternativas de participación democrática que aún hoy se mantienen vigentes.
En tal sentido, afirma (Medina 2010, 48), "la capacidad de los recursos del narcotráfico ha permeado el conjunto de la sociedad colombiana en sectores estratégicos para el desarrollo de la vida social, económica y política". Por su parte, (Duque 2013) dice que esta permeabilidad de la democracia se observa en la forma como estos actores extralegales interfirieron en los procesos electorales, mediante acciones coactivas de inducción del voto y de constreñimiento a la competencia que "afectaron las libertades de expresión, organización, asociación; la corrección en los procesos con prácticas de manipulación y fraude en los procedimientos de conteo y escrutinio" (Duque 2013, 26).
Lo grave es que este proceso de cooptación por las prácticas que utiliza, socava la legitimidad de las instituciones doblegando al mismo Estado, como pasó en la década de 1980 cuando grupos de narcotraficantes con poder visible en la rama legislativa y judicial, trataron de someter al Estado colombiano a su voluntad, interés y caprichos, asesinando a políticos opositores, como es el caso del ex Ministro de Justicia de la época, Rodrigo Lara Bonilla (1984), a periodistas y policías. Al respecto, afirma (Medina 2010, 49):
El narcotráfico recurre a la corrupción blanda a través de un fluido amplio de dádivas económicas a funcionarios y empleados públicos, pero igualmente, no tiene ninguna dificultad para colocar en marcha mecanismos de intimidación y acción violenta como los utilizados por el Cartel de Medellín para doblegar al Estado a finales de la década de los 80.
Debido a ello, se comprende que la cooptación del sistema democrático colombiano es producto también de la debilidad de sus instituciones, puesto que se han dejado corromper no solo las tres ramas del poder público, sino también los organismos de control, la fuerza pública y los partidos políticos. Esto llevó a Duque (2013) a decir que lo que se ha presentado en el país es una deficiencia estatal:
En Colombia las deficiencias estatales se observan con la captura parcial por parte de actores ilegales y las características de los partidos políticos (la deformación de su tradicional función de representación, así como los vínculos establecidos por algunos de ellos y por congresistas y dirigentes locales entre otros, con organizaciones criminales) constituyen las variables que generan las limitaciones y los déficits centrales de la democracia, dándole el carácter de una democracia de submínimos, de subpoliarquía que, en la perspectiva de una democracia sin ley, se trata de una situación en la cual se combinan condiciones de ilegalidad con institucionalidad precaria. (Duque 2013, 28-29).
La unión entre la política y el narcotráfico en las décadas de los ochenta y los noventa a causa de la debilidad estatal permitió que la democracia se viera asediada (Pizarro, 2004; Pino, 2017), afectando no solo al régimen político sino también la participación política en las zonas periféricas y centros urbanos de Colombia. Por eso sostiene (Medina 2010, 48).
El poder corruptor de la mafia del narcotráfico que penetró toda la institucionalidad colombiana, transformó significativamente importantes procesos productivos y generó adhesiones sociales a través de sofisticados y burdos procesos de sometimiento de funcionarios e instituciones, dejó las intermediaciones para comprometer directamente élites tradicionales en inteligentes y planeados procesos de captura de dinámicos sectores de la economía y la política, haciéndolos partícipes directos de la industria del narcotráfico.
De esta relación entre la élite política y los narcotraficantes, surge desde 1990 hacia adelante una relación más estrecha entre líderes políticos y grupos armados como los paramilitares (Camacho Guizado, 1999; Dávila 2002), que viene a configurar el segundo momento de este apartado. En este sentido, (Medina 2010) recuerda que el origen de los paramilitares está ligado con el surgimiento de grupos de narcotraficantes, lo que significó que las antiguas relaciones entre políticos con narcotraficantes pasaran a ser ahora más cercanas con estructuras paramilitares. Esta nueva relación entre la élite política y los paramilitares se da en plena apertura democrática; (Pino 2017) afirma que la apertura democrática que se vivió a finales de década de los ochenta y a comienzos de los noventa, dados los procesos de paz firmados con varios grupos armados, dio origen a procesos de descentralización y autonomía a las entidades territoriales: los gobernadores no eran elegidos por el ejecutivo nacional, y estos tampoco elegían a los alcaldes de su preferencia; lo anterior se daba mediante la participación del voto popular, lo que despertó celos en las diferentes castas políticas tradicionales.
Este celo de la élite política, movido por el marco de inclusión democrática que posibilitó la Constitución Política de 1991, al insertar mecanismos de participación con la finalidad de superar las restricciones que surgieron en la época de la Violencia y el Frente Nacional, condujo a que percibieran este proceso de apertura como algo que afectaba sus intereses en el mantenimiento del poder político, porque facilitó que sectores tradicionalmente excluidos propusieran candidatos o se presentaran a las corporaciones administrativas del Estado para elegir o ser elegidos. Esto desencadenó una alianza criminal que profundizó no solo la cooptación de la participación política y la institucional, sino que aumentó también la violencia política; en consecuencia, afirma (Pino Uribe 2017, 375):
La apertura política y las reformas de descentralización no terminaron con la violencia política, sino que esta se incrementó y el impacto de este tipo de violencia en el sistema político comenzó a ser visto como una amenaza central para el funcionamiento de la democracia.
A este hecho lo llamó (Medina 2010) coerción criminal del narco-paramilitarismo, pues a través de sus distintas estructuras sometió el poder local y regional por medio de la intimidación, el asesinato de políticos opositores, la inyección de grandes flujos de dinero a las campañas políticas, constriñendo a electores para elegir a sus propios candidatos; para asegurar reconocimiento y así mantener el dominio territorial. Por eso apostilla este mismo autor:
La capacidad de coercion criminal del paramilitarismo a través de sus distintas estructuras fue sometiendo el poder local y regional, posesionándose a través de los funcionarios públicos y de elección popular, en el control de las instituciones, los planes y programas y los presupuestos públicos para colocarlos al servicio de sus propósitos de guerra, control territorial y enriquecimiento privado de sus comandantes. Las élites locales y los partidos políticos tradicionales y regionales les sirvieron para avanzar y consolidar el control de la institución estatal. Desde allí, comenzaron a distribuir puestos, adjudicar contratos y a canalizar los recursos públicos para el beneficio personal. Su poder se extendió hasta consolidar mediante la intimidación armada fortines electorales homogeneizados por los mecanismos de violencia que fueron puestos al servicio de la clase política convertida en representante informal del paramilitarismo." (Medina 2010, 49-50)
Esto generó, según (Gutiérrez 2007), además de la violencia, un incremento de incertidumbre en las recientes fuerzas políticas excluidas que nacieron en medio de la apertura democrática, ya que percibieron amenazada su participación política y limitado el ejercicio de sus derechos civiles y políticos (Bejarano y Pizarro 1995), porque no tenían las garantías necesarias para hacer política. En este sentido, demuestra (Sánchez 1991) que la década de los noventa fue demasiado violenta: se asesinaron 72 candidatos que aspiraban a alcaldías; 92 concejales perdieron la vida junto a otros 14 funcionarios públicos; secuestraron a 100 personas, y 369 candidatos se vieron obligados a renunciar a sus aspiraciones políticas por intimidaciones por parte de los grupos armados.
Analizando estos hechos, (Bejarano 1996) afirman que la captura de la democracia por parte de los grupos paramilitares entorpeció el funcionamiento y el desarrollo natural del sistema electoral colombiano, ya que los únicos beneficiados fueron parte de la élite política y los paramilitares. Por esta razón (García 2007) al estudiar las relaciones entre políticos y paramilitares en algunas regiones llegó a concluir que los territorios con presencia paramilitar eran proclives a tener un aumento significativo de votación hacia los partidos tradicionales del agrado de este grupo armado. Por su parte, dice (Medina 2010) que los paramilitares utilizaron las alianzas políticas como una estrategia para ganar reconocimiento y legitimidad en el imaginario social colombiano, capturando las instituciones del Estado para asegurar impunidad frente a las actividades ilegales y, de esta manera, modificar el régimen político según sus intereses:
El narcoparamilitarismo comenzó a pensarse en el marco de una estrategia de captura del Estado como la única forma de asegurar los márgenes de impunidad para el desarrollo de sus actividades criminales y legales. Un modelo de sistema político mafioso capaz de permitirles moverse en los umbrales de lo legal y lo ilegal. Para ello era necesario infiltrar la institucionalidad hasta capturarla completamente, modificar el régimen político, garantizar su propio reconocimiento social e institucional como actor político incorporado "legalmente" a la sociedad. Los pactos de Santafé de Ralito, Chivoló y Pivijay constituyen parte de ese proyecto de captura estratégica del Estado dirigido en lo esencial a hacer viable la idea de refundar la Patria, construir un nuevo pacto social, fundar un nuevo Estado (Medina 2010, 50).
Se observa que la estrategia paramilitar que cooptó la democracia en Colombia y sus instituciones no solo obedecía a fines rentistas sino de control territorial, contemplando incluso la idea, según este mismo autor, de establecer un nuevo status quo del sistema electoral y político en el país; por eso los pactos de Santafé de Ralito, Chivoló y Pivijay, entre congresistas, alcaldes, diputados y funcionarios públicos con paramilitares, para establecer distritos electorales y así asegurar el poder político y refundar el país, hacen parte de esa estrategia que restringió la participación política de muchos colombianos.
De modo similar las FARC-EP y el ELN, al igual que lo hicieron los narcotraficantes y los paramilitares, fueron actores armados que cooptaron la participación democrática en Colombia. Cuando (Pizarro2004, 229) afirma que "en decenas y decenas de municipios estos grupos armados solo permiten que puedan presentarse para cargo de elección popular quienes adhieran a sus proyectos políticos", está haciendo referencia también a las FARC-EP y al ELN, que desde su expansión territorial desde mediados de los ochenta y con la apertura para la elección popular de gobernadores en la misma época, han incido de forma directa en la dinámica política del país, puesto que, por un lado, "en las guerras de carácter revolucionario el interés estratégico del actor armado se centra en la posibilidad de controlar el poder político y el territorio con el fin último transformar el Estado y la sociedad" (Medina 2010, 50).
Por otro lado, no se puede olvidar que las FARC-EP y el ELN han sido actores armados cuyo nacimiento se debe a motivaciones políticas, por lo que se puede decir que su cercanía con la participación política es de vieja data, de ahí que sostenga el Centro Nacional de Memoria Histórica-CNMH (2013) que para el caso de las FARC-EP, parte de su actividad ha influido en los poderes de la política local, en especial desde 1991 con la expedición de la Constitución Política que permitió la apertura democrática y descentralizó recursos directos para las administraciones locales y regionales, viendo esto las FARC-EP como una oportunidad estratégica para influir en las corporaciones públicas.
La actividad política de las FARC se mantuvo y cobró un nuevo impulso al tratar de influir en los poderes locales y regionales, buscando además responder a los desarrollos de la nueva Constitución, que introducía nuevos mecanismos para la participación en la política local y colocaba importantes recursos en los fiscos municipales. (CNMH 2013, 257)
La injerencia de las FARC-EP en las corporaciones públicas locales y regionales es una forma evidente de cooptación de la democracia, porque secuestraron, asesinaron, amedrentaron a políticos y funcionarios públicos y sabotearon procesos electorales (García, 2007). Esto demuestra que los intereses de las FARC-EP en los territorios no se redujo solamente a operaciones tácticas guerreristas sino que:
Simultáneamente [las combinó con el] desarrollo de un modelo de control que les permitió cumplir con funciones de Estado. En algo más de quinientos municipios del país, las guerrillas lograron establecer unas relaciones de poder que les posibilitó controlar directa o indirectamente a los alcaldes (gobernadores), negociar con ellos los planes de desarrollo, el orden de prioridades de la inversión y los regímenes de contratación. (Medina 2010, 49)
Lo anterior le abrió la posibilidad a las FARC-EP para, en primer lugar, dejaran de estar confinadas en zonas de colonización donde inicialmente se desplazaron para disputar con fuerza el dominio territorial frente a la avanzada de los grupos paramilitares; en segundo lugar, cooptar las instituciones democráticas, mediante el saboteo electoral, las amenazas y el apoyo a candidatos de su preferencia conforme a su proyecto revolucionario. En este sentido, dice (Medina 2010) que organizaron redes de personas que respondieran a sus orientaciones e instalaron en los espacios decisorios de las administraciones públicas a contratistas, funcionarios y empleados públicos para obtener mayor poder político y control. No en vano dijo en su momento el máximo jefe de las FARC-EP, Manuel Marulanda en una entrevista retomada por (Aguilera 2013, 96):
Nosotros somos la autoridad en una gran parte del territorio nacional. Usted lo puede presenciar visualmente en todos los frentes nuestros. Usted va a una inspección de policía, llegan dos guerrilleros y el inspector les dice: tengo un problema y necesito que me lo ayuden a arreglar. La autoridad en estos territorios es de la guerrilla. Los alcaldes no pueden trabajar mientras no hablen con la guerrilla de cómo hacer un buen gobierno. En la práctica somos otro gobierno dentro del gobierno por eso estamos buscando el reconocimiento como fuerza beligerante.
Estas acciones de la guerrilla, que ellos justifican válida dentro de su proyecto revolucionario, generó resultados negativos para la participación democrática; al igual que lo hicieron los narcotraficantes y paramilitares, las FARC-EP limitaron la participación política de muchos ciudadanos en todo el territorio nacional donde ellos tenían presencia, ya que según Pino (2017) y Duque (2013) la intervención guerrillera cooptó varios niveles del régimen político donde el soborno y la corrupción se hizo evidente por parte de algunos funcionarios. Sostiene Medina (2010) al respecto:
La injerencia de las guerrillas en la gestión pública municipal y departamental fue adquiriendo nefastos resultados cuando detrás de los avales para ocupar cargos, gobernar o ejecutar contratos, se generaron procesos de enriquecimiento personal a través de prácticas corruptas de funcionarios, contratistas y trabajadores de la administración pública (amigos de la guerrilla) y, cuando la misma guerrilla, ávida de recursos para su sostenimiento, fue socavando los presupuestos municipales, las transferencias y las regalías a través de contratistas cooptados que se consumían los recursos de obras que quedaron a mitad de camino o nunca fueron iniciadas. (Medina 2010, 51)
De lo anterior se infiere que, aunque en ocasiones las guerrillas asumieron el papel de órgano de control del Estado en algunas regiones periféricas, al pedir cuentas de las gestiones de los funcionarios públicos y contratistas, no se distancia mucho de las prácticas burocráticas y corruptas que emplearon otros actores armados que saquearon las finanzas públicas y restringieron la participación política.
IV. RIESGO ELECTORAL POR FACTORES DE VIOLENCIA EN EL MAGDALENA MEDIO (2007-2019)
La forma como algunas prácticas de las élites políticas y el accionar de grupos armados han cooptado la participación política en Colombia, permiten analizar este fenómeno también desde los mapas de riesgos electorales, pues, como se ha señalado, el surgimiento y expansión de estos grupos elevó los índices más altos de violencia que se han sentido también en las dos primeras décadas del siglo XXI.
Según la (Misión de Observatorio Electoral-MOE 2018, 31) por mucho tiempo "las instituciones estatales sufrieron niveles preocupantes de debilidad e incapacidad, a la vez que las agrupaciones guerrilleras y paramilitares obtuvieron un poder insólito". En este contexto, en 2006 se creó la MOE, la cual ha venido desarrollando mapas de riesgo electoral con el fin de identificar, prevenir y reaccionar ante los problemas que puedan afectar la normalidad de las elecciones.
A partir de ello, el Grupo Técnico de Mapas de Riesgo Electoral de la MOE, distinguió dos variables: activas y pasivas (ver figura 1). Las primeras, corresponden al contexto de violencia en el que se llevaron a cabo las elecciones, las cuales implican el efecto directo de los grupos armados ilegales, como el desplazamiento forzado y la violencia en contra de líderes sociales y periodistas. Las segundas, se refieren a las anomalías que se presentaron durante las elecciones que, por su atipicidad y su recurrencia, permiten inferir que se cometieron fraude electoral; de esta manera, "una afluencia exagerada de votantes puede deberse a formas de constreñimiento (presiones y amenazas sobre los electores) o de corrupción sobre los su fragantes (como la famosa compra de votos)" (MOE 2018,32).
Tomando como base la metodología usada por la (MOE 2018), respecto a los riesgos de mapas electorales, en esta sección se analizó las variables activas relacionadas con las elecciones locales y nacionales entre 2007 y 2019. A partir de ello, se tomaron las bases de datos de riesgos electorales durante ese periodo, para construir por un lado, mapas consolidados que dan cuenta de los municipios, que presentaron mayor frecuencia de riesgos por cada una de las variables activas; por otro lado, para establecer los periodos electorales que fueron más críticos según la presencia de actores armados, puesto que tuvieron un mayor número de municipios que presentaron riesgos, que se clasificaron como medio, alto y extremo.
a) Presencia de grupos armados ilegales en la región del Magdalena Medio
Las elecciones locales y nacionales entre 2007 y 2019 en la región del Magdalena, se han caracterizaron por tener presencia de grupos armados ilegales: FARC-EP, el ELN y los GAO, los cuales han realizado acciones violentas unilaterales o de combate en el marco de las elecciones.
El mayor riesgo electoral por presencia de las FARC-EP en la región del Magdalena Medio se dio en las elecciones locales de 2007 y las nacionales de 2010, en las que el 50% (15) y el 70% (21) de los municipios de la región, respectivamente, presentaron algún tipo de riesgo, mientras que se evidenció una disminución significativa en los posteriores procesos electorales. El municipio que presentó mayor riesgo consolidado durante este periodo fue San Pablo, ubicado al sur del departamento de Bolívar, seguido de los municipios de Simití y Arenal; en Antioquia, Yondó; en Santander, Barrancabermeja, y en el Cesar, Aguachica (Ver mapa 6). Según la (MOE 2011) la estrategia de este grupo armado ha apuntado más al saboteo de las elecciones, bien sea por la realización de acciones armadas, la generación de problemas de orden público o la declaración de paros armados.
La disminución significativa de riesgo electoral a partir de las elecciones locales de 2011 está relacionada con el inicio de los diálogos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) y el grupo guerrillero FARC-EP. Esto generó el fenómeno que la (MOE 2018) denominó "riesgos por vacíos de poder" dejados por este grupo armado guerrillero, a partir de su desmovilización en 2016, los cuales fueron llenados por el ELN (ver mapa 1) y los GAO en lugar del Estado.
En concordancia con lo anterior, se identificó un aumento considerable de riesgos electorales por presencia del ELN en los municipios del Magdalena Medio, en especial durante el plebiscito. Los municipios del sur de Bolívar fueron los que presentaron mayor frecuencia de ocurrencia de este tipo de riesgo durante las elecciones 2007-2019, en particular: Morales, Simití, Santa Rosa del Sur, San Pablo y Cantagallo. En este territorio ha hecho presencia histórica el Frente de Guerra Darío de Jesús Ramírez Castro del ELN, el cual se caracterizó por dinamizar y promover la participación de las comunidades en los asuntos públicos, buscando "copar y penetrar las entidades administrativas y de gobierno regional y municipal para condicionarlo y bloquearlo" (Rangel 1999, 38). El ELN se ha caracterizado por llamar al abstencionismo; sin embargo, en las elecciones de 2010 manifestó sus intenciones de hacer proselitismo.
Por su parte, los GAO tuvieron su mayor incidencia en las elecciones nacionales de 2010, aun cuando se había logrado la desmovilización de las Auto Defensas Unidas de Colombia- AUC (paramilitares) en 2006, por lo cual se presentó riesgo en el 63% (19) de los municipios de la región; de estos Barrancabermeja fue el que tuvo mayor recurrencia de presentarse riesgos que afectarían las elecciones en el periodo 2007-2019 (ver mapa 3). Según la (MOE 2010, 113):
A partir de 2006, los nuevos grupos armados derivados del paramilitarismo se empezaron a constituir bajo diversos nombres a lo largo del territorio nacional, aún desarrollan ciertas actividades similares a las de sus antecesores en materia de violación de derechos humanos (homicidios, amenazas a líderes sociales, reclutamiento de menores, etc.), pero no en la misma escala que las autodefensas, básicamente porque la población ya se encuentra amedrentada con el control territorial que lograron obtener sus antecesores.
Por otro lado, llama la atención que mientras que el riesgo por presencia de GAO disminuyó de manera sustancial en el país, aumentó en los municipios de Santander y sur de Bolívar. Según la (MOE 2010, 113) "la mayor expresión de la interferencia electoral de las AUC fue la llamada parapolítica, que concentró su mayor expresión a partir del año 2000". Cabe mencionar que los GAO se ubicaron en los municipios en los que tenían mayor presencia los grupos paramilitares, lo que facilitó que pudieran coaptar las elecciones, a partir del temor y miedo que se había generado hacia estos grupos. Es importante mencionar que, en un principio, estos grupos realizaron acciones armadas con el fin de presionar a los electores para que votaran por un grupo determinado; sin embargo, en las elecciones nacionales de 2010 su accionar se basó en la financiación de campañas y la coacción económica del votante. Lo anterior teniendo en cuenta los altos recursos obtenidos por parte del narcotráfico.
Según la (MOE 2010) existen tres razones por las que el riesgo por presencia de los GAO no ha sido tan explícito: primero, están ubicados en territorios en los que tienen una fuerte presencia; segundo, existe un grado de aceptación de la parapolítica; tercero, no ha sido fácil comprobar su financiación a las campañas políticas. Esto sumado al hecho de que no cuentan con una estructura formal que permita conocer, mediante un comunicado formal, sus intenciones políticas como sí lo hacen los grupos guerrilleros, por lo cual se considera que "el peligro está en que de alguna manera logren cooptar las instituciones mediante un bajo perfil armado, pero [con una] alta influencia económica" (MOE 2010,116).
b) Riesgo Por Desplazamiento Forzado
Uno de los mayores indicadores de cooptación política es el desplazamiento forzado. Según la (MOE 2010, 130): "los desplazados no tienen garantías para ejercer el derecho al voto en las zonas de las cuales fueron expulsados por hechos de violencia asociados al conflicto armado interno, y no tienen facilidades para votar en las ciudades en las que se refugian". Esto es preocupante porque en la región del Magdalena Medio, en el periodo 1994-2006, fueron expulsadas 103.564 personas por parte de los grupos armados (Dávila 2007).
Lo anterior motivó a que se revisaron los datos de desplazamiento forzado en las elecciones durante el periodo 2007-2019 con base en dos índices, el de intensidad y de presión, estos permiten medir el impacto que ejerce el desplazamiento sobre los municipios: el primero mide el número de personas expulsadas sobre el total de la población del municipio por cada mil habitantes; el segundo mide el número de personas que llegan a un municipio sobre la población por cada mil habitantes.
En ese sentido, se halló que las elecciones de 2007 fueron las que presentaron el mayor número de personas expulsadas en la región del Magdalena Medio, con mayor intensidad en el municipio Cantagallo (199), seguido de San Pablo (165), Yondó (105) y Simití (87) (ver figura 2). En este periodo también se registró el mayor número de recepción de personas desplazadas, principalmente en el municipio de San Pablo (118), seguido de Santa Rosa del Sur (44), Puerto Parra (41) y Barrancabermeja (40) (ver figura 3).
Sin embargo, llama la atención que los municipios de San Pablo y Landázuri fueron los únicos que registraron un riesgo electoral por desplazamiento forzado en 2007, mientras que en las elecciones de 2015 fue más notorio el riesgo electoral por esta problemática. Por otro lado, se identificó que no hay una relación directa entre esta problemática y el porcentaje de abstencionismo en las elecciones locales de 2007, puesto que hubo una mayor abstención en los municipios en los que se evidenciaron menores índices de desplazamiento forzado, como es el caso de San Vicente de Chucurí, Río Viejo y Puerto Berrío, los cuales presentaron un porcentaje de abstención del 55%, el 54% y el 53%, respectivamente.
Estos resultados permiten identificar la presencia de los grupos armados ilegales en los municipios de la región del Magdalena Medio, lo cual se evidencia en los altos índices de desplazamiento forzado; sin embargo esto no fue óbice para limitar la participación de la población en las urnas. Esto se puede verificar en mayor medida en el municipio de Cantagallo, el cual en 2007 tuvo un índice de intensidad de desplazamiento forzado de 199 y un porcentaje de abstencionismo del 26% (Ver figura 4).
Figura 4: Índice de intensidad y presión de desplazamiento forzado vs porcentaje de abstención elecciones locales (2007)
San Pablo fue el municipio que registró mayor frecuencia de ocurrencia de riesgos electorales en el periodo 2007-2019, al mismo tiempo que fue el municipio que recibió el mayor número de personas desplazadas y el segundo que expulsó la mayor cantidad. Esto está relacionado con la disputa territorial entre los grupos armados en este territorio. Los periodos electorales que presentaron mayor cantidad de municipios en riesgo por desplazamiento forzado fueron las elecciones locales de 2015 y 2019, lo cual coincide con los riesgos electorales por la presencia del ELN en este territorio (Ver mapa 4).
c) Riesgo Por Violencia Política
Esta variable da cuenta de los hechos de violencia cometidos contra los candidatos políticos, servidores públicos y población civil por parte de los grupos armados ilegales. En este caso, se considera como riesgo extremo las acciones cometidas contra los candidatos políticos evidenciados en amenazas, secuestros, asesinatos o atentados contra sedes de campaña, así como los hechos violentos contra la población civil. Como riesgo alto se incluyen los hechos cometidos contra servidores públicos y a mandatarios públicos (alcaldes y gobernadores). En riesgo medio se ubicaron aquellas acciones violentas dirigidas contra la fuerza pública.
Se identificó que, aunque fueron pocos los municipios que registraron riesgos de violencia política, estos se caracterizaron por tener un riesgo extremo, es decir, se registraron acciones violentas contra los candidatos políticos. En este caso se detectó que las elecciones de 2007, 2016, 2018 y 2019 fueron las que presentaron la mayor cantidad de municipios con este tipo de riesgo. Los municipios que tuvieron mayor frecuencia de riesgos en las elecciones 2007-2019 fueron Barrancabermeja y Aguachica (mapa 5).
Cantidad municipios del Magdalena Medio con riesgo de violencia política Elecciones locales-nacionales 2007-2019
Según la (MOE 2019) en el periodo comprendido entre el 27 de octubre de 2018 al 25 de octubre de 2019 se registró que 532 líderes políticos, sociales y comunales fueron víctimas de algún tipo de violencia. El 44% (233) de los líderes políticos fueron víctimas de violencia de política, la mayoría del partido de derecha Centro Democrático, el cual registró 28 amenazas, cinco atentados y un asesinato, seguido del partido de izquierda Colombia Humana-UP, quienes recibieron 30 amenazas. Sin embargo,
[...] los partidos políticos más afectados con hechos letales son el Partido de la U (4 asesinatos y 3 atentados), el partido FARC (3 asesinatos y 3 atentados), partido Liberal (4 asesinatos y 1 atentado), el partido Cambio Radical (2 asesinatos y 3 atentados) y el partido Conservador (2 asesinatos y 2 atentados). (MOE 2019, 9)
Estos datos son relevantes porque muestra como a pesar de firmado el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP, donde se constata que la violencia y el desplazamiento forzado ha disminuido, aún se observa hechos de violencia política. También.
V. VIOLENCIA Y DESIGUALDAD POLÍTICA Y SOCIAL
Según datos del Registro Nacional de Información (RNI), que permite consultar la población incluida en el Registro Único de Víctimas del conflicto armado colombiano, en el periodo 2007-2019 se registraron 1938 homicidios en la región del Magdalena Medio; el 50% de estos ocurrió en 2007 y, a partir de este año, se evidenció una disminución significativa en el número de homicidios registrados, de manera que en 2019 solo se registraron 6 casos. Por su parte, los municipios de Barrancabermeja (344), Aguachica (265), Puerto Berrío (214), San Pablo (133) y Santa Rosa del Sur (116) fueron los que presentaron mayor número de homicidios registrados (figura 5).
Con el fin de identificar el grado de incidencia del conflicto armado en la participación política se comparó el número de homicidios registrados en las elecciones de 2007 con el porcentaje de abstencionismo (Ver figura 6). Al respecto, no se halló una correlación positiva entre estas dos variables, puesto que municipios como el Carmen de Chucurí registraron un abstencionismo del 55%, aunque presentaron cero casos de víctimas de conflicto armado. Sin embargo, se evidenció que esto no aplica para todos los municipios; se identificó una correlación directa entre homicidios y porcentaje de abstencionismo en los municipios de Barrancabermeja y Aguachica, los cuales en ese periodo registraron un riesgo electoral medio por presencia de las FARC-EP.
Los efectos de la relación violencia política-violencia criminal limita la participación democrática, lo que a su vez aumenta la desigualdad política, hecho preocupante ya que los regímenes democráticos fundamentan sus ideales en principios como la libertad, la justicia y la igualdad. Por tanto, la (Organización de los Estados Americanos -OEA 2015) considera que la democracia está fundamentada en un principio reforzado de la igualdad para posibilitar, entre otros aspectos, el ejercicio de los derechos políticos y para romper con las grandes concentraciones de poder reservadas en ocasiones para una élite política que es mezquina frente a las condiciones sociales de muchas personas en condiciones de pobreza y exclusión social.
Cuando a los ciudadanos se les garantiza el ejercicio de sus derechos políticos en los sistemas democráticos, es una puerta abierta para crear condiciones reales en las que la ciudadanía puede entrar en la disputa por el poder político y aumentar su calidad de vida, ya que con la recompensa monetaria derivada de su trabajo puede suplir sus necesidades básicas. Esto implica que la participación política no se centra únicamente en mirar si los ciudadanos votan o no en una determinada campaña electoral; también tiene que ver con las formas de exclusión que crean desigualdad política, producto de la violencia.
Esto permite inferir que la existencia de fenómenos como la violencia, además de limitar la participación política como es evidente en muchos países en Latinoamérica, también aumenta los niveles de pobreza y exclusión social. Al respecto, la (OEA 2015), por un lado, refiere que la falta de equidad en la participación electoral perjudica los principios básicos de igualdad política y de representación; por otro lado, afirma que
Si una democracia coexiste con altos niveles de pobreza y exclusión, lo que se está diciendo en realidad, es que los derechos fundamentales de una parte importante de la población no están siendo respetados. Ello, para empezar, crea obstáculos muy gravosos para la participación, movilización y representación política de los afectados [...] la falta de vigencia de derechos básicos de la ciudadanía es sugerente de que el proceso democrático no está representando adecuadamente los intereses de los diferentes grupos. (OEA 2015, 12)
Y es que, al observar la violencia política en Colombia, se puede inferir que desde hace décadas atrás los derechos políticos de algunos ciudadanos no han sido respetados, ya que muchos son asesinados, intimidados, y peor aún, obligados a exiliarse a países como Estados Unidos, México y naciones europeas. La tabla N° 1 que toma como corte histórico los asesinatos políticos entre 1986 y 2002, da cuenta también de esta realidad.
| Actividad política | Sin afiliación registrada | Partido Liberal | Partido UP | Partido Conservador | Otra afiliación | Partido Político de Esperanza, Paz y Libertad | M-19 |
| Alcalde | 100 | 31 | 8 | 16 | 4 | 0 | 0 |
| Concejales | 277 | 208 | 50 | 120 | 22 | 7 | 5 |
| Militantes y activistas | 20 | 6 | 159 | 3 | 77 | 114 | 13 |
| Dirigentes políticos locales | 144 | 87 | 53 | 38 | 9 | 4 | 2 |
| Otros funcionarios del Estado | 199 | 11 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Candidatos a Concejo | 52 | 18 | 5 | 9 | 6 | 0 | 2 |
| Dirigentes políticos departamentales | 32 | 34 | 10 | 10 | 3 | 0 | 1 |
| Candidatos a alcaldías | 38 | 14 | 5 | 11 | 7 | 0 | 1 |
| Diputados, concejales | 7 | 19 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| Congresistas | 1 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Dirigentes políticos nacionales | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Otros | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 877 | 450 | 316 | 236 | 134 | 125 | 25 |
| Porcentaje | 38,0 | 15,7 | 10,5 | 8,0 | 4,5 | 4,1 | 0,8 |
Esto es una evidente muestra de desigualdad política y de debilidad institucional, pues pareciese que la violencia es en ocasiones superior a los principios de libertad, justicia e igualdad, fundamentos de los regímenes democráticos.
a) El Índice de Pobreza Multidimensional y abstencionismo electoral
El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) es una forma de medir los niveles de desigualdad y pobreza. Este indicador mide cinco dimensiones: condiciones educativas del hogar, condiciones de la niñez y de la juventud, salud, trabajo y condiciones de vivienda y acceso a servicios públicos. En 2005 el IPM nacional fue del 49%, mientras que el promedio de los municipios del Magdalena Medio fue del 76%, es decir un 27% más alto. Analizando la participación en relación con el IPM, de los 30 municipios de la región, aquellos del sur de departamento de Bolívar fueron los que presentaron porcentajes más altos niveles de abstencionismo, en particular, Tiquisio (95%), Regidor (88%) y Arenal (88%). De estos municipios, Tiquisio (73%) y Arenal (66%).
Figura 7: Comparación IPM 2005 y 2018 con porcentaje de abstencionismo 2005 y 2018
Por otra parte, en 2018 el IPM en el ámbito nacional fue del 19,62%, lo que evidenció una mejoría significativa de las condiciones de vida de la población, puesto que disminuyó en un 29,38% con respecto a 2015. En el Magdalena Medio también se presentó una disminución considerable, al pasar del 76% al 45%, lo que representa una disminución del 31%. En este año los municipios que presentaron mayores porcentajes de hogares con privaciones fueron Tiquisio (73%) y Arenal (62%) en Bolívar, y El Carmen de Chucurí (59%) en Santander. De la misma manera que en las elecciones nacionales de 2016, en las de 2018 los municipios que presentaron mayores porcentajes de abstencionismo fueron Tiquisio (61%) y Arenal (58%).
Además del IPM es importante señalar que el Departamento Nacional de Planeación (DNP) (2017) ha categorizado los municipios con el fin de identificar sus niveles de desarrollo, a partir de seis componentes: funcionalidad urbana, condiciones de vida, económico, ambiental, institucional y seguridad. A partir de estos se establecieron tres tipologías: los municipios con desarrollo robusto, intermedio e incipiente. De esta manera, el 67% (20) de los municipios tuvieron un desarrollo intermedio, el 30% (10) incipiente y solo el 3% (1) un desarrollo robusto, lo cual corresponde al municipio de Barrancabermeja.
Al respecto, es de destacar que hay una coincidencia en que los municipios que tienen desarrollo intermedio e incipiente se caracterizan porque más del 50% de su población es rural, siendo los municipios de Bolívar (89%), el Peñón (83%), Betulia (78%), Landázuri (76%), Rionegro (75%), Tiquisio (73%) y Arenal (73%) los de mayor concentración de la población rural, mientras que Barrancabermeja (10%), Puerto Berrío (10%) y San Pablo (12%) los de menor concentración.
De esta manera, a diferencia de las cifras de desplazamiento forzado y homicidios se registró una relación positiva entre pobreza y abstencionismo. En consecuencia, en los municipios del Magdalena Medio durante el periodo 2007-2019 se evidenció una reducción significativa en los IPM; asimismo se aprecia que existe una relación entre el índice de pobreza y la abstención a votar en las elecciones presidenciales. Los municipios con menores IPM, en promedio, tienden a participar de manera más activa en las jornadas democráticas del país.
Al respecto, es importante señalar que, si bien se evidenció una disminución significativa de los indicadores de pobreza, los municipios del Magdalena Medio se caracterizan por tener bajos ingresos, además de que una gran parte de la población vive en el área rural, lo cual está relacionado con las dificultades de acceso para llegar a los lugares de votación, así como con los altos costos en los que puede incurrir el desplazamiento para acceder a las urnas. Esto se puede explicar mediante la teoría de elección racional, la cual considera al voto como un cálculo entre costos y beneficios; en esta lógica se interpreta que los electores consideran que es mayor el costo que desplazarse a las urnas que el beneficio que se podría obtener de ello, en especial en el hecho de que su voto sea determinante para los resultados de la elección.
VI. CONCLUSIONES
La región del Magdalena Medio dada su ubicación estratégica ha sido de gran interés para los grupos armados al margen de la ley: narcotraficantes, FARC-EP, ELN, paramilitares y GAO, quienes han realizado procesos de cooptación de la democracia, limitando de este modo la participación política y debilitando las instituciones del Estado. Además, han generado riesgos electorales visibles en el desplazamiento forzado, la violencia política y la intimidación constante debido a la presencia de estos mismos grupos; sin embargo, estos riesgos no son homogéneos para todos los municipios. Por ejemplo, en 2007, Morales, Simití, Santa Rosa del Sur, San Pablo y Cantagallo (departamento de Bolívar) presentaron fuertes desplazamientos forzados, no aconteciendo este mismo hecho en otros entes territoriales de la misma región.
El análisis de los riesgos electorales entre 2007-2019 permiten identificar, que el Acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP, generó una disminución significativa de los riesgos por presencia de este grupo armado; empero, esto permitió que se aumentara el riesgo por presencia del ELN y de los GAO para llenar el vacío de poder dejado por las FARC-EP.
Si bien es cierto que la región del Magdalena Medio, tuvo el mayor riesgo electoral en 2007 por las acciones de las FARC-EP, se evidencia actualmente una disminución a pesar del dominio territorial que ejercen otros actores armados.
Se constata que los municipios de la región del Magdalena Medio, respecto al resto del país tienen características muy particulares, porque, primero, las acciones de los GAO en 2010 disminuyeron en todo el territorio nacional, excepto para esta región; en este año se comprobó que los GAO financiaron varias campañas electorales y realizaron coacción económica del votante. Segundo, se identificó que entre 2007-2019 no existió siempre una relación directa entre abstencionismo y presencia de grupos armados, porque hay municipios donde no se registró un elevado número de acciones violentas y su participación electoral en comicios fue baja. Tercero, hubo municipios que no registró homicidios en intervalos de tiempos, y su abstencionismo fue alto como pasó con el municipio de Carmen de Chucurí, que para el 2007 los niveles de abstencionismo llegaron al 55%. Cuarto, se encontró una relación entre el índice de pobreza y altos nivel de abstención a la hora de votar para elecciones presidenciales.
