## I. INTroDuCCiÓN partir de la década de 1990 hasta el año 2005 se generó en Bolivia un proceso de constitución de diversos actores sociales que lograron articular sus demandas particulares. En el siguiente artículo se describe cuáles fueron los actores sociales de Bolivia que se visibilizaron durante este ciclo de movilizaciones y se analiza de qué manera generaron la confluencia de sus reclamos. No se afirma que Bolivia sea un modelo, sino una experiencia (Negri, 2007). Ya que las características histórico-sociales de cada país condicionan las dinámicas sociales, generando particularidades que no se repiten en otros lugares. Por lo que las especificidades de cada experiencia político-social se relacionan con rasgos como la identidad, la composición de clase, el origen del Estado-nación, entre otras. En el caso específico de Bolivia la importancia de las comunidades originarias y la historia de dominación de diferentes imperios, primero el español a través de la colonia y, luego, el estadounidense, a través de los capitales trasnacionales, han generado estrategias de supervivencia y resistencia de los diferentes actores que integran la sociedad boliviana. Los procesos político-sociales se manifiestan de diversas maneras y surgen de la capacidad de los oprimidos para tejer redes de trabajo y participación (Altamirano, 2019). Los sectores dominantes responden con nuevas estrategias, generando una relación dialéctica en la que los oprimidos encuentran nuevas formas de resistir esas respuestas. De esta manera, se disputa la hegemonía, en una formación de procesos históricos que configuran las dinámicas propias de cada sociedad (Altamirano, 2019). En esta línea, se pretende entender las particularidades del proceso boliviano que generaron la base material para el surgimiento de la Coordinadora de las seis federaciones del Trópico (sindicatos de productores de coca), la Coordinadora en Defensa del Agua y la Vida y la Coordinadora Nacional de Recuperación y Defensa del Gas, y su posterior confluencia.[^3] El abordaje de este ensayo se realiza desde una metodología cualitativa, a partir de una historización desde fuentes documentales de la época y una revisión de las conceptualizaciones teóricas propuestas por autores como, Antonio Negri (2008), Isabel Rauber (2006), Enrique Dussel (2006), Raúl Zibecchi (2005), Ernesto Laclau (2005) y Nicola Neso (2013). ## II. DeFiniciones en Clave Sociológica Sobre los Actores Sociales Para poder describir e identificar los actores sociales que se gestaron durante el periodo de estudio es necesario comenzar definiendo este concepto que es nodal para el estudio de las ciencias sociales. Numerosos autores han desarrollado una concepción acerca de los actores sociales. Isabel Rauber (2006) afirma que "..actores sociales son aquellos grupos, sectores, clases, organizaciones o movimientos que intervienen en la vida social en aras de conseguir determinados objetivos particulares, sectoriales, propios." (Rauber, 2006, p. 3). En esta concepción se identifican los actores sociales como espacios colectivos, caracterización que es adecuada para explicar los procesos políticos desde la pluralidad. En este mismo sentido el sociólogo francés Alain Touraine (1984) entiende que "Un actor social es un sujeto colectivo estructurado a partir de una conciencia de identidad propia, portador de valores, poseedor de un cierto número de recursos que le permiten actuar en el seno de una sociedad con vistas a defender los intereses de los miembros que lo componen ylo de los individuos que representa." (Touraine, 1984, p. 112). Es importante, en esta definición, el hecho de que el actor social debe ser estructurado. Más allá de si su organización es centralizada, descentralizada, jerárquica u horizontal, es importante que los sujetos particulares que participan del sujeto colectivo se organicen y pertenezcan, en mayor o menos medida, de una estructura de tareas y roles. Esta puede ser flexible, pero no por ello inexiste[^1]nte. Finalmente, Mario Testa, propone una definición basada en la capacidad de impacto de los actores sociales en la agenda política "Un actor social es aquel que tiene capacidad de acumular poder para instalar un tema en la agenda pública, y lograr incidir de algún modo en la discusión y tratamiento del mismo" (Testa, 2007, p. 258). Resumiendo las definiciones anteriores, en este ensayo, se entiende a los actores sociales como sujetos colectivos que, en defensa de intereses particulares de los individuos que los componen o representan, inciden en la dinámica política de una sociedad en una determinada coyuntura. Estos colectivos deben organizarse y estructurarse de tal manera que sea posible distinguir con claridad sus objetivos y metodologías de acción. Por el contrario, serían meros grupos atomizados que realizan acciones dispersas sin una hoja de ruta definida y que, por consiguiente, tienden a tener una existencia efímera. Por ende, y a partir de esta definición, se propone a continuación un análisis de la Coordinadora de las seis federaciones del Trópico (sindicatos de productores de coca), la Coordinadora en Defensa del Agua y la Vida, y la Coordinadora Nacional de Recuperación y Defensa del Gas. Se considera que estos son los tres actores sociales más importantes del ciclo de movilizaciones del período propuesto en Bolivia. ## III. Sobre la Coordinadoral de Las Seis FEDerACioNes Del Trópico Planteando un orden cronológico, el primero de estos actores en constituirse fue la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico, que núcleo a la mayoría de los sindicatos de productores de coca, frente a los intentos de los gobiernos estadounidenses y bolivianos por condicionar, e incluso erradicar, su cultivo. El sujeto social que conformó este colectivo se formó a partir de campesinos minifundistas migrantes del altiplano o ex mineros provenientes de las minas de estaño, y su identidad surge como "alternativa a la identidad india o de pobre urbano, pues toma elementos del sujeto indígena y también del sindicalismo minero, transmitido a la zona por los mineros relocalizados, organizadores de los primeros sindicatos" (Castillo Gallardo, 2004, p. 21). Por lo que el componente étnico y campesino es fundamental para determinar sus orientaciones y acciones. El auge productivo de esta planta comenzó en la década del 50, fomentado por el gobierno de Victor Paz Estenssoro, del Movimiento Nacional Revolucionario, a causa de las migraciones internas hacia la provincia del Chapare, que desplazó los Yungas del norte del departamento de La Paz como la principal zona de cultivo de coca. Con el tiempo fue convirtiendo en el cultivo más rentable de la economía de Bolivia, gracias a que puede dar tres o cuatro cosechas por año y que su valor aumentó considerablemente en los años 90, debido a las políticas de erradicación de la hoja de coca del gobierno y organismos internacionales (Neso, 2013). Los intentos por detener su producción y consumo comenzaron en 1961. Con apoyo del gobierno estadounidense se promulgó una ley que impedía su cultivo y la práctica de mascar la hoja de coca, pero no dio resultado. Para el año 1985 se ejecutó el plan trienal de lucha contra el narcotráfico2 y en 1987 se produjeron enfrentamientos entre cocaleros y las fuerzas armadas. Los manifestantes cortaron las rutas de acceso a Cochabamba exigiendo participar del debate sobre las leyes que los involucraban (Neso, 2013). En 1998 se complejiza el entramado legal, ya que el congreso aprueba la Ley 1008 o de Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, que establecía las zonas legales de producción y prohibía su cultivo en la zona del Chapare. La ley determinó tres tipos de zonas. Una de producción tradicional, donde la práctica de cultivo de la hoja de coca estaba limitado a satisfacer la demanda de la masticación (acullicu en quechua), usos rituales y medicinales; una segunda zona de producción excedentaria en transición, integradas por aquellos lugares donde, a pesar de sobrepasar la demandas de las prácticas licitas se estaba realizando una transición a otros cultivos; y finalmente las zonas de producción ilícitas donde estaba prohibida la producción de coca, independientemente del uso final. Ese mismo año se realizó el "Primer Encuentro Nacional de Productores de Coca" donde se presentó un proyecto de ley que diferenciaba la hoja de coca de las substancias químicas derivadas. El proyecto fue desoído por el gobierno que se enfrentó a los manifestantes con un saldo de 17 fallecidos por parte de los manifestantes. Finalmente, en el año 1991 surge, en respuesta a la ascendente ofensiva del gobierno boliviano y de los EEUU, la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico, nucleando a los diferentes sindicatos de productores de coca del trópico de Cochabamba. De esta manera, nacía uno de los actores sociales que, a la postre, se convertiría en uno de los más importantes de Bolivia, del cual emergió la figura de Evo Morales3 como uno de sus referentes. A pesar de la organización de los cocaleros, durante la década de los 90, con las presidencias de Gonzalo Sánchez de Losada2 y de Hugo Banzer Rurales (UMOPAR), una campaña de represión violenta durante todo un año (1986), en contra de las familias campesinas de las federaciones de Carrasco y Chimoré (Salazar Ortuño, 2008) Suárez2 se implementaron las políticas de opción cero, de erradicación total de los cultivos, con apoyo de la embajada estadounidense, lo que sostuvo el grado el enfrentamiento de la coordinadora con el Estado boliviano (Altamirano, 2019). En el año 2000, en medio de una escalada de la represión del gobierno, amparada por el gobierno de Estados Unidos, la coordinadora de las seis federaciones del trópico comienza a tender puentes con las coordinadoras que estaban llevando a cabo un conflicto con el gobierno en defensa de otros bienes considerados comunes por los miembros de la comunidad boliviana, el gas y el agua (Neso, 2013). ## IV. Las Coordinadoras en Defensa de Los Bienes Comunes ### a) La Coordinadora en defensa del agua y la vida En el auge y hegemonía del período neoliberal, no sólo en Bolivia sino en toda la región, se proponía la privatización como una forma de aumentar la productividad y la eficiencia de las empresas estatales, considerando que bienes comunes como el agua, eran recursos privatizables y convertibles, en un servicio rentable. En este contexto, específicamente en el año 1996 el gobierno boliviano intentó licitar la compañía de aguaSEMAPA[^6], argumentando la no sostenibilidad de una buena prestación y uso sustentable del agua por parte de la comunidad. Por medio de un decreto, sin respetar los plazos ni pasos de la licitación, se otorgó la concesión a la compañía norteamericana Betchel. Ante esta medida se agruparon manifestantes, comandados por el líder obrero Oscar Olivera, que exigían la propiedad comunal de los recursos hídricos. Es en este contexto que surgió la Coordinadora en Defensa del Agua y la Vida, específicamente en el año 1999. Este emergente actor social contaba entre sus integrantes con los regantes del valle de Cochabamba, quienes poseían un conocimiento técnico relevante sobre la gestión comunitaria indígena del servicio del agua, en virtud de lo cual se convirtió en un actor con una fuerte legitimidad en la cuestión de los recursos hídricos y en una de las fuerzas más importantes de la Coordinadora (Bascuas, 2013). La participación y preponderancia de los regantes del valle de Cochabamba dan cuenta de la trascendencia de los pueblos originarios durante este período, ya que para estos grupos las luchas supusieron el reconocimiento de sus 'usos y costumbres vinculadas con la idea de buen vivir y del uso responsable de los recursos naturales (Blanco Fares, 2014). El conflicto se agudizó y a inicios del año 2000, diversas movilizaciones lograron generar un bloqueo a la ciudad de Cochabamba. La primera manifestación concluyó con la toma de la plaza central, donde se organizó la junta de cincuenta mil firmas para la concreción de un referendum que estableciera que el agua tenía que ser un bien público, mientras se pedía la expulsión de la empresa Agua del Tunari. En abril de ese año, los enfrentamientos se profundizaron con bloqueos de todas las vías de comunicación, ocupación de edificios públicos y de la sede de la empresa y el apresamiento de los líderes de la revuelta (Neso, 2013). Finalmente, en el año 2001, la Coordinadora del Agua logró que el Estado le saque la concesión a la empresa extranjera Agua del Tunari y derogar la controvertida ley $2029 ^ { 8 }$,que permitía a las empresas cobrar por el uso particular de los acuíferos públicos y para que los bienes inmuebles pudieran ser garantía para enfrentar deudas con las proveedoras del servicio. Esto significaba que Aguas del Tunari podía cobrar por el agua que los vecinos extrajeran de sus pozos, del río o incluso recogieran de la lluvia. ### b) La Coordinadora Nacional de Recuperación y Defensa del Gas En los años noventa se descubrieron grandes yacimientos de gas natural en el sureste del departamento de Tarija. La inevitable atención de los mercados extranjeros se hizo sentir rápidamente, ya que un consorcio de tres multinacionales de hidrocarburos (Repsol, British Gas y BP-Amoco) presentó en 2001 un plan de utilización del gas boliviano para cubrir el déficit de la costa oeste en los Estados Unidos (Neso, 2013). Transportado a través de los Andes hasta el Pacífico, el gas de Tarija tenía que licuarse y ser movilizado a México en barco, para un proceso de regasificación, y llegar a la costa de California (Neso, 2013). Ante esta iniciativa que consolidaba el proceso de privatización de los recursos energéticos que comenzó en 1995, se fundó la Coordinadora Nacional de Recuperación y Defensa del Gas, en abril de 2003. Esta coordinadora "impulsó un camino parecido al transitado tras la Guerra del Agua: convertir en central la prerrogativa civil de fijar la agenda pública y de decidir sobre los asuntos que a todos incumbían: recuperación del gas y la asamblea constituyente" (Gutierrez Aguilar, 2008, p. 266). Esta tenía una fuerte presencia en la ciudad de la Paz, a diferencia de las dos coordinadoras anteriores que se nuclearon en la zona de Cochabamba. A partir de las movilizaciones que propuso la Coordinadora Nacional de Recuperación y Defensa del Gas en septiembre y octubre de 2003 se comienzan a articular las fuerzas de los tres principales actores sociales de este período, ya que se convocó tanto a la Coordinadora en Defensa del Agua y la Vida como a la de las seis federaciones del trópico a formar parte de las movilizaciones. Luego, durante los primeros meses de 2004 se llevaron adelante en Oruro, Cochabamba y El Alto, principales ciudades de los conflictos, reuniones públicas de los movimientos sociales convocados, principalmente, por la Coordinadora del Gas en conexión con otras organizaciones. Estas reuniones consistían en abrir espacios de debate entre distintas figuras versadas en hidrocarburos y economía, además de organizaciones sociales que habían participado en los levantamientos (Gutierrez Aguilar, 2008). ## V. La Discusión ACerca de la Articulación de Los Diversos Actores SOCiALES Para Antonio Negri (2006), esta articulación de las demandas particulares llega al punto de convertirse en un movimiento de los movimientos, ya que da forma, en Bolivia, al período histórico de nacimiento, fortalecimiento y auge de los movimientos sociales y políticos como expresión crítica al neoliberalismo. Según Negri (2006) este fenómeno tiene tres ejes fundamentales: Crítica a los límites de la democracia; crítica al poder; transformación de la categoría de trabajo (Negri, 2006). El primero de estos ejes apunta a la crítica que plantean los movimientos sociales a uno de los fundamentos de las democracias occidentales, es decir a la idea de representación. Ya que se pone en crisis la relación entre el sujeto de representación y el ejercicio del poder. En segundo lugar, los nuevos movimientos sociales plantean que el poder que se ejerce desde las instituciones está fetichizado, ya que quien ocupa los cargos, en muchas ocasiones, desoye el mandato popular y persigue intereses contrarios a los de la comunidad. Enrique Dussel (2006) diferencia el poder político como potentia y como potestas. El primer tipo de poder es el que surge de la comunidad política, el segundo es el poder delegativo que ostentan las autoridades a través de la delegación. Es por esto que en una democracia virtuosa la legitimidad del poder político residiría en la comunidad y no en las instituciones. Por último, se encuentra la crítica a la idea de trabajo, sobre todo por la profundización de la precarización de las condiciones de trabajo a partir del neoliberalismo. En las últimas décadas "el trabajo asalariado ha dejado de ser la relación social predominante del sistema capitalista. La globalización excluyente ha llevado la injusticia social a tal extremo que ser explotado en las condiciones legales vigentes (convenios colectivos, trabajo registrado) parece ser un verdadero privilegio." (Grabois, 2014, p. 5). En contraste los movimientos sociales entienden que el trabajo debe ser, ante todo, una actividad social orientada al desarrollo de las personas, no a profundizar las desigualdades. Para lo cual proponen lógicas de trabajo solidarias, cooperativas, ecológicas. Algunos de estos actores que proponen esta perspectiva sobre el trabajo son el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE)o en Argentina y el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra () en Brasil. Para Laclau (2005), las demandas particulares dan forma a los actores sociales, pero es posible que al no resolverse estas de manera satisfactoria los sujetos que integran estos grupos identifiquen que existen otros actores sociales con diferentes demandas insatisfechas lo que puede generar una distancia mayor entre el sistema institucional y la población. A estos reclamos sectoriales los denomina demandas democráticas independientemente del contenido ideológico que tengan. Cuando una de estas demandas no se satisface, puede que se articule con otras demandas también insatisfechas y se produzca una equivalencia entre las mismas generando una de tipo popular. Esta articulación de las exigencias particulares "varía en cada caso y depende de las construcciones históricas, las experiencias previas, las identidades y las memorias colectivas." (Retamozo, 2017, p. 172) En el caso boliviano este descontento está relacionado con la forma en que los gobiernos regionales y el gobierno central buscan gestionar los recursos naturales, el agua y el gas, y alterar la dinámica productiva agraria de una parte importante del sector campesino, es decir, el cultivo de coca. Las demandas democráticas de las tres Coordinadoras encuentran puntos de equivalencia que transforman a reclamos particulares en demandas populares, constituyendo un sujeto político que se enfrenta al modelo político-económico del gobierno nacional. La privatización colisiona con las propuestas de las comunidades originarias sobre los bienes comunes, no sólo en las zonas rurales sino también en los principales espacios urbanos como, por ejemplo, en La Paz, específicamente en la zona del Alto. En esta ciudad la inmigración interna del campo a la ciudad tuvo un gran impacto en la composición demográfica (Zibecchi, 2005). Estos nuevos habitantes trajeron consigo sus vínculos, tradiciones y cosmovisiones, y comenzar a entablar relaciones comunitarias que consistían en mutaciones o adaptaciones de los Ayllus al nuevo medio de vida al que los sectores campesinos se vieron en obligación de habitar. Es decir, este paso de una vida rural y de trabajar la tierra, a un contexto de urbanidad precarizada y trabajo industrial. Una de las concepciones del modo de vida comunitaria de los pueblos andinos es la propiedad colectiva de los bienes comunes, que se comprenden por fuera de las concepciones público-privada, sino que es aquello que comparten los habitantes de una misma comunidad. Las demandas populares que se gestaron de la mano de esta articulación de los diversos actores sociales fueron, la no privatización del agua, nacionalización de los recursos naturales derivados del petróleo, especialmente de la explotación de gas, participación de las comunidades de pueblos originarios en los órganos de gobierno, el respeto y reconocimiento de los productores cocaleros. ## VI. CONCLUSIÓN Los actores sociales más importantes del período analizado responden a una dinámica de resistencia y enfrentamiento a las decisiones del gobierno boliviano. Tanto en la cuestión prohibicionista con el cultivo de coca como con los intentos por privatizar los bienes comunes en el caso del agua y el gas. Esta matriz de resistencia frente a las iniciativas del poder central generó demandas particulares, o democráticas que ayudaron a constituir la afirmación de un sujeto popular en Bolivia, a partir de la confluencia en movilizaciones como la del 13 de Octubre de 2003 o en instancias deliberativas como asambleas, reuniones o encuentros en los que se diagramaron algunas propuestas articuladas de resistencia común frente a las políticas neoliberales, como por ejemplo las convocadas por la Coordinadora Nacional en Defensa y Recuperación del Gas. En Bolivia, las particularidades que signaron a esta articulación de actores sociales que devino en un movimiento de los movimientos están vinculadas, en primer lugar, a la importancia de la dimensión étnica de los sujetos involucrados, debido a la influencia de las personas descendientes de pueblos originarios que participaron como base social de las diferentes coordinadoras. Un segundo elemento es la crisis de representación, ya que la legitimidad de la clase gobernante venía mermando a partir de las medidas neoliberales impuestas. Por último, es menester considerar como un factor relevante la confrontación entre dos dinámicas productivas que se enfrentaron durante el período estudiado, una vinculada a las tradiciones y la gestión colectiva de los bienes comunes y otra de extranjerización y privatización, de impronta neoliberal. Recuperar estas experiencias de movilización y articulación popular-ciudadana es importante para analizar experiencias actuales o futuras en las que actores sociales que busquen una mejora en las condiciones de vida de sus integrantes, garantías en el goce de sus derechos o la defensa de los bienes comunes. Por otra parte, nos permiten obtener saldos organizativos y una memoria colectiva para que en los momentos de repliegue de las fuerzas populares tengamos faros que sirvan de guía. También sería posible, a partir de la experiencia boliviana, indagar acerca de las potencialidades y limitaciones de estos procesos de movilización popular, tanto en su faceta protesta como en su capacidad para generar alternativas de poder constituyente, así como la gestación de identidades que posibiliten la construcción de mayorías que funcionen como agentes de transformación social. [^1]: Una coordinadora esta integrada por un grupo de personas que organizan las tareas para la concreción del objetivo u objetivos de un colectivo. _(p.2)_ [^3]: Juan Evo Morales Ayma nació en Isallavi, Bolivia en 1959. Fue presidente electo de la república desde el 18 de diciembre de 2005, hasta el golpe de Estado del año 2019. Fue el primer presidente boliviano proveniente de las comunidades de pueblos originarios. Su carrera política comenzó como referente de los productores cocaleros en Cochabamba, siendo secretario general de la Federación Especial del Trópico de Cochabamba por primera vez en 1985. Actualmente es presidente de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico y líder del Movimiento Al Socialismo. _(p.3)_ [^4]: Gonzalo Sánchez de Losada nació en La Paz, Bolivia en 1930. Es un político boliviano, dos veces presidente de la República. La primera entre 1993 y 1997 y la segunda en las elecciones de 2002, aunque abandonó el cargo en octubre de 2003 tras varias semanas de revueltas populares. Residió en los Estados Unidos,en los años de su infancia y juventud y se graduó en Filosofía y Letras por la Universidad de Chicago. _(p.3)_ [^5]: Hugo Bánzer Suárez nació en Concepción, Bolivia 1921 y murió en Santa Cruz, Bolivia en 2002, fue un militar boliviano. Presidente de Bolivia en dos ocasiones: una entre 1971 y 1978, por medio de un golpe de Estado, y la segunda entre 1997 y 2001, por medio de elecciones. _(p.3)_ [^6]: Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SEMAPA) es una sociedad de economía mixta que fue creada durante la Presidencia de Rene Barrientos Ortuño en 1967 que se encarga de satisfacer las necesidades del servicio de agua potable, recolección y tratamiento de aguas residuales de la población, dentro del área de regulación de la provincia Cercado del departamento de Cochabamba. _(p.3)_ [^7]: Aguas del Tunari es una empresa formada por las empresas Betchel (EEUU), Edison (EEUU), Politropolis, Petricevich (Bolivia), SOBOCE SA (Bolivia) y el consorcio español Abengoa SA. Esta ley se aprobó luego de la concesión del servicio a Aguas del Tunari, por lo que sirvió como una forma de legalizar la privatización, permitiendo, entre otras disposiciones, la venta de los recursos hídricos. _(p.4)_

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