I. IntroduCCion
uestra constituciΓ³n histΓ³rica de 1853/60 regulaba una democracia representativa o indirecta, donde el pueblo elegΓa a sus representantes y eran ellos los que llevaban a cabo las polΓticas del Estado.
Con la reforma constitucional de 1994 nuestro paΓs incorporΓ³ otro tipo de democracia a la ya existente, la llamada democracia participativa, donde el pueblo participa directamente, sin representantes, en la toma de decisiones polΓticas. Y lo desarrolla a travΓ©s de las llamadasiniciativas y consultas populares.
Sin embargo, a pesar de intervenir el pueblo en una de las etapas -la de decisiΓ³n- no se ha logrado revertir la crisis polΓtica e institucional que alcanza tambiΓ©n al Poder Judicial.
Ellorequiere regresar a la base de la soberanΓa popular y permitir la participaciΓ³n del pueblo en todos los poderes del Estado, a travΓ©s de la denominada democracia participativa ampliada o genΓ©rica.
En este estudio introductorio realizamos la inclusiΓ³n de la participaciΓ³nciudadana en los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), con herramientas y formatos conocidos y otros novedosos, para lograr de este modo llegar a una verdadera democracia del pueblo.
II. ANTECEDENTES HISTΓRICOS
a) EvoluciΓ³n HistΓ³rica
En la antigΓΌedad, Grecia, Roma.., el gobierno nacΓa de la voluntad popular,' surgiendo a veces en manifestaciones expresadas directamente en asambleas como la "eclessia" ateniense o los "comicios" romanos, a donde podΓan manifestarse la gran mayorΓa de los integrantes de la sociedad.
Luego transcurriΓ³ un largo perΓodo donde el pueblo decidΓa las cuestiones polΓticas a travΓ©s de un representante, elegido por medio de elecciΓ³n populares, hasta llegar a la democracia participativa, donde el pueblo participaba directamente sin intermediarios ni representantes.
Pero las experiencias desarrolladas en finales del siglo XVIII, principios y mediados del siglo XIX, y algunas medidas tomadas en el siglo XX, no fueron muy alentadoras.
Como dato histΓ³rico, el plebiscito consagrado en las Constituciones Europeas posteriores a la Primera Guerra Mundial, con el propΓ³sito de consolidar nuevas democracias, fue una herramienta decisiva para el surgimiento de los regΓmenes totalitarios en varios paΓses.12
Fueron tambiΓ©n las elecciones plebiscitarias las que concedieron un poder absoluto a Mussolini, en Italia (1922), y a Hitler en Alemania (1932 y 1933). El plebiscito constitucional de 1993 consolidΓ³ tambiΓ©n en Portugal el autoritarismo de Oliveira Zalazar. Las elecciones plebiscitarias en Bulgaria, Checoslovaquia, HungrΓa, Polonia y Rumania avalaron la instalaciΓ³n de las autocracias comunistas impuestas por la entonces UniΓ³n SoviΓ©tica. TambiΓ©n por la ley de 1945 el franquismo introdujo esta tΓ©cnica en EspaΓ±a. Todo ello motivΓ³ que en las Constituciones posteriores a 1945 que implantaron sistemas democrΓ‘ticos, las formas de democracia semidirecta fueran limitadas considerablemente.
b) Suiza
Aunque, hubo otros ejemplos con mejores resultados, el modelo histΓ³rico por excelencia de las instituciones de democracia participativa es el de Suiza. Es el estado federal pionero en la incorporaciΓ³n y utilizaciΓ³n de elementos de democracia directa en 1874, introduciendo en 1891 la iniciativa popular constitucional.
Para Spota la iniciativa al igual que el referΓ©ndum, es una realidad de la vida polΓtica de ese paΓs que ha incidido en decisiones fundamentales de la ConfederaciΓ³n.3 Los ciudadanos tienen derecho a la iniciativa y pueden reformar la ConstituciΓ³n. Si el comitΓ© que organiza la iniciativa consigue reunir cien mil firmas en un plazo de no mΓ‘s de 18 meses, el electorado efectΓΊa una votaciΓ³n pΓΊblica. Los asuntos sujetos a iniciativa o a referΓ©ndum sΓ³lo son aprobados si una mayorΓa del electorado y una mayorΓa de los cantones lo avalan. En el aΓ±o 2003 se aprobΓ³ una reforma constitucional que incorporΓ³ la "iniciativa popular general" que permite modificar e implementar leyes federales. A nivel nacional se han presentado ciento cuarenta y cuatro iniciativas (144), de las cuales solo trece (13) fueron aceptadas. La iniciativa se encuentra regulada a nivel cantonal (Estadual) dividida en veintitrΓ©s Estados cantones2.
c) EE. UU.
En Estados Unidos de AmΓ©rica, no estΓ‘ regulada a nivel Nacional, pero si a nivel Estadual, como enOregΓ³n, Utah y Dakota del Sur, que la incorporΓ³ en 1898. Presenta la particularidad que, en los dos primeros es "directa", es decir, que son sometidas directamente a votaciΓ³n de los ciudadanos, en cambio en la "indirecta" se le otorga a la legislatura un plazo para expedirse sobre la misma. Esta ΓΊltima se visualiza en los Estados de Ohio, Massachussets y Washington.
d) AmΓ©rica
Durante los aΓ±os 90'la participaciΓ³n ciudadanafue incluida en casi todas las Constituciones de AmΓ©rica Latina. En Brasil se incluyo en la reforma del aΓ±o 1988; Colombia la incorporΓ³ en el aΓ±o 1991; Paraguay en 1992; Ecuador en el aΓ±o 1998; Venezuela en 1999; Bolivia en 2004; Costa Rica en 2002, y Honduras en 2004 -entre otras-.
Para destacar tenemos, podemos mencionar a Uruguayes uno de los paΓses que mΓ‘s la utiliza, desde el aΓ±o 1919.
Mientras que los paΓses que ampliaron el nΓΊmero de los tipos de democracia participativa fueron Venezuela (1999), Chile (2000), Guatemala (1994), Uruguay (1997), Colombia (2001), PerΓΊ (1993 con reformas en el aΓ±o 2000 de la ley 26300), Bolivia en 2004.
Algunos de los paΓses han utilizado las democracias participativas para reformar su ConstituciΓ³n fueron: Bolivia (2008), Venezuela (1998 y 2007), Chile (1989), Ecuador (2007 y 2008), PanamΓ‘ (1998), Uruguay (1989, 1994,1996, 1999 y 2009) y Venezuela (1999, 2007 y 2009).
TambiΓ©n algunos Estados decidieron la continuidad o la destituciΓ³n del presidente mediante la revocatoria de mandato, como ser Venezuela (2004).
En cuanto a temΓ‘ticas especificas debemos mencionar su utilizaciΓ³n para fijar la nacionalizaciΓ³n de recursos naturales y polΓticas energΓ©ticas, siendo consultadas en Bolivia (2004), Ecuador (2006) y Uruguay (2004) entre otros.
III. REgUlACion eN ARgENtina
En Argentina, debemos remontarnos al 25 de mayo de 1810 donde el pueblo ratificΓ³ por aclamaciΓ³n a la Nueva Junta Gubernativa de las Provincias Unidas del RΓo de la Plata, en un acto que podrΓamos denominar de democracia directa.
En la ConstituciΓ³n de 1853/60, no se incorporaron los Institutos del ReferΓ©ndum, Plebiscito o Iniciativa Popular -mΓ‘s aΓΊn, hay autores que los consideraban violatorios de los arts. 1 y 22 de la ConstituciΓ³n-, por lo que se adoptΓ³ la forma Representativa de Gobierno.
La Corte Suprema de Justicia de la NaciΓ³n no se expidiΓ³ hasta la fecha sobre la constitucionalidad o no de esta forma de democracia semidirecta, si bien en "Baeza"3, encontramos opiniΓ³n en las disidencias de los doctores Fayt y Belluscio quienes se expresaron en similares tΓ©rminos: "...que el advenimiento de la democracia contemporΓ‘nea ofrece una perspectiva no prevista por el constitucionalismo clΓ‘sico y obligarΓ‘ a reconocer a toda persona, legalmente capacitada, a tomar parte directamente en el gobierno de su paΓs, mediante el ReferΓ©ndum o cualquier otro medio de consultao participaciΓ³n popular..
Por otra parte, la declaraciΓ³n de los derechos del hombre y del ciudadano, asΓ como el liberalismo que se instaura a fines del siglo XVIIl y se expande durante el siglo XIX fueron los pilares de una incipiente nueva manera de entender el lugar del individuo como tal y como ciudadano frente a las relaciones con el Estado, esto es como titular de derechos especΓficos, polΓticos primeramente como el sufragio y su otra cara, la elegibilidad para ocupar cargos pΓΊblicos.
El reconocimiento, toma de conciencia y ejercicio de esos derechos, dio origen a lo que se denomina "democracia representativa", dado que concluido el acto del sufragio, el ciudadano se recluΓa en sus actividades, entendiendo a Γ©ste como ΓΊnica manera de interesarse y expresar su pensamiento respecto a las cuestiones del gobierno y del Estado y depositando en sus "representantes" la responsabilidad y decisiΓ³n de tales cuestiones.
En esta lΓnea de pensamiento se enrolΓ³ el constituyente argentino de 1853 al establecer categΓ³ricamente en el artΓculo 22 de la ConstituciΓ³n Nacional que "el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes", postura Γ©sta que generΓ³ mΓΊltiples debates en la doctrina nacional y que de alguna manera dificultΓ³ otras formas de intervenciΓ³n de los ciudadanos en los asuntos pΓΊblicos4.
SostenΓa Badeni que la experiencia de haber otorgado la Suma del Poder PΓΊblico a Juan Manuel de Rosas en virtud del plebiscito de 1835, impulsaron a los constituyentes de 1853 a descalificar tales formas de democracia semidirecta5.
Por otro lado, tΓ©ngase presente en esa etapa de la historia la existencia de numerosas restricciones al propio sufragio; recuΓ©rdese que por ejemplo los analfabetos, las personas de recursos econΓ³micos reducidos y las mujeres no podΓan ejercer ese derecho, lo cual aparejΓ³ una despreocupaciΓ³n o impotencia de los individuos frente a todo el accionar del Estado.
Con el correr del tiempo y ya en el siglo XX, la sociedad se volviΓ³ cada vez mΓ‘s compleja y pluralista, ya que se produjeron profundas transformaciones en todos los Γ‘mbitos de la vida social, cultural, econΓ³mica y hasta domΓ©stica de los hombres y mujeres en todos loslugares del mundo, tales como la apariciΓ³n de grupos de presiΓ³n, la creciente asociaciΓ³n de los ciudadanos reflejada en los mΓΊltiples sindicatos y empresas que surgieron, la limitaciΓ³n de la jornada laboral que cediΓ³ tiempo libre para el desarrollo de otras actividades, la eliminaciΓ³n paulatina de las restricciones del sufragio, como asΓ tambiΓ©n las experiencias bΓ©licas padecidas, los avances cientΓficos y tΓ©cnicos.
Se advierte asΓ tambiΓ©n de forma notoria y palpable, la existencia de una brecha entre los ciudadanos electores y sus representantes, entre las necesidades y expectativas de aquellos y el ejercicio responsable y acorde de su cargo o funciΓ³n de Γ©stos.
Se suma a ello, ya en los ΓΊltimos aΓ±os, un nuevo fenΓ³meno a nivel mundial surgido de las crecientes relaciones econΓ³micas entre individuos y/o empresas de distintos paΓses y que posteriormente avanza en todos los Γ‘mbitos de la realidad, esto es la globalizaciΓ³n y que paradΓ³jicamente generΓ³ una vuelta a aquellas unidades polΓticas-administrativas mΓ‘s reducidas, esto es los municipios, haciendo hincapiΓ© en sus autonomΓas y denotando un aumento en el interΓ©s de sus integrantes en la formaciΓ³n y decisiΓ³n de las cuestiones pΓΊblicas.
Con el fin de posibilitar una intervenciΓ³n mΓ‘s activa de la ciudadanΓa, empiezan en distintos Estados a ponerse en prΓ‘ctica e institucionalizarse, diversas formas de democracia semidirecta., tales como el referΓ©ndum, la iniciativa popular y la revocatoria de mandatos, dando asΓ los primeros pasos de lo que en la actualidad damos en llamar "democracia participativa", adecuΓ‘ndose los Estados ales a un nuevo rol o actuaciΓ³n.
a) RegulaciΓ³n Provincial
En cuanto a su regulaciΓ³n constitucional en el Γ‘mbito provincia vemos un desarrollo muy activo y anterior a la reforma de 1994, entre ellos podemos mencionar los siguientes:
Mendoza (1916) ReferΓ©ndum para la reforma constitucional. (ArtΓculo 221)
Buenos Aires (1934) ReferΓ©ndum para la reforma constitucional. (ArtΓculo 192)
CΓ³rdoba (1923) Iniciativa ciudadana, referΓ©ndum y revocatoria de mandato para la legislaciΓ³n municipal. (ArtΓculo 152)
Entre RΓos (1933) Iniciativa ciudadana, referΓ©ndum y revocatoria de mandato para la legislaciΓ³n municipal. (ArtΓculo 193)
1950-1960 Chaco (1957) Iniciativa popular, referΓ©ndum y revocatoria. (ArtΓculo )
Misiones (1958) Iniciativa popular, referΓ©ndum y revocatoria. (ArtΓculo )
NeuquΓ©n (1957) Iniciativa popular, referΓ©ndum y revocatoria. (ArtΓculo
Corrientes (1960) Incitativa ciudadana, referΓ©ndum y revocatoria de mandato para la legislaciΓ³n municipal. (ArtΓculo NΒ°170) RecuperaciΓ³n de Instituciones democrΓ‘ticas 1983-1993
CΓ³rdoba (1987) Iniciativa popular. (ArtΓculo ) Consulta popular y referΓ©ndum. (ArtΓculo NΒ° 32)
Formosa (1991) Plebiscito y referΓ©ndum. (ArtΓculo
Jujuy (1986) Iniciativa popular, plebiscito consultivo y referΓ©ndum. (ArtΓculo Iniciativa legislativa. (ArtΓculo
La Rioja (1986) Iniciativa popular. (ArtΓculo
\Nu 81) Consulta popular. (ArtΓculo Revocatoria popular. (ArtΓculo )RΓo Negro (1988) ReferΓ©ndum, consulta, iniciativa y revocatoria populares. (ArtΓculo )
Salta (1986) Iniciativa. (ArtΓculo ReferΓ©ndum. (ArtΓculo )
San Juan (1986) Consulta popular. (ArtΓculos a 237)
San Luis (1987) Iniciativa popular. (ArtΓculo ) Consulta popular. (ArtΓculo NΒ° 98 a 100)
Santiago del Estero (1986) Consulta popular. (ArtΓculo )
Tierra del Fuego (1991) Iniciativa popular. (ArtΓculo Consulta popular. (ArtΓculo Revocatoria de mandatos. (ArtΓculo 209)
Luego de la Reforma ConstituciΓ³n Nacional 1994, fueron seguidas por:
- TucumΓ‘n (2006) obligatorio para reformar la constituciΓ³n. (ArtΓculo 155)
- Santa Cruz (1994) Consulta popular vinculante y no vinculante. (ArtΓculo 80) Consulta e iniciativa popular a nivel municipal. (ArtΓculos NΒ° 145 y NΒ°150)
- La Pampa (1994) Consulta popular en manos del poder legislativo. (ArtΓculo )
- Chubut (1994) Consulta popular vinculante en manos del poder legislativo, consulta popular no vinculante en manos del poder ejecutivo y legislativo. (ArtΓculo 262 Revocatoria de mandato. (ArtΓculo 264).
b) RegulaciΓ³n en la Ciudad de Buenos Aires
A diferencia con lo que ocurrΓa en la ConstituciΓ³n Nacional histΓ³rica de 1853/60, la ConstituciΓ³n de la Ciudad de Buenos Aires utiliza en varias partes la palabra democracia.
En su preΓ‘mbulo menciona la organizaciΓ³n de sus instituciones y la promociΓ³n del desarrollo humano en una "democraciafundada en la libertad, la igualdad, la solidaridad, la justicia y los derechos humanos".
Luego en el artΓculo 1Β°, serefiere a la democracia cuando detalla la organizaciΓ³n de sus instituciones autΓ³nomas como "democracia participativa.
Por otra parte, el artΓculo 32, cuando describe las actividades creadoras, dispone que la Ciudad distingue, promueve y garantiza la "democracia cultural".
A su vez el artΓculo 80, inciso 4, le atribuye a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires la facultad de reglamentar los mecanismos de "democracia directa".
De tal forma vemos que la palabra democracia estΓ‘ mencionada en el preΓ‘mbulo y en los artΓculos citados, pero de modo diferente. Por un lado, establece los fundamentos de la democracia (preΓ‘mbulo), menciona dos clases o tipos de democracias constitucionales, la participativa y la cultural (arts. y 32), y luego otorga a la Legislatura la potestad de reglamentar los mecanismos de democracia participativa (art. 80, inc. 4).
A semejanza de la ConstituciΓ³n Nacional reformada en 1994, desarrolla dos tipos de democracia participativa. La iniciativa popular (art. 64, CCBA) y la consulta popular vinculante y no vinculante (arts. 65 y 66, CCBA).
Pero, ademΓ‘s, la ConstituciΓ³n de la Ciudad de Buenos Aires incorpora otros mecanismos de democracia participativa:
- 1Proceso ambiental participativo (art. 27, CCBA).
- Plan participativo de igualdad entre varones y mujeres (art. 38, CCBA).
- 3Presupuesto participativo (art. 52, CCBA).
- 4Audiencia pΓΊblica (art. 63, CCBA).
- RevocaciΓ³n del mandato de los funcionarios electivos (art. 67, CCBA).
Finalmente, decimos que en la ConstituciΓ³n de la Ciudad de Buenos Aires se plasmΓ³ expresamente la democracia como sistema polΓtico, y ademΓ‘s se incorporΓ³ la democracia participativa, no sΓ³lo por medio de los mecanismos tradicionales (iniciativa y consulta popular), sino tambiΓ©n de otros (ambiental, igualdad de gΓ©nero, presupuesto, audiencia pΓΊblica y revocaciΓ³n de mandatos), con clara seΓ±al innovadora y necesaria para tener una cercanΓa mΓ‘s profunda de los ciudadanos con la cosa pΓΊblica.
c) RegulaciΓ³n Regional (Carta DemocrΓ‘tica Interamericana)
La Carta fue adoptada por aclamaciΓ³n en una Asamblea General extraordinaria de la OEA celebrada en Lima el 11 de septiembre de 2001. Fue un mandato de la III Cumbre de las AmΓ©ricas, que se realizΓ³ en abril de 2001 en Quebec, CanadΓ‘. AllΓ, los Jefes de Estado y de Gobierno del hemisferio encargaron a los ministros de Relaciones Exteriores a preparar una carta que reforzase "Ios instrumentos de la OEA para la defensa activa de la democracia representativa".
Es reconocida como uno de los instrumentos interamericanos mΓ‘s completos, promulgado para la promociΓ³n y fortalecimiento de los principios, prΓ‘cticas y cultura democrΓ‘ticas entre los Estados de las AmΓ©ricas6.
Su antecedente principal es la ResoluciΓ³n 1080, aprobada en 1991, que por primera vez habilitΓ³ a la OEA, en caso de ruptura del orden constitucional, o golpe de Estado, a tomar las sanciones y las medidas que considerase adecuadas.
Esta capacidad de sancionar a los Estados Miembros que sufran rupturas institucionales, repetida y ampliada en la Carta DemocrΓ‘tica Interamericana, es inΓ©dita en el mundo: aΓΊn hoy, sΓ³lo en las AmΓ©ricas (la OEA y las organizaciones subregionales que adoptaron la tambiΓ©n llamada "clΓ‘usula democrΓ‘tica") la contemplan en su acervo jurΓdico.
La Carta fue fuertemente impulsada por PerΓΊ en la OEA desde el gobierno de transiciΓ³n del aΓ±o 2000, a sugerencia del entonces Primer Ministro Javier PΓ©rez de CuΓ©llar y luego por el presidente Alejandro Toledo, su Canciller Diego GarcΓa-SayΓ‘n y el Representante Permanente ante la OEA, el ex Canciller Manuel RodrΓguez Cuadros.
La Carta estΓ‘ dividida en seis capΓtulos: I) La democracia y el Sistema Interamericano, II) la democracia y los Derechos Humanos, III) Democracia, desarrollo integral y combate a la pobreza, IV) Fortalecimiento y preservaciΓ³n de la institucionalidad democrΓ‘tica, V) La democracia y las misiones de observaciΓ³n electoral, VI) PromociΓ³n de la cultura democrΓ‘tica.
Hasta 2016, el CapΓtulo IV de la Carta DemocrΓ‘tica fue invocado diez veces. En siete ocasiones se aplicΓ³ de manera preventiva para evitar el escalamiento de crisis polΓtico-institucionales, que podrΓan haber puesto en riesgo el proceso democrΓ‘tico o el legΓtimo ejercicio del poder y derivar en rupturas del orden democrΓ‘tico. En otros dos casos la Carta se aplicΓ³ en momentos considerados como rupturas del orden democrΓ‘tico. Y recientemente y por primera vez, se aplicΓ³ en funciΓ³n del artΓculo 20.
Concretamente la Carta DemocrΓ‘tica, en su artΓculo 2, establece: "El ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del estado de derecho y los regΓmenes constitucionales de los Estados Miembros de la OrganizaciΓ³n de los Estados Americanos. La democracia representativa se refuerza y profundiza con la participaciΓ³n permanente, Γ©tica y responsable de la ciudadanΓa en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional.".
Asimismo, en el artΓculo 6 de la misma se deja claramente sentado que "La participaciΓ³n de la ciudadanΓa en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es tambiΓ©n una condiciΓ³n necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y fomentar diversas formas de participaciΓ³n fortalece la democracia."
Ahora bien, estas formas de democracia semidirecta, a las cuales, parte de doctrina las define como "procedimientos que requieren una intervenciΓ³n directa del cuerpo electoral en consulta para que se pronuncie sobre los poderes constitutivos del Estado, sobre un acto pΓΊblico de los Γ³rganos representativos o sobre los titulares de la representaciΓ³n" o desde una Γ³ptica mΓ‘s objetiva hay quienes dicen que "as formas semidirectas no son una aproximaciΓ³n al gobierno directo del pueblo ni tienen nada que ver con la pureza de la democracia, ademΓ‘s que como meros actos polΓticos en ejercicio del derecho con que se inviste al cuerpo electoral, importan procedimientos estimables para permitir a los ciudadanos la expresiΓ³n amplia de sus puntos de vista en los negocios pΓΊblicos".
Y a las que, por otro lado, no se deja de seΓ±alar que las formas semidirectas de democracia son "mecanismos complementarios en un sistema representativo de gobierno.
Finalmente, la importancia de las democracias participativas estΓ‘ definidas en los Considerandos, cuando reafirma que el carΓ‘cter participativo de la democracia en nuestros paΓses -en los diferentes Γ‘mbitos de la actividad pΓΊblica- contribuye a la consolidaciΓ³n de los valores democrΓ‘ticos y a la libertad y la solidaridad en el hemisferio.
IV. La Participacion Ciudadana en el Poder Legislativo
Como ya se ha seΓ±alado, con la reforma de 1994 se han incorporado dos tipos de democracia participativa: la iniciativa popular (artΓculo 39) y la consulta popular (artΓculo 40), cada una con sus respectivas leyes regulatorias (NΒ° 24.747y 25432, respectivamente).
a) Consulta Popular
La Consulta Popular ha sido definida como una de las formas de democracia semidirecta que proporciona la participaciΓ³n mΓ‘s intensa de la ciudadanΓa pues, mediante ella, el electorado decide directamente acerca de una cuestiΓ³n de interΓ©s sustantivo para el Estado; sobre el mantenimiento, modificaciΓ³n o derogaciΓ³n de una norma, o acerca de la gestiΓ³n de un gobernante o un gobierno, en todos los casos, por sΓ o por no. SegΓΊn sea la materia que se somete a Consulta Popular, el mecanismo recibe el nombre de referΓ©ndum -si se trata de pronunciarse sobre una norma-; o plebiscito si fuera acerca de una cuestiΓ³n de importancia Estatal, como las relaciones exteriores7.
Como ejemplo antecedente de la Consulta Popular tenemos el caso en que por una propuesta Papal para solucionar el diferendo del Canal del Beagle. En dicha ocasiΓ³n, la consulta no vinculante fue convocada por el Poder Ejecutivo, a travΓ©s del decreto NΒ° 2272/84, invadiendo atribuciones propias del Poder Legislativo.
En esa oportunidad sostuvieron algunos doctrinarios, que el derecho de referencia de que gozan todos los ciudadanos se ejerce conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. En consecuencia, no se puede evadir de manera alguna, la competencia del Congreso de la NaciΓ³n para reglamentar el ejercicio del derecho en cuestiΓ³n. El llamado poder de policΓa de los Derechos subjetivos pΓΊblicos, civiles y/o polΓticos, es una atribuciΓ³n inalienable, irrenunciable e indelegable del Congreso de la NaciΓ³n. Hace al ejercicio de sus atribuciones especΓficas, el reglamentar los derechos (arts. 14 y 28 CN) por vΓa normal de una ley, la que a su vez podΓa luego ser reglamentada por el Poder Ejecutivo. Sin ley de convocatoria a la consulta popular y reglamentaciΓ³n del derecho de referencia, el Poder Ejecutivo no puede "per se" reglamentar ese derecho por vΓas de "decreto", mΓ‘saΓΊn estando el Congreso en perΓodo de Sesiones Ordinarias, con lo cual no hay cabida a los supuestos excepcionales de los decretos de necesidad y urgenciao, por encontrarse la materia polΓtica -electoral- excluida de su aplicaciΓ³n (art. 99 inc.3, pΓ‘rrafo).
En relaciΓ³n tambiΓ©n a este ejemplo, se han suscitado otras opiniones en similar sentido, tal es el ejemplo del Dr. Dalmazzo, Omar Antonio, cuando al referirse a la cuestiΓ³n del Canal de Beagle dice:
"..Recordamos bien la manipulaciΓ³n que se hizo desde el gobierno federal para lograr un resultado positivo que respaldara su decisiΓ³n de ceder parte de nuestra soberanΓa en pos de un arreglo a "cualquier precio". Presentada en este caso como una consulta "no vinculante".."hasta el ΓΊltimo dΓa, el oficialismo de entonces admitiΓ³ que si el electorado apoyaba la consulta en proporciΓ³n importante, se transformarΓa en "vinculante". Lo que asΓ ocurriΓ³".
Luego con la reforma constitucional de 1994, el ArtΓculo 40 regula lo relativo a la Consulta Popular: "El Congreso, a iniciativa de la CΓ‘mara de Diputados, podrΓ‘ someter a consulta popular un proyecto de ley. La ley de convocatoria no podrΓ‘ ser vetada. El voto afirmativo del proyecto por el pueblo de la NaciΓ³n lo convertirΓ‘ en ley y su promulgaciΓ³n serΓ‘ automΓ‘tica. El Congreso o el presidente de la NaciΓ³n, dentro de sus respectivas competencias, podrΓ‘n convocar a consulta popular no vinculante. En este caso el voto no serΓ‘ obligatorio. El Congreso, con el voto de la mayorΓa absoluta de la totalidad de los miembros de cada CΓ‘mara, reglamentarΓ‘ las materias, procedimientos y oportunidad de la consulta popular".
Ekmekdjian seΓ±ala:
"El nuevo artΓculo 40 incorpora dos institutos de democracia semidirecta: el referΓ©ndum y el plebiscito, aunque con defectuosa tΓ©cnica legislativa denominando a ambos "consulta popular". El referΓ©ndum es el proceso de consulta a los ciudadanos a efectos de que estos se expresen sobre actos de gobierno de carΓ‘cter legislativo... el Plebiscito se diferencia del referΓ©ndum en que el primero es esencialmente consultivo y el objeto de la consulta no consiste en la aprobaciΓ³n o desaprobaciΓ³n de una norma jurΓdica sino que ella versa sobre un acto o una decisiΓ³n de carΓ‘cter polΓticoo.
La sanciΓ³n de la Ley , viene a cerrar el capΓtulo abierto con la reforma Constitucional de 1994, puesto que reglamenta el instituto de la Consulta Popular, y lo hace de una manera clara y sencilla sin diferenciar las denominaciones de ReferΓ©ndum y Plebiscito, tal cual lo habΓa sugerido en su dictamen el Consejo para la ConsolidaciΓ³n de la Democracia,antecedente innegable tambiΓ©n de la Reforma Constitucional y seguido casi al pie de la letra en cuanto a esta materia.
En el artΓculo 1 de dicha norma establece que el Congreso de la NaciΓ³n,a iniciativa de la CΓ‘mara de Diputados,podrΓ‘ someter a consulta popular vinculante todo proyecto de ley con excepciΓ³n de aquellos cuyo procedimiento de sanciΓ³n se encuentre especialmente reglado por la ConstituciΓ³n Nacional mediante la determinaciΓ³n de la cΓ‘mara de origen o por la exigencia de una mayorΓa calificada para su aprobaciΓ³n.
La ley de convocatoria a consulta popular vinculante deberΓ‘ tratarse en una sesiΓ³n especial y ser aprobada con el voto de la mayorΓa absoluta de los miembros presentes en cada una de las CΓ‘maras (artΓculo 2).
En todo proyecto sometido a consulta popular vinculante, el voto de la ciudadanΓa serΓ‘ obligatorio (art.3).
Toda consulta popular vinculante serΓ‘ vΓ‘lida y eficaz cuando haya emitido su voto no menos del de los ciudadanos inscriptos en el padrΓ³n electoral nacional.
Cuando un proyecto de ley sometido a consulta popular vinculante obtenga la mayorΓa de los votos vΓ‘lidos afirmativos, se convertirΓ‘ automΓ‘ticamente en ley, la que deberΓ‘ ser publicada en el BoletΓn Oficial de la RepΓΊblica Argentina dentro de los 10 dΓas hΓ‘biles posteriores a la proclamaciΓ³n del resultado del comicio por la autoridad electoral y no podrΓ‘ ser vetada, ni promulgada parcialmente.
Cuando un proyecto de ley sometido a consulta popular vinculante obtenga un resultado negativo,no podrΓ‘ ser reiterado sino despuΓ©s de haber transcurrido un lapso de 2 aΓ±os desde la realizaciΓ³n de la consulta. Tampoco podrΓ‘ repetirse la consulta durante el mismo lapso.
En cuanto a la consulta popular no vinculante, la Ley Reglamentaria en su art.7,establece que cualquiera de las CΓ‘maras,podrΓ‘ convocar a consulta popular no vinculante. En este caso el voto no serΓ‘ obligatorio.
Este mecanismo, permite a alguno de los dos poderes, conocer la opiniΓ³n de la sociedad sobre determinados temas, para luego expedirse o resolver sobre los mismos, no siendo el mismo vinculante,pero sΓ de un peso polΓtico difΓcil de desechar.
Como caracterΓsticas se pueden mencionar las siguientes:
a) No necesariamente debe tratarse de proyectos de ley,sino que puede versar,por ejemplo,sobre un plan econΓ³mico, la creaciΓ³n o eliminaciΓ³n de algΓΊn Γ³rgano de la administraciΓ³n pΓΊblica, la incorporaciΓ³n a un mercado comΓΊn, la privatizaciΓ³n de alguna empresa pΓΊblica (como se hiciera en Uruguay en 1994 y en la Provincia de RΓo Negro en 1995).
b) El voto de la ciudadanΓa no es obligatorio.
c) En caso de ser convocada por el Congreso, la iniciativa puede provenir de cualquiera de las dos CΓ‘maras.
d) Es dable destacar que el instituto sirve como herramienta de control, o de presiΓ³n entre poderes. Por ejemplo,si el Congreso se niega a aprobar la ratificaciΓ³n de un tratado,el ejecutivo podrΓa presionar a los legisladores a hacerlo mediante una consulta popular. Y para el caso inverso,una propuesta de privatizaciΓ³n hecha por el Ejecutivo y resistida por el Congreso recibirΓa un golpe difΓcil de asimilar, en caso de resultar rechazada en la consulta popular.
Debemos recalcar la importancia, del art.9 en cuanto, a la necesidad de que el instrumento de convocatoria -sea ley o decreto- deberΓ‘ contener el textoΓntegrodel proyecto de ley o decisiΓ³n polΓtica objeto de consulta y seΓ±alar claramente las preguntas a contestar por el cuerpo electoral, para evitar la inducciΓ³n a error en la ciudadanΓa al momento de decidir.
Es de resaltar tambiΓ©n el art.10 en cuanto a que los puntos sometidos a consulta popular deban ser difundidos en forma clara, objetiva, por medios grΓ‘ficos, radiales y televisivos, fundamental esto para la libre expresiΓ³n del pueblo.
Nos parecen razonables los plazos mΓnimos y mΓ‘ximos de realizaciΓ³n de la consulta, a partir de la fecha de publicaciΓ³n en el B.O., sΓ ademΓ‘s se hubiere cumplido con los demΓ‘s medios masivos de comunicaciΓ³n, en cuanto al suministro de informaciΓ³n requerido por el art.10.
El art.14 viene a despejar la discusiΓ³n y las dudas con respecto a la posibilidad de realizar la consulta simultΓ‘neamente con otro acto eleccionario, supuesto prohibido por la reglamentaciΓ³n que nos ocupa.
Por ΓΊltimo creemos conveniente, la decisiΓ³n del legislador al determinar que la Justicia Electoral Nacional, serΓ‘ el Γ³rgano competente en todo lo relativo al comicio, por obvias razones que no hace falta explicar.
Para una mayor comprensiΓ³n de la reglamentaciΓ³n creemos conveniente agregar a nuestro trabajo el modelo de Boletas de Consulta, incorporadas en el anexo de la ley 89 de ReferΓ©ndum y Consulta Popular sancionada por la Legislatura de la Ciudad AutΓ³noma de Buenos Aires el 22 de octubre de 1998.
ANEXO I
| CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES/COMUNA X (consignar lo que corresponda) FECHA DE REALIZACION (en letras dΓas, MES y aΓ±os) CONVOCATORIA A REFERENDUM/CONSULTA POPULAR (consignar lo que corresponda) En virtud De Decreto/Ley N.Β° (consignar lo que corresponda) PREGUNTA (consignar la pregunta correspondiente) Si |
| CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES/COMUNA X (consignar lo que corresponda) FECHA DE REALIZACION (en letras dΓas, MES y aΓ±os) CONVOCATORIA A REFERENDUM/CONSULTA POPULAR (consignar lo que corresponda) En virtud De decreto/Ley N.Β° (consignar lo que corresponda) PREGUNTA (consignar laagna correspondiente) NO |
b) La Iniciativa Popular
Luego de la reforma constitucional de 1994, se ha incorporado la Iniciativa Popular en el artΓculo 39, tal dispositivo textualmente dice: "Los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa para presentar proyectos de ley en la CΓ‘mara de diputados. El congreso deberΓ‘ darles expreso tratamiento dentro del tΓ©rmino de doce meses. El congreso, con el voto de la mayorΓa absoluta de la totalidad de los miembros de cada CΓ‘mara sancionarΓ‘ una ley reglamentaria que no podrΓ‘ exigir mΓ‘s del tres por ciento del padrΓ³n electoral nacional, dentro del cual deberΓ‘ contemplar una adecuada distribuciΓ³n territorial para suscribir la iniciativa. No serΓ‘n objeto de iniciativa popular los proyectos referidos a reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto, y materia penal".
La primera parte del artΓculo concluye con la obligaciΓ³n del Congreso de dar expreso tratamiento a la Iniciativa, dentro del tΓ©rmino de 12 meses. Sin embargo no dejΓ³ de advertirse en el debate que no se preveΓa ningΓΊn tipo de sanciΓ³n o consecuencia para la falta de tratamiento. Si alguna de las CΓ‘maras no llegara a tratar el proyecto dentro del plazo previsto por el Art. 39, como no existe recurso constitucional para imponer coercitivamente ese tratamiento, corresponderΓ‘ inferir que mediΓ³ rechazo tΓ‘cito de la propuesta gestada. Pero la obligaciΓ³n de dar tratamiento implica que el Congreso deba sancionarlo con fuerza de ley o que, de ser sancionado, el Poder Ejecutivo no pueda ejercer su potestad de veto total o parcial (segΓΊn el art. 80 de C.N.). SegΓΊn Alberto Natale la CΓ‘mara de origen podrΓa modificarlo11, incluso sustancialmente, alterando su esencia, sin que existiera ninguna sanciΓ³n, pues la manda constitucional queda cumplida con solo darle tratamiento.
En la segunda parte del artΓculo, se delega en el Congreso la sanciΓ³n de una ley reglamentaria, que debΓa ser aprobada dentro de los dieciocho meses de la sanciΓ³n (disposiciΓ³n transitoria tercera).
La ley reglamentaria NΒ° 24.747, fue sancionada el 27 de noviembre de 1996 y promulgada el 19 de diciembre del mismo aΓ±o. Exige un piso mΓnimo del 1,5% del padrΓ³n utilizado en la ΓΊltima elecciΓ³n de diputados nacionales y deberΓ‘ representar por lo menos a 6 distritos electorales con el fin de mantener un equilibrio federal.
La parte final del artΓculo 39 de la ConstituciΓ³n Nacional, veda la presentaciΓ³n de Iniciativas respecto de distintas materias referidas a Reforma constitucional, Tratados Internacionales, tributos, presupuesto y materia penal. La razΓ³n de ser que justifica estas excepciones es que estas temΓ‘ticas se encuentran interrelacionadas con otras normas, que hacen de una complejidad tal que resulta complicado modificar una sin afectar las otras. Respecto de los Tratados Internacionales, los mismos requieren un proceso de negociaciΓ³n por el Poder Ejecutivo que le es exclusivo, y el Congreso solo se expide sobre su aprobaciΓ³n o rechazo (art 99 inc. 11, y 75, inc. 22). La materia tributaria se halla sujeta a un complejo rΓ©gimen concurrente de atribuciones entre NaciΓ³n y Provincias (art. 75 inc. 2 y 3).El presupuesto Nacional tambiΓ©n importa un ejercicio de facultades entre el Poder Ejecutivo, el jefe de gabinete de Ministros y el Congreso (art. 100 inc. 6 y 75 incs. 2 y 8). Mientras que la materia penal, aunque no tiene previsto un procedimiento especial (art 75 inc. 12) se la ha considerado particularmente sensible.
En estos casos, la Iniciativa no serΓ‘ vinculante para la CΓ‘mara de diputados, aunque no existe reparo constitucional para que ese cuerpo, o en su caso la CΓ‘mara de senadores, adopte como propia la sugerencia formulada por los ciudadanos y le asigne trΓ‘mite legislativo. En tal hipΓ³tesis los ciudadanos no habrΓ‘n ejercido el Derecho de Iniciativa, sino el derecho a peticionar a las autoridades previsto por el Art. 14 de ConstituciΓ³n Nacional.
La ley 24.747, dispone como CΓ‘mara de origen, la de diputados (art. 1) y establece los lΓmites, es decir las materias vedadas sobre las cuales no pueden presentarse Iniciativas (art 3). El porcentaje de firmas es el del del padrΓ³n electoral utilizado en las ΓΊltimas elecciones de diputados nacionales y deberΓ‘ representar al menos 6 distritos electorales (art. 4) y cuando la materia sea de alcance regional, el porcentaje serΓ‘ calculado sobre el padrΓ³n electoral del total de las provincias que conformen la regiΓ³n, sin tener en cuenta la cantidad de distritos requerida por el pΓ‘rrafo anterior.
El art. 5 establece los requisitos de forma para su presentaciΓ³n, del cual se infiere que el sistema implementado acoge la forma de "iniciativa formulada" ya que exige que sea presentado en forma de proyecto de ley, por escrito, con una exposiciΓ³n de motivos fundada, datos del o los promotores de la Iniciativa, descripciΓ³n de gastos y origen de los recursos que se ocasionaren durante el perΓodo previo a presentar el proyecto. Las firmas de los peticionantes, con la aclaraciΓ³n del nombre, apellido, nΓΊmero y tipo de documento y domicilio que figure en el padrΓ³n electoral. TambiΓ©n un resumen impreso que contendrΓ‘ la informaciΓ³n esencial del proyecto, que serΓ‘ verificado por el Defensor del Pueblo. En el art. 10 se regula el procedimiento legislativo a seguir.
Una vez cumplidos dichos requerimientos y habiΓ©ndose certificado la autenticidad de las firmas, el proyecto pasarΓ‘ a la ComisiΓ³n de Asuntos Constitucionales, que tendrΓ‘ un plazo de veinte dΓas para establecer si es admisible. Vale aclarar que el rechazo del proyecto no admite recurso alguno. El presidente de la CΓ‘mara de Diputados dispondrΓ‘, una vez admitida la Iniciativa, de 48 horas para girarla a la ComisiΓ³n de Labor Parlamentaria. Si es admitido, el Congreso tiene un plazo de 12 meses desde su presentaciΓ³n para tratarlo (art. 10).
En el art. 11 se regula la prohibiciΓ³n de aceptar o recibir contribuciones privadas anΓ³nimas o superiores a treinta mil pesos, donaciones de asociaciones sindicales, patronales, o profesionales o aportes provenientes de gobiernos o entidades extrajeras, entidades autΓ‘rquicas o descentralizadas, nacionales o provinciales, sociedades anΓ³nimas con participaciΓ³n estatal o de empresas concesionarias de servicios u obras pΓΊblicas de la NaciΓ³n, provincias, municipios, o entidades autΓ‘rquicas o descentralizadas o de empresas que exploten juegos de azar para el financiamiento de todo proyecto de ley por Iniciativa Popular, en forma directa o indirecta.-
Hasta ahora, solo dos proyectos han logrado tratamiento a nivel nacional, convirtiΓ©ndose en leyes: "La derogaciΓ³n de las jubilaciones de privilegio" y el llamado "el hambre mΓ‘s urgente". El tercer proyecto, una propuesta presentada en 2001 por la CGT para reformar la legislaciΓ³n laboral, fue rechazada por incumplimiento de los requisitos. Tampoco prosperΓ³ ninguno de los proyectos presentados por varios diputados nacionales en los ΓΊltimos aΓ±os para flexibilizar la ley reglamentaria con el propΓ³sito de ampliar su potencial utilizaciΓ³n como instrumento de participaciΓ³n ciudadana efectiva y no meramente virtual, y tampoco prosperaron otras iniciativas presentadas, relativas a derechos del trabajador, emergencia ocupacional y emergencia previsional.
Un antecedente interesante fue el petitorio elevado al Poder Ejecutivo, por el ingeniero Juan Carlos Blumberg, a raΓz del secuestro y homicidio de su hijo Axel. El mismo generΓ³ una movilizaciΓ³n en la opiniΓ³n pΓΊblica y en la sociedad que culminΓ³ con la recolecciΓ³n de 5.500.o00 firmas, para la modificaciΓ³n de una serie de disposiciones relacionadas con la represiΓ³n de los delitos. La llamada Ley Blumberg (Ley 25.886) de abril de 2004 modificΓ³ en el CΓ³digo Penal Argentino la figura de los delitos con armas. Existen otras dos leyes que se conocen como Blumberg, que son la Ley 25.882 que modifica el art. 166 del CΓ³digo Penal y la Ley NΒ° 25.891, de servicios de comunicaciones mΓ³viles por la cual se instituye un Registro de Usuarios.
Ha de notarse que, si bien se articulΓ³ en forma de petitorio elevado directamente al Poder Ejecutivo y no en una Iniciativa presentada al Congreso, ya que caerΓa en una excepciΓ³n al tratar materia penal y hubiese sido rechazada, es trascendente en cuanto a la movilizaciΓ³n general que produjo en el paΓs para la recolecciΓ³n de firmas y difusiΓ³n, ya que logrΓ³ sensibilizar a los argentinos en un tema que ataΓ±e a todos como es la seguridad nacional.
La recolecciΓ³n de firmas y la difusiΓ³n a travΓ©s de distintos medios es, una manera de sumar apoyo para una determinada causa. Y, asimismo, un mecanismo para ejercer presiΓ³n a la hora de presentar la propuesta al Poder Legislativo o Ejecutivo ya sea mediante una Iniciativa Popular ante el Congreso, o un petitorio al Poder Ejecutivo, como en este caso.
c) Revocatoria de Mandatos o Recall
Otro delos mecanismos de participaciΓ³n popular es la Revocatoria de los mandatos o Recall. Si bien no estΓ‘ regulada en la ConstituciΓ³n Nacional, la encontramos en varias Constitucionales provinciales y en la de la Ciudad de Buenos Aires.
La Revocatoria de Mandato o Recall, es "el mecanismo por el cual se destituye a los funcionarios pΓΊblicos por decisiΓ³n popular expresada mediante el sufragio"12.
Badeni por su parte, seΓ±alaba "La revocatoria, que es el derecho polΓtico reconocido al pueblo para decidir por votaciΓ³n popular la destituciΓ³n de un gobernante o la abrogaciΓ³n de un acto de gobierno"13.
Por otro lado, se ha dicho de este instituto que "es el procedimiento para destituir a los representantes o funcionarios antes de que cumplan el plazo fijado para su actuaciΓ³n. Claramente se nota la finalidad que se persigue: mantener constantemente responsable a los funcionarios pΓΊblicos ante sus electores"14.
La Revocatoria de Mandatos estΓ‘ regulada a nivel provincial en cinco provincias: Chaco, Chubut, La Rioja, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. Mientras que las provincias que aseguran el derecho de revocatoria para sus municipios, ademΓ‘s de las cinco mencionadas anteriormente, son: San Luis, San Juan, RΓo Negro, NeuquΓ©n, Misiones, Entre RΓos, Corrientes y Catamarca. El funcionamiento general de este mecanismo es similar a nivel provincial y municipal, sin embargo, en cada nivel de gobierno se han establecido normativas propias que fijan distintas exigencias y requisitos.
En general el procedimiento estΓ‘ previsto de la siguiente manera: el sector de la ciudadanΓa que estΓ© interesado en solicitar la revocatoria de alguna autoridad electa popularmente, debe fundamentar las razones por las cuales se requiere la revocaciΓ³n (estas razones no estΓ‘n sujetas a revisiΓ³n de ningΓΊn tipo y no forman parte de los requisitos obligatorios para activar el mecanismo) y reunir un porcentaje determinado de adhesiones (firmas) del padrΓ³n electoral provincial para que se dΓ© lugar a un referΓ©ndum vinculante y obligatorio, donde la ciudadanΓa decida la continuidad o la destituciΓ³n de la autoridad en cuestiΓ³n.
Luego de analizar la legislaciΓ³n provincial sobre el mecanismo de revocatoria de mandato, se pudo determinar que las posibilidades de su puesta en prΓ‘ctica y la destituciΓ³n de alguna autoridad son, por lo menos, remotas. En Chaco, La Rioja y la Ciudad AutΓ³noma de Buenas Aires exigen un de votos sobre el padrΓ³n electoral y no sobre los votos vΓ‘lidos emitidos. Esta exigencia termina siendo bastante severa ya que demanda entre un y un de los votos vΓ‘lidos emitidos para revocar a un funcionario pΓΊblico, si se tiene en cuenta que la participaciΓ³n electoral en estos distritos ronda el . Inclusive, los porcentajes de firmas exigidos para iniciar este mecanismo, un a excepciΓ³n de Chaco, son considerablemente elevados16.
En la ciudad de Buenos Aires, por medio de la ley , se regula la revocatoria de los mandatos, y en su artΓculo 4, establece como requisitos para su procedencia:
a. Que hayan transcurrido mΓ‘s de doce (12) meses desde la asunciΓ³n del cargo de la funcionaria o funcionario y resten cumplirse mΓ‘s de seis (6) meses de la finalizaciΓ³n del perΓodo para el que hubiere sido electo/a, b. Que reΓΊna al menos la firma del veinte por ciento de los electores y electoras de la Ciudad o Comuna, segΓΊn corresponda. c. Que se funde en causas atinentes al desempeΓ±o de sus funciones.
En cuanto al procedimiento, dicha ley establece en su artΓculo 5, que la peticiΓ³n de revocatoria de mandato debe ser impulsada por uno o mΓ‘s electores o electoras de la Ciudad AutΓ³noma de Buenos Aires o de la Comuna segΓΊn corresponda.
Con carΓ‘cter de trΓ‘mite preparatorio de la peticiΓ³n de revocatoria, los interesados deberΓ‘n presentarse ante el Tribunal Superior de Justicia a los efectos de:
- Identificar al funcionario o funcionaria cuya revocaciΓ³n de mandato se impulsa, el cargo que detenta y las fechas de inicio y finalizaciΓ³n de su mandato;
- SeΓ±alar las causas por las que se solicita la revocatoria, que deben expresarse inequΓvocamente;
Consignar la firma, aclaraciΓ³n de firma, domicilio y nΓΊmero de documento de cada uno de los electores y electoras presentantes.
Finalmente, trascribirΓ© a modo de ejemplo la planilla de recolecciΓ³n de firmas, establecidas en el Anexo I de la ley mencionada:
Planilla Revocatoria de Mandato
a. Nombre del funcionario cuya revocaciΓ³n de mandato se impulsa: b. Cargo que detenta: c. Fecha de inicio y finalizaciΓ³n de mandato: d. Causal de revocatoria:
Docume
Apellid Nombre nto de Domicili Fech Firma
ConsistirΓa en la posibilidad de que el cuerpo electoral se pronuncie sobre una ley, luego de que Γ©sta ha sido sancionada y promulgada. El funcionamiento popular tendrΓa carΓ‘cter retroactivo y funcionarΓa como condiciΓ³n resolutoria de la norma.
En Argentina sΓ³lo tres provincias permiten a los ciudadanos iniciar este tipo de mecanismo, ellas son CΓ³rdoba, La Rioja y Rio Negro1.
La provincia de CΓ³rdoba establece en el artΓculo 31 de su ConstituciΓ³n que los ciudadanos pueden proponer a la Legislatura proyectos de leyes y de derogaciΓ³n de las vigentes para su consideraciΓ³n y en el artΓculo primero de la ley regulatoria (Ley 7811) agrega que puede ser[....] cualquier ley sobre asuntos de competencia provincial, salvo los siguientes: Reforma de la ConstituciΓ³n. AprobaciΓ³n de tratados. Tributos. Presupuesto. CreaciΓ³n y competencia de Tribunales. EmprΓ©stitos. Ministerios.
La Rioja lo incluye en su ConstituciΓ³n a travΓ©s del artΓculo 81; en Γ©l se asegura la iniciativa legislativa y el veto popular (o derogaciΓ³n de leyes). Se aplican a ambos mecanismos los mismos procedimientos y exigencias ya descriptos. Este artΓculo menciona ademΓ‘s que una ley debe fijar un porcentaje de firmas no menor al del electorado. Esa ley no se ha sancionado aΓΊn.
La ConstituciΓ³n de RΓo Negro establece en el artΓculo 149, ubicado en un apartado dedicado a la formaciΓ³n y sanciΓ³n de leyes, que [...] todo habitante de la Provincia puede peticionar la revocatoria de una ley a partir de su promulgaciΓ³n. La ley determina el funcionamiento del registro de adhesiones, los plazos y el referΓ©ndum obligatorio.
La redacciΓ³n de este artΓculo y su ubicaciΓ³n resultan muy llamativos por dos cuestiones: primero porque la derogaciΓ³n de leyes no aparece dentro de la Γ³rbita de la Iniciativa ciudadana como en las otras Constituciones provinciales, sino como un mecanismo aparte que debe tener su propia ley regulatoria; en segundo lugar se puede observar que el artΓculo menciona el referΓ©ndum obligatorio19.
Por medio de la ley NΒ° 4462 la provincia de Rio Negro regulΓ³ el procedimiento, funcionando de la siguiente manera:
- En primer lugar, la ciudadanΓa debe activar el mecanismo a travΓ©s de la junta del de firmas del padrΓ³n electoral (los temas excluidos de la revocatoria son los referidos a reforma constitucional, tributos, presupuesto, materia procesal penal y leyes orgΓ‘nicas de cada uno de e ts
- En segundo lugar, una vez reunida la cantidad de firmas y corroborada su legitimidad por el Tribunal Electoral, el Poder Ejecutivo debe dictar un Decreto en el que se llama a un referΓ©ndum vinculante y obligatorio donde la ciudadanΓa decide directamente en las urnas la derogaciΓ³n o no de la ley en cuestiΓ³n.
V. La Participacion Ciudadana en el POder JUDiCIaL
Si hablamos de la Democracia Participativa en el Poder Judicial no debemos soslayar que este es el ΓΊnico poder del Estado, donde los ciudadanos participan directamente sin necesidad de un representante elegido a travΓ©s de una elecciΓ³n popular previa.
Si bien para iniciar una acciΓ³n judicial o defenderse de ella se requierede un acompaΓ±amiento profesional, pues contiene numerosas cuestiones tΓ©cnicas que necesitan la presencia de un abogado, dicha exigencia es justamente para que los derechos sean bien defendidos o respetados.
Podemos decir que existe en el Poder Judicial una democracia participativa amplia y general. Ello se puede realizar de varias maneras, por un lado,a travΓ©s de acciones donde se busca la protecciΓ³n de un interΓ©s individual, y otras, en donde el resguardo tiene un alcance sectorial o colectivo. En este ΓΊltimo aspecto, serealiza a travΓ©s de acciones especiales para ello.
Me estoy refiriendo a la acciΓ³n popular, la apelaciΓ³n popular y, al amparo colectivo. Dentro de estos tipos de institutos procesales la participaciΓ³n ciudadana puede darse de diferente manera, ya sea a travΓ©s de una persona individual, de las organizaciones no gubernamentales (ONG's) o, del Defensor del Pueblo (Ombudsman). Y a su vez estos pueden presentarse, iniciando una acciΓ³n o como amicus curiae.
a)Tipos o Clases de ParticipaciΓ³n
. Organizaciones No Gubernamentales (ONG)
Esta idea institucional alude a organizaciones ligadas a la promociΓ³n del desarrollo social o defensa de derechos. ONG's es un tΓ©rmino que utilizΓ³ el Consejo EconΓ³mico y Social de las Naciones Unidas en la dΓ©cada del al definirlas como " (.....) grupos de personas o colectividades, libremente creadas por la iniciativa privada que ejercen sin Γ‘nimo de lucro, una actividad internacional de interΓ©s general al margen de toda preocupaciΓ³n de orden exclusivamente nacional"20.
Las ONG's actΓΊan prestando o intermediando servicios, o bien haciendo "ad-bocacΓ" en temas tales como ambientalismo, derechos humanos, derechos civiles, etc. En algunos casos han sido el sostΓ©n institucional de importantes movimientos sociales, tal como el de los derechos humanos que jugΓ³ un papel central en la transiciΓ³n democrΓ‘tica21.
En general, las ONG's aparecen reivindicando derechos colectivos, ya sea frente al Estado, demandando transparencia o bregando por el respeto de derechos humanos o civiles; o frente a las empresas, denunciando malas prΓ‘cticas en relaciΓ³n con el medio ambiente o discriminaciΓ³n laboral de minorΓas. Estas demandas pueden llegar a la justicia o no, pero en general son canalizadas a travΓ©s de los medios de comunicaciΓ³n, los que juegan un rol de gran importancia para el universo de las ONG's, dΓ‘ndole visibilidad en el espacio pΓΊblico.
Aunque legalmente aparecen registradas como asociaciones civiles -o incluso fundaciones- se distinguen como un universo con bastante claridad, en tanto ejercen presiΓ³n y presencia en el espacio pΓΊblico y se identifican mutuamente, expresΓ‘ndose esto en la conformaciΓ³n de redes, foros y encuentros de relativa importancia y continuidad22.
En cuanto ataΓ±e a la intervenciΓ³n de estas organizaciones como "amigos del Tribunal", resulta dable seΓ±alar la postura del CIADI23 al dejarsentado que, en general, una persona que no sea parte en un caso que solicite a un Tribunal autorizaciΓ³n para hacer una presentaciΓ³n debe demostrar que su experiencia, conocimientos especializados y visiΓ³n ayudarΓ‘n al Tribunal a llegar a una decisiΓ³n. No es suficiente para una organizaciΓ³n no gubernamental justificar una presentaciΓ³n amicus en el hecho de que representa a la sociedad civil o que se estΓ‘ dedicada a intereses humanitarios. Debe demostrar al Tribunal, en tΓ©rminos especΓficos, cΓ³mo su formaciΓ³n, experiencia, conocimientos especializados o cualidades especiales pueden asistir al Tribunal en el caso particular que estΓ‘ llamado decidir.
i.Amicus Curiae
a. Antecedentes HistΓ³ricos
Los antecedentes mΓ‘s remotos de la figura del "amicus curiae" se encuentran en la antigua Roma y fue recogida por el derecho inglΓ©s desde tiempos inmemoriales. Un antecedente -lego- de la figura en cuestiΓ³n lo constituyΓ³ la "curia regis", que existiΓ³ a partir del aΓ±o 1066 y que se trataba de un grupo itinerante de nobles y obispos que asesoraban al rey donde Γ©ste se encontrara, con funciones administrativas y judiciales.
Bianchi2 hace referencia a las citas que efectΓΊa Cueto RΓΊa con relaciΓ³n a Bowvier y Raule, quienes en la octava ediciΓ³n del Law Dictionary and concise Enciclopedie, destacan que ya se receptaba normativamente a los "Amicus curiae" en el aΓ±o 1403, disponiendo que un extraΓ±o se hallaba facultado para formular peticiones ante un tribunal, que originariamente sΓ³lo podΓa ser un abogado.
Un dato no menor es que la instauraciΓ³n normativa de la figura de los Amicus curiae en Inglaterra se produjo durante el reinado de Enrique IV, que se extendiΓ³ desde 1399 a .
Luego fue incorporada paulatinamente a la prΓ‘ctica judicial de las colonias inglesas, particularmente al common law norteamericano.
Fue pensado originalmente para ser un mΓ©todo donde los terceros desinteresados podrΓan citar casos, en el interΓ©s de la justicia, que la Corte pudo pasar por alto. Actualmente, en el sistema americano el escrito del "amicus" no es neutral, por lo que se le requiere identificar a la parte que apoyarΓ‘ en su escrito. Cualquiera puede ser un "amigo de la Corte" en el sistema norteamericano pues no se necesita ser abogado, pero el escrito es sometido siempre al control de los abogados que actΓΊan en el favor del "amicus"26.
Esta figura se ha extendido mΓ‘s allΓ‘ del derecho anglosajΓ³n, primero a los Γ³rganos internacionales de protecciΓ³n de los derechos humanos (comisiones y tribunales internacionales) y, a partir de estas prΓ‘cticas de derecho internacional, a una multiplicidad de paΓses que antes no la acogΓan, especialmente de derecho continental.
Sostiene Cueto RΓΊa2 que esta instituciΓ³n ha mutado con el devenir del tiempo.Inicialmente fue caracterizada como un tercero o mero amigo imparcial del tribunal, quien colaboraba con Γ©ste aportando informaciΓ³n de alguna materia especΓfica sobre la cual el juzgado carecΓa de conocimientos suficientes para resolver la litis. En esta misma lΓnea, BazΓ‘n2 seΓ±ala que el perfil primigenio de la figura estaba enderezado a ayudar naturalmente al tribunal proporcionΓ‘ndole informaciΓ³n en torno de cuestiones esencialmente jurΓdicas, respecto de las que aquΓ©l pudiere albergar dudas o estar equivocado en el criterio asumido hasta entonces.
Empero ello y en alusiΓ³n a la mutaciΓ³n referida por Cueto RΓΊa, destaca KΓΆhler2 que el instituto en la actualidad ha abandonado su carΓ‘cter otrora imparcial para mutar en una suerte de interviniente e interesado y comprometido, que argumenta jurΓdicamente para obtener un pronunciamiento favorable a la posiciΓ³n que auspicia. De tal forma que pasΓ³ a ser moneda corriente en las mΓ‘s diferentes instancias internacionales, siendo hoy un lugar comΓΊn que presentaciones de este tipo se hagan ante la ComisiΓ³n y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, asΓ como ante sus similares de Europa y Γfrica.
b. Concepto y CaracterΓsticas
La figura Amicus Curiae (traducido literalmente como "amigo del Tribunal") consiste en presentaciones que pueden realizar terceros ajenos a una disputa judicial -pero con justificado interΓ©s en la resoluciΓ³n final del litigio-, a fin de expresar sus opiniones en torno a la materia, a travΓ©s de aportes de trascendencia para la sustentaciΓ³n del proceso judicial3Β°.
La intervenciΓ³n en un proceso sin ser parte procesal y con el ΓΊnico objetivo de aportar un criterio jurΓdico a favor de la Justicia es, con bastante simpleza, la naturaleza del amigo del tribunal31.
El instituto en cuestiΓ³n es una herramienta procesal, mediante la cual, un tercero -ajeno a un proceso determinado-, puede hacer llegar al conocimiento de los magistrados intervinientes, opiniones fundadas en torno a la materia controvertida siempre que la resoluciΓ³n de la causa en la que se deduzca, se encuentren comprometidos intereses de incidencia colectiva, pluriindividuales o, cuando la sentencia, a pesar de tratar sobre la lesiΓ³n a un bien individual, revista interΓ©s general o constituya una cuestiΓ³n institucional relevante3.
c. RegulaciΓ³n de la Corte Suprema de Justicia de la NaciΓ³n
Vale reseΓ±ar que en fecha 14 de Julio de 2004, la Corte Suprema dictΓ³ la Acordada 28/200433, por medio de la cual los Ministros del Alto Cuerpo resolvieron por mayorΓa autorizar la intervenciΓ³n de Amigos del tribunal. Dicha Acordada fue modificada con posterioridad por la NΒ° 14/2006 y, finalmente por la .
El reglamento aprobado -anexo a la Acordada NΒ° 7/2013- prevΓ© en su primera disposiciΓ³n que en calidad de Amicus pueden presentarse las personas fΓsicas o jurΓdicas que no fueren parte en los pleitos en trΓ‘mite por ante la Corte, en los que se debatan cuestiones de trascendencia colectiva o interΓ©s general. Se establece tambiΓ©n que quien se presente en esta calidad deberΓ‘ tener reconocida competencia sobre la cuestiΓ³n debatida, debiendo fundamentar en su primera presentaciΓ³n el interΓ©s que persigue su intervenciΓ³n en la causa y expresar a quΓ© parte apoya en la defensa de sus derechos. La reglamentaciΓ³n instaurada establece que la intervenciΓ³n del Amicus alcanza al Estado Nacional, los Estados Provinciales, a la Ciudad AutΓ³noma de Buenos Aires y a los municipios.
La actuaciΓ³n del Amicus Curiae en el Γ‘mbito de la Corte tiene por objeto enriquecer la deliberaciΓ³n en cuestiones institucionalmente relevantes, con argumentos fundados de carΓ‘cter jurΓdico, tΓ©cnico o cientΓfico, relativos a las cuestiones debatidas. Se ha determinado que serΓ‘ la Corte la que establecerΓ‘ cuΓ‘les son las causas aptas para la actuaciΓ³n.
La Corte Suprema se ha facultado a sΓ misma para considerar la pertinencia de la presentaciΓ³n y, en tal caso, para ordenar su incorporaciΓ³n al expediente. De seguido, estableciΓ³ que el Amigo del Tribunal no reviste carΓ‘cter de parte ni puede asumir ninguno de los derechos procesales que corresponden a Γ©stas, para luego instituir que sus opiniones o sugerencias tienen por objeto ilustrar a la Corte Suprema y que no vinculan a Γ©sta, pero que pueden ser tenidas en cuenta en el pronunciamiento del Tribunal.
Con la Acordada de marras se completa y modifica la reglamentaciΓ³n de la intervenciΓ³n del Amicus curiae disponiendo un requisito que la ONG debe cumplir expresando, a modo de declaraciΓ³n, el vΓnculo econΓ³mico que une al organismo Amicus Curiae con alguna de las partes. Esto es si ha recibido financiamiento econΓ³mico, apoyo financiero y si el resultado del litigio representarΓ‘ algΓΊn tipo de ventaja o retribuciΓ³n econΓ³mica.35
d. Otras Regulaciones
Ha sido objeto de regulaciΓ³n en el Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (art. 62.3) y ha sido expresamente autorizada por la ComisiΓ³n Interamericana de Derechos Humanos con sustento en los arts. 44 y 48 de la ConvenciΓ³n Americana".
La reglamentaciΓ³n de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su art. 34, pΓ‘rrafo le confiere la facultad de oΓr a cualquier persona u organizaciΓ³n que pueda aportar elementos de juicio que se consideren de utilidad para la decisiΓ³n que debe adoptar.
e. Opiniones Doctrinarias
Roberto Gargarella considera que el amicus curiae tiene una doble funciΓ³n:
a) aportar al tribunal bajo cuyo examen se encuentra una disputa judicial de interΓ©s pΓΊblico, argumentos u opiniones que puedan servir como elementos de juicio para que aquΓ©l tome una decisiΓ³n ilustrada al respecto; b) brindar carΓ‘cter pΓΊblico a los argumentos empleados frente a una cuestiΓ³n de interΓ©s general decidida por el Poder Judicial, identificando claramente la toma de posiciΓ³n de los grupos interesados, y sometiendo a la consideraciΓ³n general de las razones que el tribunal tendrΓ‘ en vista al adoptar y fundar su decisiΓ³n"36.
Por otro lado, la informaciΓ³n proporcionada puede consistir en:
- 1)un escrito con una opiniΓ³n legal,
- 2)un testimonio no solicitado por parte alguna o,
- un informe en derecho sobre la materia del caso. La decisiΓ³n sobre la admisibilidad de un amicus curiae queda, generalmente, entregada al arbitrio del respectivo tribunal.
El "Amicus curiae" permite la intervenciΓ³n de terceras personas o de ONGs en causas en donde se encuentre comprometido el interΓ©s pΓΊblico o con una trascendencia social que supera las particularidades del caso. La presentaciΓ³n de un escrito de amicus curiae no inviste de calidad de parte a quien lo presenta, y la opiniΓ³n vertida por el Amicus no produce efecto vinculante para el tribunal. La razΓ³n teleolΓ³gica de esta figura procesal es asistir al tribunal proporcionΓ‘ndole una opiniΓ³n fundada o una informaciΓ³n relevante sobre alguna cuestiΓ³n jurΓdica que pudiera escapar a la consideraciΓ³n de aquΓ©l y colaborar asΓ para decidir con acierto un caso complejo37.
Podemos indicar por otra parte, tal y como lo afirman los investigadores argentinos Christian Courtis y Martin AbregΓΊ que en la actualidad esta instituciΓ³n cumple una doble funciΓ³n, puesto que seΓ±alan, que por un lado la figura aporta elementos nuevos al caso o bien retoma y revalida aquellos que no fueron considerados desde un primer momento por parte del juzgador (estos tendientes a obtener una mejor resoluciΓ³n), y por otro lado mencionan, que mediante la aceptaciΓ³n de la figura por parte del tribunal, se brinda de un carΓ‘cter pΓΊblico a los argumentos vertidos sobre el asunto en cuestiΓ³n.
Es asΓ que en esta segunda funciΓ³n, podemos determinar que la figura al ser aceptada por el Tribunal puede llegar a fungir como un precedente, el cual puede ser retomado tanto a nivel nacional, asΓ como a nivel internacional, para asΓ con ello pretender dirimir de una mejor manera un asunto similar o bien para que Γ©ste sirva como complemento reforzador de una futura argumentaciΓ³n.
A travΓ©s de este instituto procesal se permite que terceros con interΓ©s en el thema decidendum, puedan acercar una opiniΓ³n al Tribunal, accediendo a una comunicaciΓ³n directa y transparente, logrando una posiciΓ³n superadora del nivel de discusiΓ³n habitual de cuestiones judiciales que de otro modo quedarΓan relegadas al hermetismo de la funciΓ³n jurisdiccional. Se ilumina el criterio judicial en materias que por su especificidad resultan de trascendencia social.
Esta vinculaciΓ³n entre la discusiΓ³n judicial de cuestiones de interΓ©s pΓΊblico y la posibilidad de que personas, grupos o instituciones interesadas en la proyecciΓ³n colectiva de las sentencias presenten sus respectivas opiniones al tribunal, no hace mΓ‘s que reforzar el aspecto participativo del carΓ‘cter republicano de gobierno.
Corresponde a los jueces, en su rol de controladores del proceso democrΓ‘tico, estimular la participaciΓ³n de los interesados en relativa igualdad de condiciones, permitiendo el debate centrado en valores y principios sociales intersubjetivos.
La participaciΓ³n ciudadana comprende aquel proceso mediante el cual se integra al ciudadano en la toma de decisiones, fiscalizaciΓ³n, control y ejecuciΓ³n de las acciones que afectan algΓΊn Γ‘mbito de la esfera pΓΊblica. Esta ampliaciΓ³n del marco de debate transforma la bΓΊsqueda de la justicia en una actividad colectiva creando consciencia social de responsabilidad en el contralor de la gestiΓ³n pΓΊblica.
Este mandato de democratizaciΓ³n, que proviene de la esfera privada hacia el espacio de lo pΓΊblico, encuentra apoyatura en el derecho constitucional de peticionar a las autoridades (art. 14), en la garantΓa del debido proceso legal (art. 18), en los derechos y garantΓas implΓcitos (art. 33), en la prohibiciΓ³n de toda limitaciΓ³n irrazonable al ejercicio de los derechos (art. 28) y, en la jerarquΓa Constitucional de Tratados Internacionales vinculados con los Derechos Humanos (art. 44 y 48 ConvenciΓ³n Americana de Derechos Humanos) 39.
Desde las organizaciones de la sociedad civil, se ha impulsado la implementaciΓ³n del "amicus curiae", ya que, "...coadyuvan a la Corte a brindar una mirada distinta de la problemΓ‘tica, realizando aportes de trascendencia para la sustanciaciΓ³n del proceso judicial, al permitir una amplia participaciΓ³n y la legitimaciΓ³n activa de asociaciones...40.
La figura de anΓ‘lisis reconoce variaciones, inserta en un proceso podemos indicarlo de la siguiente manera, primeramente debemos de seΓ±alar, tal y como lo establece AndrΓ©s Gil DomΓnguez1, que es mediante este perfeccionamiento de la figura, que las atribuciones de los juzgadores colaboradores o abogados del judex, se ven ampliadas, por lo cual estos dejan de ser unos simples auxiliares y empiezan a convertirse en ingerentes reales en la toma de decisiΓ³n. Es asΓ como, mediante esta asunciΓ³n, la figura empieza a desempeΓ±ar un papel de innovador jurΓdico, puesto que esta comienza a proporcionar a los juzgadores una serie de elementos de juicios actualizados, los cuales pretenden ampliar el margen de posibilidades decisorias, para asΓ poder obtener una mejor resoluciΓ³n.
Asimismo, podemos indicar que la figura se ha convertido a travΓ©s de sus presentantes, en un verdadero analista jurΓdico, puesto que es a raΓz de estas presentaciones en calidad de memorial, que se analiza, interpreta y por ende pretende aplicar de una manera correcta el derecho42.
Un denominador comΓΊn respecto de las causas en las que se recurre o bien es acogida la figura del amicus curiae, es el interΓ©s comΓΊn que subyace. El debate y la posterior resoluciΓ³n despierta un interΓ©s especial en la sociedad, tanto sea porque compromete valores Γ©ticos- morales, derechos fundamentales a la vida, principios y dilemas bioΓ©ticos, como son el derecho al aborto, la aplicaciΓ³n de la pastilla del dΓa despuΓ©s, el real y efectivo derecho a la muerte digna43.
Es un medio procesal que proporciona al juez una mayor cantidad de elementos posibles y al dictar sentencias las mismas serΓ‘n mΓ‘s justas o al menos mΓ‘s adecuadas a la situaciΓ³n que se estΓ‘ tratando, cuando el magistrado tiene dudas o se encuentra desacertado en materia de derecho. Los abogados en el tribunal actΓΊan frecuentemente en tal capacidad cuando sucede que conocen un precedente que el juez no ha visto o no recuerda en ese momento44.
Habitualmente se presentan amicus curiae en juicios en los cuales se puede incidir o afectar la vigencia o extensiΓ³n de algΓΊn derecho fundamental, debido al interΓ©s general que provocan en la sociedad este tipo de causas. Por ello, comΓΊnmente son presentados por importantes ONGs45 de defensa o promociΓ³n de los derechos humanos locales, nacionales o internacionales (como Human Rights Watch o AmnistΓa Internacional) y asociaciones no lucrativas de abogados, aunque tambiΓ©n son ocasionalmente presentadas por otro tipo de organizaciones de la sociedad civil46, fundaciones o corporaciones sin fines de lucro, o, incluso, por particulares.
Las presentaciones no requieren necesariamente ser de carΓ‘cter legal, pudiendo ofrecer otras perspectivas de Γndole histΓ³rica, econΓ³mica, psicolΓ³gica, sociolΓ³gica, etc., y a su vez que involucre temΓ‘ticas como el ambientalismo, pueblos originarios, el derecho a la salud sexual y reproductiva, no obstante tener alguna incidencia jurΓdica. Tal vez por esto, existen doctrinantes que consideran que los amicus curiae constituyen el instrumento por el cual los otros interesados (esto es, aquellos que no son parte o no firman los escritos principales) acceden a la justicia para hacer oΓr su voz y sus argumentos47.
El debate amplio, pΓΊblico, transparente y de calidad argumental que promete la cooperaciΓ³n de la sociedad a travΓ©s de los amicus curiae, concede probabilidades enormes de que el Poder Judicial paulatinamente vaya mejorando sus decisiones, emanando fallos loables que marquen por vez primera en nuestro medio los leading cases que jamΓ‘s hemos tenido oportunidad de apreciar cuando se ha resuelto un conflicto de derechos fundamentales o la constitucionalidad de una norma controversial.
f. Jurisprudencia Nacional y Convencional
En nuestro paΓs existen numerosos antecedentes jurisprudenciales en los que tribunales locales aceptaron la presentaciΓ³n de un escrito en carΓ‘cter de Amicus Curiae. A tΓtulo ilustrativo, cabe seΓ±alar: a) la causa en la que se investigaron los hechos ocurridos en el Γ‘mbito de la Escuela Superior de MecΓ‘nica de la Armada (ESMA), que tramitΓ³ ante la CΓ‘mara Federal en lo Criminal y Correccional de Capital Federal; b) la causa "Sterla, Silvia s/interrupciΓ³n de la prisiΓ³n preventiva" que tramitΓ³ por ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal de Capital Federal (1996), en cuya oportunidad se presentΓ³ el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para aportar argumentos, basados en el sistema de derecho internacional de los derechos humanos, atingentes a las condiciones de detenciΓ³n de las personas inmunocomprometidas debido a la portaciΓ³n del virus de inmunodeficiencia humana, enfatizando el carΓ‘cter restrictivo que, en casos como el mencionado, debe tener la prisiΓ³n preventiva; c) la causa "Bussi, Domingo s/recurso extraordinario" 48.
La Corte Suprema de Justicia se pronunciΓ³ en los autos "Juplast S.A."49, ocasiΓ³n en la cual afianzΓ³ el concepto de que la ΓΊnica finalidad del amicus es expresar una opiniΓ³n fundada sobre el objeto del litigio, y sostuvo que este recaudo no se cumple "...cuando la presentaciΓ³n tiene por objeto que la causa sea resuelta en un determinado sentido, con la finalidad de que se establezca asΓ un precedente aplicable a otros pleitos de anΓ‘loga naturaleza -iniciados o por promoverse- en los que los presentantes o sus representados sean parte o tengan un interΓ©s de carΓ‘cter pecuniario comprometido en su resultado. En el indicado supuesto, la existencia de tal interΓ©s determina la improcedencia de la intervenciΓ³n como Amigos del Tribunal de quienes lo tuvieren, pues resulta incompatible con la imparcialidad que debe guiar la actuaciΓ³n de Γ©stos".
Y en el Γ‘mbito del derecho internacional de los Derechos Humanos la figura del amicus curiae ha pasado a ocupar un lugar preponderante. En tal sentido, cada vez es mΓ‘s comΓΊn que se realicen presentaciones de este carΓ‘cter ante los diferentes Γ³rganos internacionales teniendo en cuenta el interΓ©s pΓΊblico que suscitan las causas que tramitan ante ellos.
La presentaciΓ³n de amicus curiae en los sistemas regionales de protecciΓ³n de los derechos humanos se ha transformado en una prΓ‘ctica muy usual. Las Organizaciones especializadas en temas que se debaten en procesos judiciales en el sistema de protecciΓ³n de derechos humanos en el continente americano se han presentado como "amigos del Tribunal" presentando escritos que puedan aportar elementos relevantes para la causa.
Existe gran cantidad de jurisprudencia de los diferentes organismos internacionales en los que ha sido admitida la presentaciΓ³n de amicus curiae. A modo de ejemplo, habremos de citar algunos casos en los que fue presentado un amicus ante la ComisiΓ³n Interamericana de Derechos Humanos.
En dicho orden, el caso "SaldaΓ±o c/Estados Unidos" (No 12.254), en el que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentΓ³ un amicus curiae ante la ComisiΓ³n Interamericana de Derechos Humanos con el fin de someter a consideraciΓ³n de dicho tribunal algunos argumentos de derecho internacional de los derechos humanos de relevancia para resolver el fondo del caso. EspecΓficamente vinculados con la prohibiciΓ³n de dictar una condena teniendo en cuenta pruebas basadas en prejuicios raciales. El 18 de abril de 2002 la ComisiΓ³n Interamericana se pronunciΓ³ a favor de la admisibilidad de la presentaciΓ³n realizada.
Otro ejemplo de presentaciΓ³n de amicus curiae ante la ComisiΓ³n Interamericana de Derechos Humanos es el caso de la AsociaciΓ³n de Comunidades AborΓgenes Lhaka Honhat (Nuestra Tierra/Our Land) vs. El Estado de Argentina, en donde el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) y el Center for International Environmental Law (CIEL) se presentaron como amicus curiae en el aΓ±o 200o. En esa oportunidad, se procurΓ³ proteger a la comunidad aborigen mediante medidas precautorias que mantengan el status quo hasta que la cuestiΓ³n de fondo se dilucidase50.
TambiΓ©n la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha aceptado estas presentaciones en reiteradas oportunidades. Como ejemplos, puede mencionarse en primer lugar el caso "Consuelo Benavides Cevallos c/Ecuador". AsΓ, la Corte Interamericana aceptΓ³ el amicus curiae, que con fecha 18 de diciembre de 1997, AmnistΓa Internacional presentΓ³. El organismo no gubernamental en su memorialalegΓ³ que por las particularidades del caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia sobre el fondo debΓa ahondar en las obligaciones de investigar e impartir justicia que le corresponde al Estado en virtud de su deber de garantΓa de los derechos humanos, el derecho a la verdad que le asiste a los familiares de las vΓctimas, y asimismo, abordar la problemΓ‘tica de la impunidad.
i.Defensor Del Pueblo (Ombudsman)
Para una primera aproximaciΓ³n a la cuestiΓ³n, podemos decir que nace en Suecia, en la Carta Fundamental de 1809.
En los aΓ±os posteriores a la Segunda Guerra Mundial, esta figura se generaliza debido a las demandas de formas democrΓ‘ticas mΓ‘s participativas en las decisiones y tambiΓ©n, para proteger al ciudadano ante las disfuncionalidades administrativas.
Con la sanciΓ³n de la ConstituciΓ³n EspaΓ±ola en 1978, se le otorga la funciΓ³n de defensa de los derechos fundamentales y se le asigna legitimaciΓ³n procesal para interponer recursos de inconstitucionalidad de la ley y de amparo ante el Tribunal constitucional.
Muchas Constituciones europeas han incorporado esta instituciΓ³n. Podemos citar a Dinamarca, Portugal, Francia e Italia, entre otras.
Las Constituciones latinoamericanas tambiΓ©n lo han hecho, aunque mΓ‘s tardΓamente al finalizar los aΓ±os ochenta y principios de los noventa, como por ejemplo, nuestro paΓs.
Del debate producido en la ConvenciΓ³n Nacional Constituyente, surge que el ordenamiento constitucional espaΓ±ol, fue el modelo seguido preferentemente para perfilar la figura en el sistema argentino, del cual se ha adoptado tambiΓ©n la denominaciΓ³n "Defensor del Pueblo".
En PerΓΊ, el Defensor del Pueblo resulta ser una InstituciΓ³n Constitucional AutΓ³noma que se encuentra separada del Ministerio PΓΊblico51, siendo sus funciones defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y la comunidad, como tambiΓ©n supervisar el cumplimiento de los deberes de la administraciΓ³n estatal y la prestaciΓ³n de los servicios pΓΊblicos de la ciudadanΓa.
La figura del Defensor del Pueblo en nuestro paΓs fue creada por la ley NΒ° 24.284 de 1993, modificada por la ley de 1994, adquiriendo jerarquΓa constitucional con la reforma efectuada a la ConstituciΓ³n en 1994. Lo primordial de esta recepciΓ³n, es la legitimaciΓ³n procesal que se le reconoce al Defensor del Pueblo (art. 86 y 43 de la CN.).
El artΓculo 86 de la ConstituciΓ³n Nacional, dispone que el Defensor del Pueblo es un Γ³rgano independiente con plena autonomΓa funcional que no recibe instrucciones de ninguna autoridad. Es designado y removido por el Congreso con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de cada una de las CΓ‘maras. Para el cumplimiento de sus funciones, goza de inmunidades y privilegios de los legisladores y su mandato tiene una duraciΓ³n de cinco aΓ±os en su cargo, pudiendo ser nuevamente designado por una sola vez.
Por su parte, el artΓculo 43 de la ConstituciΓ³n Nacional, legitima al Defensor del Pueblo a interponer acciΓ³n de amparo contra cualquier forma de discriminaciΓ³n y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, asΓ como a los derechos de incidencia colectiva en general.
En el orden provincial, encontramos a la ConstituciΓ³n de Salta, San LuΓs, CΓ³rdoba, La Rioja, San Juan, RΓo Negro, Formosa, entre otras, quienes la receptaron, como asΓ tambiΓ©n la Ciudad AutΓ³noma de Buenos Aires.
Dentro de sus facultades, puede iniciar y proseguir de oficio o a peticiΓ³n del interesado, cualquier investigaciΓ³n para el esclarecimiento de los actos, hechos u omisiones de la AdministraciΓ³n PΓΊblica Nacional y sus agentes que impliquen el ejercicio ilegΓtimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, gravemente inconveniente o inoportuno de sus funciones, incluyendo aquΓ©llos capaces de afectar los intereses difusos o colectivos.
TambiΓ©n puede formular advertencias, recomendaciones, recordatorios de sus deberes legales y funcionales y propuesta para la adopciΓ³n de nuevas medidas.
Debe prestar especial atenciΓ³n a los comportamientos que signifiquen una falla sistemΓ‘tica y general de la AdministraciΓ³n pΓΊblica y proponer los mecanismos que permitan eliminar o disminuir dicho carΓ‘cter.
Dentro de su competencia,quedan comprendidas las personas jurΓdicas pΓΊblicas no estatales que ejerzan prerrogativas pΓΊblicas y las privadas prestadoras de servicios pΓΊblicos, quedando excluidos el Poder Judicial, el Poder Legislativo, la Ciudad AutΓ³noma de Buenos Aires y organismos de defensa y de seguridad.
Todas las actuaciones presentadas ante el Defensor del Pueblo son gratis para el interesado y no se requiere la intervenciΓ³n de un letrado patrocinante.
Si se admite la queja, debe promover la investigaciΓ³n sumaria y dar cuenta de su contenido al organismo o entidad pertinente a fin de que, por intermedio de la autoridad responsable y en el plazo mΓ‘ximo de treinta dΓas, se remita un informe por escrito, debiendo comunicar al interesado el resultado de sus investigaciones y anualmente darΓ‘ cuenta a las CΓ‘maras de la labor desarrollada mediante un informe.
Debe rechazar las quejas cuando advierte mala fe, carencia de fundamentos, inexistencia de pretensiΓ³n, o cuando respecto de la cuestiΓ³n planteada se encuentre pendiente resoluciΓ³n administrativa o judicial.
Su intervenciΓ³n se suspende, cuando iniciada la actuaciΓ³n, se interpusiere por persona interesada recurso administrativo o actuaciΓ³n judicial.
Todo aquel que impida la efectivizaciΓ³n de una denuncia u obstaculice las investigaciones, incurre en el delito de desobediencia., debiendo dar traslado de los antecedentes al Ministerio PΓΊblico Fiscal, a los fines de las acciones pertinentes.
Cesa en sus funciones por: renuncia, vencimiento del plazo de su mandato, incapacidad sobreviviente, por haber sido condenado mediante sentencia firme por delito doloso, por notoria negligencia en el cumplimiento de los deberes del cargo o por haber incurrido en la situaciΓ³n de incompatibilidades2.
A la luz de lo expuesto, es importante destacar, que esta instituciΓ³n como nueva modalidad de control, se va afianzado paulatinamente en nuestro paΓs a raΓz de la reforma introducida a la ConstituciΓ³n en 1994 y en beneficio del ciudadano comΓΊn.-
En la prΓ‘ctica, luego de varios fallos donde se limitΓ³ la legitimaciΓ³n del Defensor del Pueblo, la Corte Suprema, el 24/05/2005 en los autos "Defensor del Pueblo de la NaciΓ³n c/Poder Ejecutivo Nacional y otro"53, cambiΓ³ de actitud en lo relativo a la legitimaciΓ³n procesal54.
AllΓ establece el MΓ‘ximo Tribunal, que el artΓculo 86 de la ConstituciΓ³n Nacional, al establecer que el Defensor del Pueblo tiene legitimaciΓ³n procesal, no ha querido otorgarle solamente la legitimaciΓ³n procesal que establece el artΓculo 43 para interponer acciΓ³n de amparo. Si se piensa que la acciΓ³n de amparo es la ΓΊnica tutela a la que puede acudir el Defensor del Pueblo, pero Γ©sta, a su vez no es la vΓa apta para resolver el conflicto, serΓa letra muerta la legitimaciΓ³n procesal que dispone el artΓculo 86, el cual, como ha quedado redactado, no la limita ni restringe.
La intervenciΓ³n del Defensor del Pueblo para iniciar acciones judiciales ha sido expresamente reconocida para promover acciones en ejercicio de sus funciones, en todo aquello que hace a su competencia, tanto en el Γ‘mbito nacional como ante Γ³rganos o Tribunales internacionales.
b) Tipos o Clases de AcciΓ³n o Recurso
i. AcciΓ³n Popular
De una interpretaciΓ³n fugaz podemos decir, errΓ³neamente, que las Acciones Populares son todas aquellas iniciadas por el pueblo en su conjunto, pero lo cierto es que pueden ser iniciadas por cualquier persona (no necesariamente por un conjunto de personas), pero con un objetivo claro de protecciΓ³n general y no particular del individuo. En otras palabras, lo popular de la acciΓ³n no estΓ‘ en la cantidad de personas que la inician, sino en su protecciΓ³n general.
Ello asΓ, las Acciones Populares reciben este nombre porque puede ser interpuesta por "cualquiera persona" en nombre del pueblo mismo, o sea, sin necesidad de que el actor alegue a su favor un derecho o interΓ©s propio que considere lesionado. Es un ejemplo generoso de legitimaciΓ³n procesal activa. Tal es asΓ ello, que si en la AcciΓ³n Popular se determina algΓΊn derecho vulnerado particular de quien lo iniciara,dejarΓa de ser tal para transformarse en una acciΓ³n individual.
Si bien en el Γ‘mbito federal no aparecen expresamente mencionadas las Acciones Populares, su reclamo podrΓa ser viable de dos modos diferentes: a) como garantΓa implΓcita (artΓculo 33 de la CN) o b) amparo colectivo (artΓculo 43 pΓ‘rrafo segundo de la
CN). En primer caso, resulta plenamente utilizable el art. 33 de la ConstituciΓ³n Nacional56, pues alΓ no sΓ³lo se mencionan los derechos implΓcitos, sino tambiΓ©n las garantΓas implΓcitas nacidas del principio de la soberanΓa del pueblo y de la forma republicana de gobierno. En el segundo caso, si tenemos en cuenta las premisas anteriormente dadas y la apertura del art. 43, inc. de la ConstituciΓ³n Nacional, podrΓa utilizarse el amparo colectivo para la protecciΓ³n de los derechos de incidencia colectiva en general o particular (ambiente, usuarios y consumidor, competencia y discriminaciΓ³n).
Una de las tΓpicas acciones reguladas en el Γ‘mbito provincial y de la ciudad de Buenos Aires, es la acciΓ³n de inconstitucionalidad, o acciΓ³n directa de Inconstitucionalidad. Cuando se las inicia como acciones de inconstitucionalidad, se viabiliza el planteo de cuestiones constitucionales y, con ese alcance, operan para defensa de la supremacΓa constitucional y de todo el contenido contextual de la ConstituciΓ³n. Por eso podemos afirmar que cuando cualquier persona queda habilitada para deducir acciΓ³n popular de inconstitucionalidad en el Γ‘rea completa de la ConstituciΓ³n, y no sΓ³lo en la de los derechos, la holgura del control se maximiza.
Consiste en aceptar la legitimaciΓ³n procesal activa en cabeza de cualquier ciudadano para cuestionar judicialmente la constitucionalidad o legitimidad de los actos de alguno de los poderes polΓticos del Estado (excluyendo el Poder Judicial), aunque no se vea afectado directamente un derecho subjetivo del actor. Se trata en este caso de la protecciΓ³n judicial de los intereses difusos.
ii.ApelaciΓ³n Popular por Sentencia
Es un procedimiento que consiste en someter a la decisiΓ³n de un cuerpo electoral una sentencia judicial que declara la inconstitucionalidad de una ley, decreto, etc.
Dicho mΓ©todo fue propuesto por Teodoro Roosevelt durante su campaΓ±a electoral en 1912 y poco tiempo despuΓ©s fue adoptado por la ConstituciΓ³n del Estado de Colorado, en donde se establece que el de los ciudadanos inscriptos en el padrΓ³n electoral pueden solicitar que se someta a un referendum una ley (o decreto) que haya sido declarada inconstitucional por una sentencia de la Corte Suprema de Justicia estatal.
VI. La Participacion Ciudadana en el Poder EjEcutivo
Si decimos que la participaciΓ³n ciudadana se encuentra regulada por todos los poderes del Estado, no debemos dejar de analizarlo en el Poder Ejecutivo.
La ConstituciΓ³n Nacional garantiza el principio de publicidad de los actos de Gobierno y el derecho de acceso a la informaciΓ³n pΓΊblica a travΓ©s de los artΓculos 1Β°, 33, 41, 42 y concordantes del CapΓtulo Segundo - que establece nuevos Derechos y GarantΓas- y del artΓculo 75 inciso 22, que incorpora con jerarquΓa constitucional diversos Tratados Internacionales.
Decimos tambiΓ©n que constituye un objetivo de la administraciΓ³n, fortalecer la relaciΓ³n entre el Estado y la Sociedad Civil, en el convencimiento de que esta alianza estratΓ©gica es imprescindible para concretar las reformas institucionales necesarias para desarrollar una democracia legΓtima, transparente y eficiente.
QuizΓ‘s un punto de partida para ello, lo tenemos en el Decreto 1172/03, de diciembre de 2003, a travΓ©s del cual se aprueban herramientas institucionales que promueven la participaciΓ³n ciudadana y el ejercicio del derecho de acceso a la informaciΓ³n pΓΊblica, dentro del Poder Ejecutivo Nacional. Entre ellas se encuentran:
- Acceso a la InformaciΓ³n PΓΊblica
- Publicidad de la GestiΓ³n de Intereses
- Audiencias PΓΊblicas
- ElaboraciΓ³n Participativa de Normas respecto de las dos primeras. La autoridad de aplicaciΓ³n es la SubsecretarΓa para la Reforma Institucional y Fortalecimientode la Democracia de la Jefatura de Gabinete de Ministros (SSRlyFD), mientras que la Oficina AnticorrupciΓ³n (OA) es el organismo encargado de tramitar lasdenuncias por su incumplimiento. Ambas desempeΓ±an el rol de Organismos Coordinadores.
La Audiencia PΓΊblica habilita la participaciΓ³n ciudadana en el proceso de toma de decisiones a travΓ©s de un espacio institucional en el que todos aquellos que puedan sentirse afectados, manifiesten su conocimiento o experiencia y presenten su perspectiva individual, grupal o colectiva respecto de la decisiΓ³n a adoptarse. Dichas opiniones -no obstante su carΓ‘cter no vinculante- deben ser consideradas adecuadamente, estableciΓ©ndose la obligaciΓ³n de la autoridad de fundamentar sus desestimaciones.
La publicidad de la GestiΓ³n de Intereses es necesaria a efectos de que se conozcan los encuentros que mantienen con funcionarios pΓΊblicos las personas que representan un interΓ©s determinado, asΓ como el objetivo de estos encuentros, para que grupos sociales interesados, ya sean empresariales, profesionales o ciudadanos en general, puedan acceder a tal informaciΓ³n.
A su vez, la ElaboraciΓ³n Participativa de Normas es un procedimiento que, a travΓ©s de consultas no vinculantes, involucra a sectores interesados y a la ciudadanΓa en general en la elaboraciΓ³n de normas administrativas y de proyectos de ley para ser elevados por el Poder Ejecutivo Nacional al Honorable Congreso de la NaciΓ³n, cuando las caracterΓsticas del caso - respecto de su viabilidad y oportunidad- asΓ lo impongan.
El derecho de Acceso a la InformaciΓ³n PΓΊblica es un prerrequisito de la participaciΓ³n que permite controlar la corrupciΓ³n, optimizar la eficiencia de las instancias gubernamentales y mejorar la calidad de vida de las personas al darle a Γ©stas la posibilidad de conocer los contenidos de las decisiones que se toman dΓa a dΓa para ayudar a definir y sustentar lo propΓ³sitos para una mejor comunidad.
Las Reuniones Abiertas de los Entes Reguladores de los Servicios PΓΊblicos han de permitir poner fin a uno de los reductos del secreto que suele encubrir corrupciΓ³n o arbitrariedad en decisiones que afectan y, frecuentemente, perjudican a los usuarios. La presencia como oyente en la reuniΓ³n permitirΓ‘, a quien estΓ© interesado, conocer las opiniones que cada uno de los miembros del Γrgano de DirecciΓ³n adopta frente a las cuestiones que deben tratarse.
A efectos de institucionalizar los instrumentos de las Audiencias PΓΊblicas, el Registro de la GestiΓ³n de Intereses, la ElaboraciΓ³n Participativa de Normas, el Libre Acceso a la InformaciΓ³n PΓΊblica y las Reuniones Abiertas, se hace necesario establecer, para cada uno de ellos, un procedimiento comΓΊn al universo de organismos, entidades, empresas, sociedades, dependencias y todo otro ente que funcione en jurisdicciΓ³n del Poder Ejecutivo Nacional.
a) Audiencia Publica
SegΓΊn el artΓculo 3 del Decreto 1172/2003, la Audiencia PΓΊblica constituye una instancia de participaciΓ³n en el proceso de toma de decisiΓ³n, en la cual la autoridad responsable habilita a la ciudadanΓa un espacio institucional para que todo aquΓ©l que pueda verse afectado o tenga un interΓ©s particular o general, exprese su opiniΓ³n.
La finalidad de la Audiencia PΓΊblica es permitir y promover una efectiva participaciΓ³n ciudadana y confrontar de forma transparente y pΓΊblica las distintas opiniones, propuestas, experiencias, conocimientos e informaciones existentes sobre las cuestiones puestas en consulta (artΓculo 4 del Decreto 1172/2003.
El procedimiento de Audiencia PΓΊblica debe garantizar el respeto de los principios de igualdad, publicidad, oralidad, informalidad y gratuidad (artΓculo 5 del mentado decreto).
SegΓΊn el artΓculo 6 del decreto mencionado, las opiniones y propuestas vertidas por los participantes en la Audiencia PΓΊblica no tienen carΓ‘cter vinculante.
El Γ‘rea a cargo de las decisiones relativas al objeto de la Audiencia PΓΊblica es la Autoridad Convocante. La mΓ‘xima autoridad de dicha Γ‘rea convoca mediante acto administrativo expreso y preside la Audiencia PΓΊblica, pudiendo delegar tal responsabilidad en un funcionario competente en razΓ³n del objeto de esta.
La implementaciΓ³n y organizaciΓ³n general de la Audiencia PΓΊblica son llevadas a cabo por un Γ‘rea dependiente de la Autoridad Convocante y designada por Γ©sta para cada Audiencia PΓΊblica especΓfica.
Toda persona fΓsica o jurΓdica, pΓΊblica o privada, puede solicitar mediante presentaciΓ³n fundada ante la Autoridad Convocante, la realizaciΓ³n de una Audiencia PΓΊblica.
La Autoridad Convocante debe expedirse sobre tal requerimiento en un plazo no mayor a TREINTA (30) dΓas, mediante acto administrativo fundado, el que debe ser notificado al solicitante por medio fehaciente (art. 10 del mencionado decreto).
Puede ser participante toda persona fΓsica o jurΓdica, pΓΊblica o privada, que invoque un derecho o interΓ©s simple, difuso o de incidencia colectiva, relacionado con la temΓ‘tica de la Audiencia PΓΊblica.
Las personas jurΓdicas participan por medio de sus representantes, acreditando personerΓa mediante el instrumento legal correspondiente debidamente certificado- admitiΓ©ndose la intervenciΓ³n de un solo orador en su nombre.
Los participantes pueden actuar en forma personal.
El artΓculo 6 del decreto, establece que las opiniones y propuestas vertidas por los participantes en la Audiencia PΓΊblica no tienen carΓ‘cter vinculante.
El Γ‘rea a cargo de las decisiones relativas al objeto de la Audiencia PΓΊblica es la Autoridad Convocante. La mΓ‘xima autoridad de dicha Γ‘rea convoca mediante acto administrativo expreso y preside la Audiencia PΓΊblica, pudiendo delegar tal responsabilidad en un funcionario competente en razΓ³n del objeto de esta.
b) Acceso a la InformaciΓ³n PΓΊblica
En tΓ©rminos generales, implica que toda persona tiene derecho a acceder de manera completa, adecuada, oportuna y veraz a la informaciΓ³n creada u obtenida por el Estado o que obre en su poder o bajo su control.
El derecho de acceso a la informaciΓ³n pΓΊblica estΓ‘ regulado por el Reglamento General del Acceso a la InformaciΓ³n PΓΊblica para el Poder Ejecutivo aprobado por el Decreto NΒ° ' 1172/2003. Su autoridad de aplicaciΓ³n es la SubsecretarΓa para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
VII. Circulo Virtuoso DeL Poder
Como sΓntesis de loya explicado en el contexto de un Estado Federal, cabe seΓ±alar que la soberanΓa que originariamente reside en el pueblo se va delegando primeramente en soberanΓas provinciales. A su vez Γ©stas se vertebran en la representaciΓ³n elegida en cada provincia que, en virtud de pactos preexistentes, van a constituir el Poder Constituyente Originario Federal y asΓ establecer una ConstituciΓ³n, lo cual aconteciΓ³ en nuestro paΓs en el ciclo 1853-1860.
Un PreΓ‘mbulo en el que se fijan los fines del Estado precede el articulado de la ley suprema, que en sΓ contiene sustancialmente dos partes: un capΓtulo destinado a la enumeraciΓ³n de los derechos, principios y garantΓas fundamentales y otro destinado a fijar las potestades (y los lΓmites) de cada Γ³rgano Estatal (Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial). Se configura asΓ un verdadero Estado de Derecho constitucional caracterizado por la sumisiΓ³n de dichas autoridades al plexo normativo de base. Pero este esquema no es fijo ni estΓ‘tico, sino dinΓ‘mico y estΓ‘ sujeto a procesos de reversiΓ³n de la soberanΓa delegada al propio pueblo que es su titular permanente.
Estos procesos pueden manifestarse de dos formas: un primer modo que se ha dado en la historia es a travΓ©s de las revoluciones jurΓdicos-polΓticas que implican un quebrantamiento del orden institucional anterior. Es por ejemplo lo que sucediΓ³ de mayo de 1810, en donde tal como explica la teorΓa Suareciana57 del Pacto PolΓtico, "desaparecida la legitima autoridad el poder vuelve a la comunidad".
Otros acontecimientos similares fueron la RevoluciΓ³n Norteamericana de 1776, la RevoluciΓ³n Francesa de 1789 y la RevoluciΓ³n Rusa de 1917. La segunda forma puede darse a travΓ©s de mecanismos de Γndole evolutivo, como son las reformas Constitucionales. Ejemplo de ello es lo acontecido con los instrumentos de participaciΓ³n ideados por los artΓculos 39 y 40 de nuestra ConstituciΓ³n agregados en la reforma de 1994. En estos ΓΊltimos casos el Poder Constituyente Derivado inicia un proceso de "delegaciΓ³n" (mΓ‘s propiamente denominado en inglΓ©s"devolution") al cuerpo electoral para que Γ©ste se involucre con mayor presencia en los asuntos pΓΊblicos, mΓ‘s allΓ‘ de la democracia representativa existente.
Si bien estos elementos de la llamada "democracia semidirecta" se encuentran previstos en la normativa constitucional precitada, y el Congreso ya lo ha reglamentado a travΓ©s de leyes regulatorias, no tenemos en estos once (11) aΓ±os un adecuado desarrollo en el plano de las conductas sociales, transformΓ‘ndose, por el momento, en simples expresiones de deseos, o en promesas de participaciΓ³n que requerirΓ‘n ineludiblemente, de educaciΓ³n y Γ©tica ciudadanas para su definitiva consolidaciΓ³n.
Esquema del circuito

VIII. A Modo de Reflexion Final
A lo largo de la historia, la participaciΓ³n del pueblo cumplΓa una funciΓ³n esencial en las decisiones de gobierno para caer luego abruptamente en un descrΓ©dito total, al lΓmite que PlatΓ³n preferΓa el gobierno MonΓ‘rquico y no la democracia, o la que Polibio llamΓ³oclocracia, gobierno de la plebe o de las masas, como forma de degeneraciΓ³n de la democracia.
SΓ³crates por su parte, no estaba muy de acuerdo con la democracia popular, porque esa no era tarea de personas improvisadas sino de una elite intelectual adecuada para tomar decisiones, es decir, era partidario de un gobierno aristocrΓ‘tico intelectual de los mejores y mΓ‘s preparados para conducir la polis.
Su enseΓ±anza se basaba en lo Γ©tico, y en la creencia de una comprensiΓ³n objetiva de los conceptos de justicia, amor y virtud y el conocimiento de uno mismo. CreΓa que todo vicio era el resultado de la ignorancia. Es decir, toda persona Γ©tica buscaba en los valores humanos su objetivo primordial y no caer en la ignorancia, principalmente, en sus decisiones.
Por todo ello los ciudadanos deberΓamos actuar en la cosa pΓΊblica segΓΊn la Γtica SocrΓ‘tica, y de acuerdo con el gobierno mixto de Polibio donde el pueblo controla al rey (o presidente) y al pueblo lo controla la ley. SegΓΊn dicho autor, el pueblo no debΓa caer en la soberbia y el desprecio por las leyes, ya que, con el tiempo se llegarΓa a una oclocraciao gobierno de una muchedumbre. Y para solucionar ese desorden devendrΓa un gobierno autoritario y tirano. Este es el ciclo que tenemos que evitar, con Γ©tica y respeto al bien general.
La democracia no debe basarse puramente en premisas formales. El nominalismo constitucional (bien denunciado por Loewenstein) hace caer en el vacΓo fΓ³rmulas muy bellas literariamente, pero con poco o nulo anclaje en la realidad, como desgraciadamente ha ocurrido en muchas partes de AmΓ©rica Latina, Asia y Γfrica.
Hoy la democracia debe concebirse en tΓ©rminos de participaciΓ³n y de control ciudadanos. Y nada mejor en esta bΓΊsqueda que recurrir a algunos clΓ‘sicos, quienes nos enseΓ±an imperecederamente que la contienda polΓtica debe estar enmarcada en la ley, en la razΓ³n y en la naturaleza de las cosas.
Por definiciΓ³n, todo rΓ©gimen polΓtico entraΓ±a participaciΓ³n, es decir, es un quehacer mancomunado de los que mandan y de los que obedecen58. Y en las ΓΊltimas dΓ©cadas la ciencia polΓtica estudiΓ³ el "proceso de participaciΓ³n", lo cual equivale a examinar "la apertura o la socializaciΓ³n del proceso de poder"59.
Ahora bien, las sociedades modernas experimentan sustanciales procesos de transformaciΓ³n social. Estas modificaciones dieron lugar a la apariciΓ³n de nuevas formas de producciΓ³n y organizaciΓ³n del trabajo, estructuras de poder, formas de comunicaciΓ³n social, sistemas de estratificaciΓ³n social, realidades econΓ³micas y polΓticas de carΓ‘cter supranacional, culturas cΓvicas, protagonistas sociales y polΓticos, y programas sociopolΓticos para combatir flagelos, tales como el desempleo estructural, marginal, social, y la decadencia urbana.
Es por este motivo que una de las soluciones posibles la encontramos en un instrumento novedoso que muchos lugares del mundo comenzaron a implementar: un derecho constitucional con mayor injerencia del poder soberano del pueblo, denominado "democracia semidirecta o participativa".
En nuestro paΓs este proceso participativo se iniciΓ³ en las provincias. Los primeros intentos de incorporaciΓ³n fueron en la ConstituciΓ³n de Mendoza de 1916, la de Buenos Aires de 1934, la de CΓ³rdoba de 1923 y de Entre RΓos de 1933; estas dos ΓΊltimas Constituciones preveΓan la posibilidad de que la legislaciΓ³n municipal otorgara los derechos de iniciativa, referΓ©ndum y destituciΓ³n de funcionarios electivos.
Luego se encuentra regulado en los referΓ©ndums vinculantes y los no vinculantes, ambos presentes en quince provincias; seguidos por los dos tipos obligatorios incluidos en diez provincias61. TambiΓ©n se encuentran en forma obligatorita en nueve provincias para reformar o enmendar Constituciones. En diez provincias existen en temas especΓficos que, por lo general, implican el cambio de lΓmites geogrΓ‘ficos -anexiΓ³n o segregaciΓ³n- y la fusiΓ³n de municipios. En segundo lugar, se observa que un buen nΓΊmero de provincias, siete en total, incluyen la revocatoria de mandato. Las iniciativas legislativas (derecho de peticiΓ³n) cuentan con una fuerte presencia a nivel provincial al encontrarse en diecisiete provincias; mientras que sΓ³lo dos provincias otorgan a la ciudadanΓa la posibilidad de derogar una ley mediante este mecanismo. La provincia de RΓo Negro permite tambiΓ©n la derogaciΓ³n de leyes, pero a travΓ©s de un mecanismo distinto que no se basa en una peticiΓ³n al Poder Legislativo sino en la junta de firmas para habilitar un referΓ©ndum vinculante y obligatorio en el cual la ciudadanΓa debe decidir directamente sobre la derogaciΓ³n o no de ley en cuestiΓ³n.
Hace algunos aΓ±os, la provincia de CΓ³rdoba experimentΓ³ la realizaciΓ³n de una Consulta Popular en donde se consultaba al pueblo sobre la necesidad de realizar una reforma en su ConstituciΓ³n para establecer un sistema unicameral de sΓ³lo 70 legisladores, en reemplazo de los 133 de ambas CΓ‘maras. La consulta obtuvo el voto afirmativo, y la CΓ‘mara de Diputados sancionΓ³ la ley que declarΓ³ la necesidad de reformar la ConstituciΓ³n provincial.
Si bien el espΓritu y la letra de la ConstituciΓ³n de 1994 apuntan claramente a la prevenciΓ³n del uso de este mecanismo por circunstancias coyunturales (la precauciΓ³n de no permitir la votaciΓ³n simultΓ‘nea con las elecciones a cargos pΓΊblicos es un claro indicio de ello), el caso cordobΓ©s y algunos otros intentos mΓ‘s muestran que muchas veces el interΓ©s polΓtico es el predominante a la hora de decidir la apelaciΓ³n al pueblo.
En 1984 se dio el mΓ‘s importante y decisivo antecedente de Consulta Popular que registra nuestro paΓs. AllΓ, un Tratado de lΓmites fue sometido a la opiniΓ³n popular. No se hizo menoscabo en ningΓΊn momento de las atribuciones del Congreso, que siempre conservΓ³ su facultad de rechazar el acuerdo, pero el peso del resultado electoral inclinΓ³ la balanza hacia la aprobaciΓ³n del Tratado. Debe recordarse que la votaciΓ³n final del Senado fue de un estrechΓsimo 23 a 22 (1 abstenciΓ³n) a favor del acuerdo.
Esta decisiva Consulta Popular fue convocada 10 aΓ±os antes de la reforma constitucional que incorporΓ³ el mecanismo de manera explΓcita en la Carta Magna. Como se ve reiteradamente en este capΓtulo, el consenso de muchos constitucionalistas ya era que este tipo de Consulta no vinculante se hallaba implΓcito en la ConstituciΓ³n de 1853, lo que confirmΓ³ el Poder Judicial a travΓ©s de los fallos Baeza y Fonrouge63. Entonces cabe preguntarse: ΒΏera necesaria la incorporaciΓ³n explΓcita de la Consulta Popular en el texto constitucional? ΒΏQuΓ© es lo que falta, luego de la reforma, para que se convierta en un instrumento de uso comΓΊn en la vida del paΓs?
Respecto a la primera pregunta, la definiciΓ³n de la Consulta Popular, especialmente la de aquella de carΓ‘cter vinculante, probablemente fuese necesaria, ya que darΓa lugar a su reglamentaciΓ³n y acabarΓa con las ambigΓΌedades que siempre supone la interpretaciΓ³n de lo que estΓ‘ implΓcito en la ConstituciΓ³n. Si se logrΓ³ el objetivo, es materia de discusiΓ³n. La Ley NΒ° 25.432 es muy clara en todo lo que hace a los mecanismos formales de la Consulta Popular, pero no tanto en lo que hace a los motivos de la convocatoria. La Ley habla de "todo asunto de interΓ©s general de la NaciΓ³n" en la Consulta no Vinculante, y de "todo proyecto de ley" en la versiΓ³n vinculante del mecanismo. Posiblemente, en un paΓs de larga trayectoria en lo que a formas plebiscitarias se refiere, como Suiza, no habrΓa dudas respecto a quΓ© asuntos son "de interΓ©s nacional" o quΓ© "proyectos de ley" pueden consultarse al pueblo; pero en Argentina, paΓs con escasa tradiciΓ³n en este aspecto, esos tΓ©rminos son demasiado vagos. Una pregunta formulada de manera suspicaz podrΓa incluso saltar la barrera que impide emplear este mecanismo en "proyectos de ley cuya sanciΓ³n estΓ© especialmente reglada por la ConstituciΓ³n". AsΓ se abre una peligrosa puerta al uso de la Consulta Popular como un medio de convalidaciΓ³n de la actuaciΓ³n polΓtica de un determinado gobernante, o de presiΓ³n sobre el Congreso, con el subsiguiente peligro del principio de divisiΓ³n de poderes. La ley deberΓa haber mencionado de manera especΓfica quΓ© materias serΓan sometidas a Consulta Popular.
Estas reflexiones llevan a una posible respuesta a la segunda pregunta (ΒΏquΓ© falta...?). Falta tradiciΓ³n, que muchas veces va mΓ‘s allΓ‘ de la jurisprudencia o la interpretaciΓ³n de la Ley. En el fallo Fonrouge vemos una serie de idas y venidas judiciales en las sucesivas instancias, sΓntoma de dudas que bien podrΓan repetirse en alguna Consulta Popular futura, pese a la nueva ConstituciΓ³n. Pero sobre todo falta establecer finalmente el lugar que las formas de democracia directa o semidirecta tendrΓ‘n en nuestro paΓs, donde hasta ahora la democracia indirecta ha sido la norma casi absoluta.
Al respecto, no podemos dejar pasar por alto que, tanto en la ConstituciΓ³n Argentina como en sus normas reglamentarias, el ΓΊnico poder no habilitado para efectuar consultas es el Poder Judicial, debido a que Γ©ste tiene la competencia excluyente y exclusiva en materia de dictado de sentencias y tambiΓ©n de control de constitucionalidad, por eso sus decisiones no pueden ser sometidas a consulta popular.
En una repΓΊblica democrΓ‘tica todos los poderes deberΓan estar sometidos a una Consulta Popular, aΓΊn el Poder Judicial, pero con los siguientes requisitos: voluntariedad, facultatividad y sΓ³lo en casos de gravedad institucional.
La voluntariedad estΓ‘ dada en que el ΓΊnico Γ³rgano habilitado para desarrollarla serΓa el mismo Poder Judicial, porque de otro modo se estarΓa poniendo en peligro la intervenciΓ³n de los otros poderes en la decisiΓ³n de causas con estricto tratamiento jurisdiccional. En referencia a lo facultativo, Γ©sta por sus caracterΓsticas especiales tendrΓa carΓ‘cter de no vinculante y podrΓa ser utilizada para darle fuerza a una decisiΓ³n judicial por significativa o para conocer la opiniΓ³n de la ciudadanΓa. Con relaciΓ³n a la gravedad institucional significa que la resoluciΓ³n de la causa tendrΓa que afectar alguna cuestiΓ³n mΓ‘s allΓ‘ del mero interΓ©s de las partes y enfocarse hacΓa un interΓ©s general.
A modo de cierre de este capΓtulo, es importante destacar que el mecanismo de la Consulta Popular en algunos casos permite, segΓΊn nuestra opiniΓ³n, revestir el carΓ‘cter de un llamado de atenciΓ³n a las autoridades instituidas, a la vez un rechazo a las posturas de las cΓΊpulas partidarias y darle mΓ‘s valor a la soberanΓa popular, el ΓΊnico poder supremo en una naciΓ³n.
Al margen de estos comentarios positivos, debemos alertar que existen algunos peligros con la aplicaciΓ³n de este Instituto, y nos referimos a los medios masivos de comunicaciΓ³n corporativa y globalizada que pueden inducir a la opiniΓ³n pΓΊblica a la toma de decisiones errΓ³neas o incorrectas, contrarias al interΓ©s general de la ciudadanΓa.
La inducciΓ³n negativa de la que hablamos tendrΓa su origen en, por ejemplo, una informaciΓ³n filtrada o incompleta, que harΓa caer a los sufragantes en decisiones atentatorias al bienestar general, impidiendo asΓ una opiniΓ³n libre e independiente. Creemos necesario que, por parte del Estado, se ejerza un estricto control indelegable, de la informaciΓ³n suministrada al electorado, ΓΊnica posibilidad de que una Consulta Popular cumpla con los fines previstos en la ConstituciΓ³n Nacional y su Ley Reglamentaria. Todo ello en salvaguarda de los intereses de la democracia, evitΓ‘ndose asΓ la manipulaciΓ³n de los polΓticos de turno o conglomerados de poder polΓtico y econΓ³mico.
Γste es el ΓΊnico camino para robustecer el mΓ‘s eficaz sistema de gobierno -la repΓΊblica democrΓ‘ticaque necesita que madure y crezca en el espΓritu popular, ya que, nosotros los ciudadanos debemos ser los guardianes de los fines del Estado y no simplemente espectadores, ya que no se puede exigir aquello que nosotros no hemos cumplido.
La democracia participativa en nuestro paΓs es limitada, al tener ciertos condicionamientos como, por ejemplo: no podrΓ‘ haber Iniciativa Popular en temas referidos a reforma Constitucional, Tratados internacionales, tributos, presupuestos y materia penal. La ley reglamentaria de Iniciativa Popular no exigirΓ‘ mΓ‘s del tres por ciento del padrΓ³n electoral con una adecuada distribuciΓ³n territorial para suscribirla.
Por otro lado, tenemos los presupuestos participativos, que son mecanismos sencillos que permiten la participaciΓ³n del pueblo en la elaboraciΓ³n y el diseΓ±o de los presupuestos pΓΊblicos, a travΓ©s de la realizaciΓ³n de distintas rondas de consultas.
Hoy en dΓa la participaciΓ³n constitucional se revela de variadas formas, con actuaciΓ³n ante los tres poderes del Estado. Existe un fuerte movimiento hacia el rΓ©gimen de audiencias pΓΊblicas en sede administrativa; el derecho a recibir informaciΓ³n veraz y adecuada, y el acceso a una tutela judicial efectiva, incluyendo la intervenciΓ³n de los "amigos del tribunal" (amicus curiae).
Desde lo estrictamente normativoconstitucional, el artΓculo 42 expresamente reconoce el valor de las asociaciones de consumidores, y el artΓculo 43, segundo pΓ‘rrafo, concede legitimaciΓ³n a las organizaciones no gubernamentales para deducir la acciΓ³n de amparo colectivo.
En este tipo de acciones existen organismos que participan con mucha eficacia, entre ellos podemos mencionar a las ONG, Asociaciones Civiles sin fines de lucro y, el Defensor del Pueblo. Ello se puede desarrollar a travΓ©s de una participaciΓ³n directa o como amicus curiae. En este ΓΊltimo vemos como un provechoso instrumento destinado, entre otros objetivos, a permitir la participaciΓ³n ciudadana en la administraciΓ³n de justicia, el Tribunal considera apropiado que, en las causas en trΓ‘mite ante sus estrados y en que se ventilen asuntos de trascendencia institucional o que resulten de interΓ©s pΓΊblico...Que, en efecto, en el marco de las controversias cuya resoluciΓ³n por esta Corte genere un interΓ©s que trascienda al de las partes y se proyecte sobre la comunidad o ciertos sectores o grupos de ella, a fin de resguardar el mΓ‘s amplio debate como garantΓa esencial del sistema republicano democrΓ‘tico"64.
Por otra parte, el Defensor del Pueblo tiene un rol muy importante y su funciΓ³n es defender y proteger los derechos humanos y demΓ‘s derechos, garantΓas e intereses tutelados por la ConstituciΓ³n Nacional y las leyes, ademΓ‘s del control del ejercicio de las funciones administrativas pΓΊblicas.
Algunos autores se muestran escΓ©pticos acerca de estos instrumentos. Sartori, por ejemplo, seΓ±ala que "la democracia 'en grande' ya no puede ser mΓ‘s que una democracia representativa que separa la titularidad del ejercicio para despuΓ©s vincularla por medio de los mecanismos representativos de la transmisiΓ³n del poder. El que se aΓ±adan algunas instituciones de democracia directa -como el referΓ©ndum y la iniciativa legislativa popular- no obsta para que las nuestras sean democracias indirectas gobernadas por representantes"65. Empero, estas corrientes olvidan el descrΓ©dito en que puede caer la "clase polΓtica" y la necesidad de aires nuevos dentro de la institucionalidad.